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Resto del mundo

Sigue los asesinatos y hostigamiento contra los defensores de derechos humanos

Durante la presentación –en una teleconferencia– desde Ginebra de laGuía para la protección de los defensores de derechos humanos, elaborada por la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Margaret Sekaggya, la funcionaria aseveró que en América Latina persisten asesinatos, agresiones, hostigamiento, amenazas y estigmatización por parte de autoridades y agentes no estatales contra quienes promueven la defensa de las libertades fundamentales, y esto incluye altísimos niveles de impunidad.

La relatora subrayó que esto es absolutamente inaceptable y debe detenerse de tal manera que podamos garantizar la seguridad de las y los defensores. El precio que pagan por realizar su trabajo es demasiado alto.

Algunas de las categorías más vulnerables, dijo, son los defensores de derechos humanos, de derechos indígenas, pero también campesinos, abogados, líderes sindicales y grupos gays.

La funcionaria de la ONU se manifestó particularmente preocupada por la seguridad tanto física como sicológica de las y los defensores en la región, y especialmente de las mujeres, por el riesgo debido a violaciones y exclusiones de que son objeto”.

En el acto, realizado en las oficinas de la ONU en México, también se recibió un mensaje grabado del relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José de Jesús Orozco, quien agradeció el esfuerzo conjunto de las oficinas del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de México, Guatemala y Colombia.

Por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) asistió el secretario ejecutivo, Gerardo Gil Valdivia, quien reseñó el Informe sobre la situación de defensores de derechos humanos 2011, presentado a la opinión pública en julio de ese año ante la alta comisionada en la materia, Navi Pillay.

Gil Valdivia señaló que de 2005 a 2011 las quejas por agravios a activistas se incrementaron más de ciento por ciento.

La relatora Sekaggia escuchó a través de la teleconferencia las denuncias de algunos defensores, entre ellos Emilio Álvarez Icaza, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, quien denunció los asesinatos de Pedro Leyva Domínguez, Nepomuceno Moreno y José Trinidad de la Cruz, todos defensores que luchaban por encontrar justicia.

También se mencionó el secuestro de los líderes ecologistas Eva Alarcón y Marcial Bautista, el arresto de Bettina Cruz, hace dos semanas, y los atentados contra Norma Andrade y las amenazas a su hija Malú García Andrade.

Agnieszka Raczynska, de la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, dijo que el Estado mexicano ha fallado en la protección a los defensores; nosotros hemos tenido que asumir nuestra defensa ante la incapacidad oficial de protegernos de amenazas y agresiones.

Al encuentro no asistió la titular de la Unidad de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Omeheira López.

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Orden de arresto contra Raúl Castro por derribo de avionetas en 1996

Orden de arresto contra Raúl Castro por derribo de avionetas en 1996

Una jueza de Miami ha emitido una orden de arresto contra Raúl Castro, expresidente de Cuba, por su supuesta implicación en una conspiración para cometer asesinato en primer grado relacionada con el derribo de dos avionetas civiles en 1996, un incidente que resultó en la muerte de cuatro personas. La orden fue firmada el pasado viernes por Ariana Fajardo Orshan, jueza presidenta del Undécimo Circuito Judicial de Florida, tras una investigación llevada a cabo por el Departamento de Aplicación de la Ley del estado.

Este desarrollo judicial representa un nuevo capítulo en el proceso legal en Estados Unidos contra el exmandatario cubano, quien actualmente tiene 95 años. El ataque ocurrió el 24 de febrero de 1996, cuando dos aeronaves de la organización civil Hermanos al Rescate, con sede en Miami, fueron derribadas mientras realizaban vuelos de búsqueda y asistencia a cubanos que intentaban abandonar la isla.

La acusación estatal se suma a una denuncia federal presentada en mayo de 2026 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que identificó a Castro y a otros cinco individuos como presuntos responsables de los hechos. La declaración jurada que respalda la orden de arresto sostiene que existen fundamentos suficientes para creer que Raúl Modesto Castro Ruz llegó a un acuerdo con otros para llevar a cabo el asesinato en primer grado de los ocupantes de las avionetas.

La investigación en Florida argumenta que tiene la jurisdicción necesaria para proceder, dado que dos presuntos espías cubanos estaban operando en Miami y Cayo Hueso, donde supuestamente se infiltraron en Hermanos al Rescate para recopilar información sobre sus vuelos y transmitirla a las autoridades cubanas. Según los documentos judiciales, semanas antes del derribo, estos infiltrados también habrían reportado información sobre la estación aeronaval de Cayo Hueso.

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