Para otorgar máxima prioridad a los problemas de la Sierra Tarahumara, el próximo gobierno abrirá mesas de trabajo entre funcionarios de diversas secretarías con las comunidades indígenas de Chihuahua, así como con miembros de la Red en Defensa de Territorios Indígenas de la Sierra Tarahumara.
Se atenderán reclamos ancestrales como el reconocimiento de la propiedad de los territorios indígenas, tala ilegal e inmoderada de bosques, despojo de tierras y desplazamiento forzado, violencia por la presencia del crimen organizado y falta de atención social que deriva en problemas de educación y salud, fueron algunos de los planteados ayer por un nutrido grupo de gobernadores indígenas de Chihuahua a próximos funcionarios federales durante el Foro de Incidencias realizado en la ciudad de México.
Los gobernadores y comisarios de la Tarahumara, junto con la Red en Defensa de Territorios Indígenas de la Sierra Tarahumara, la Consultoría Técnica Comunitaria, Awé Tibúame, la Alianza Sierra Madre y el Centro de Capacitación y Defensa de Derechos Humanos e Indígenas, participaron en una sesión encabezada por Josefa González-Blanco, futura secretaria de SEMARNAT; María Luisa Albores, próxima titular de la Secretaría de Bienestar (actualmente SEDESOL); Luis Hernández, quien ocupará la Procuraduría Agraria; Ulises Villegas, próximo procurador ambiental; Adelfo Regino Montes, del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y Blanca Jiménez Cisneros, de Conagua, los indígenas de Chihuahua y funcionarios del gobierno electo, analizaron los problemas que enfrentan las comunidades de la Tarahumara principalmente por la defensa de sus territorios y por la violencia que provoca desplazamientos forzados y la pérdida de su patrimonio económico y cultural.
María Luisa Albores, próxima titular de la Secretaría de Bienestar (hoy Sedesol), subrayó que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha ordenado atender de manera prioritaria a los territorios de pueblos indígenas y aceptó la propuesta de implementar políticas especiales –no excluyentes- para la región Tarahumara.
Albores señaló que los indígenas serán los primeros en recibir el beneficio de la pensión universal para adultos mayores de mil 274 pesos mensuales y los únicos a los que se les concederá a partir de los 61 años y no a los 65 como al resto de la población.
Recibirán también esta pensión niños y jóvenes discapacitados de hasta 30 años de edad.
Por su parte la futura titular de SEMARNAT, Josefa González-Blanco, quien se dijo “mitad chihuahuense y mitad chiapaneca”, opinó que el imperio del orden jurídico es fundamental y cuestión de voluntad política para hacer valer la ley y el derecho. Tanto González-Blanco como Albores anunciaron próximas visitas a Chihuahua y comentaron que convocarán al gobierno de Chihuahua para que participe en las mesas de trabajo que abordarán los problemas del territorio, bosques, concesiones mineras e inseguridad.
Tanto el próximo procurador agrario, Luis Hernández, como Adelfo Regino, del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, coincidieron en que es vital primero solucionar el problema del reconocimiento de la propiedad de los territorios y de ser necesario plantearle a López Obrador, una reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas.
“Esta será la madre de todas las mesas de trabajo porque sobre la tierra están el bosque, las minas y el agua y si no resolvemos la raíz de todo no llegaremos a nada” finalizó Regino, según comunicado difundido por CENCOS.
