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Chihuahua no se va a supeditar a ningún mando militar, advierte Corral

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“Lo digo abiertamente, nosotros no nos vamos a supeditar a un mando militar, Chihuahua no se va a someter a ningún mando militar”, declaró el gobernador Javier Corral en torno al plan del gobierno del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, de dar la responsabilidad de la seguridad pública en el país a las fuerzas armadas.

El mandatario expresó que esta estrategia atenta contra la soberanía del Estado, toda vez que se pretende desplazar a los gobernadores, por lo que de llevarse a cabo, las nuevas autoridades federales tendrán que asumir las consecuencias de desplazar a un componente fundamental, que son las autoridades locales.

“No concibo, sinceramente que haya solución al problema de la seguridad pública sin la concurrencia de la autoridad local, y por supuesto que se requiere respeto por la autoridad local y no suplantarnos”, indicó.

Señaló que es incompatible con todo lo que se ha dicho, que los militares sean los responsables de la seguridad pública del país.

Recordó que él se opuso e impugnó la Ley de Seguridad Interior ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la Ley de Seguridad Interior, precisamente porque pretendía suplantar a las autoridades civiles por las militares.

“Si nos dan a escoger, nosotros preferimos a la Policía Federal varias veces, unos cuantos bribones no definen a una corporación esencial para el combate a la delincuencia organizada, como es la Policía Federal”, destacó.

“Y miren, quien lo dice, -indicó el gobernador- alguien que se ha quejado varias veces de la falta de colaboración del Gobierno Federal, pero sabemos que no está en los policías ni en sus mandos siquiera, la determinación de colaborar con nosotros o no. Ellos han sido también víctimas de la presión política de un régimen corrupto que los ha usado a veces para apoyar y a veces para ausentarse”.

Enfatizó que cuando la Administración estatal ha trabajado con la Policía Federal, han sido muy eficaces y han sido muy confiables en los operativos especiales.

Puso como ejemplo el buen nivel de operación conjunta, de información y de trabajo coordinado que se realizó para aprender a “Larry” en la madrugada del 25 de diciembre de 2017, entre otras colaboraciones que no puede dejar de reconocer, dado el personal profesional de la instancia federal que participó en esas acciones.

“Sí estoy preocupado de que la Guardia Nacional vaya a terminar siendo a final de cuentas, la institucionalización de las fuerzas militares en tareas de seguridad pública. Creo que ahí hay un riesgo político muy delicado para el país, lo he compartido ya con el presidente electo”, agregó.

El titular del Ejecutivo estatal dijo que ciertamente considera indispensable la ayuda de las fuerzas armadas, pero una cosa es la colaboración y otra cosa es dejar a las fuerzas armadas la tarea de la seguridad pública y que sea el secretario de la Defensa propiamente dicho, el nuevo encargado de la seguridad pública del país.

Expuso que de ser así, se va a dejar muy atrás el gran objetivo que era profesionalizar a las policías, que es un tema en el cual se ha avanzado.

El gobernador resaltó que si existen quejas sobre la Policía Federal, hay que depurarla, limpiarla, reorganizarla, pero sería un gran error desaparecerla, porque es una institución que tiene elementos muy valiosos y los principales mandos policiacos en el estado, él mismo se los trajo de la Policía Federal.

Comentó que muy probablemente abordará con el presidente electo este tema, puesto que existe mucha inquietud sobre el particular, mismo que debe ventilarse, orearse, con todo respeto, pero también con toda franqueza.

Javier Corral señaló que esta temática reviste especial importancia porque la seguridad pública es el principal reto que tiene el próximo Gobierno Federal, como lo es también en Chihuahua.

Añadió que la responsabilidad ahora la tendrá el nuevo Gobierno a partir del primero de diciembre, por lo cual hay que advertir en esta hora crucial, que quienes asumen todas las decisiones y todo el control en la conducción del país, de igual manera deberán asumir también toda la responsabilidad.

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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