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En la guerra del atún, México vuelve a perder ante EU

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Estados Unidos ganó el viernes una batalla legal por el etiquetado de atún «dolphin safe» (libre de delfín) porque los jueces de apelaciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC) desestimaron el argumento de México de que las reglas de etiquetado estadounidenses infringían sus normas.

Más de 10 años después de que la disputa llegó por primera vez a la OMC, en octubre del 2008, la resolución puso fin al reclamo de México de que las normas de etiquetado de Estados Unidos penalizaban injustamente a su industria pesquera.

La disputa gira en torno a la etiqueta «dolphin safe» que se utiliza en el mercado estadounidense para informar a los consumidores de que en el atún en lata comprado con ese precinto no se ha pescado con métodos susceptibles de causar daño a los delfines.

Para conseguir esta etiqueta, EU imponía mayores requisitos al atún procedente de aguas tropicales del Pacífico oriental (donde suelen faenar los pesqueros mexicanos) que en otras zonas del océano, ya que en las primeras suelen nadar juntos los delfines y los atunes, y esto no ocurre en otras latitudes.

El Órgano de Apelación determinó que la etiqueta «dolphin safe» está en línea con las obligaciones de EU ante la OMC, ya que el trato a priori discriminatorio a los productos mexicanos es una excepción admisible a los reglamentos comerciales internacionales, justificada por razones medioambientales y de conservación.

La decisión confirma asimismo la obligación de que México retire las sanciones que había impuesto a Estados Unidos como compensación de las pérdidas causadas por las etiquetas de la discordia (por valor de 163.23 millones de dólares), ya que la OMC determinó que deberían retirarse si sus órganos fallaban en contra de los intereses mexicanos.

El fallo será ahora enviado al Órgano de Solución de Diferencias para su adopción formal en 30 días, y en principio pone punto final a un contencioso que México comenzó en octubre de 2008, cuando ya protestó ante la OMC por la etiqueta «dolphin safe».

La OMC emitió en 2012 y 2015 fallos favorables a los intereses mexicanos, ante lo que EU modificó en 2013 y 2016 sus normas de etiquetado para intentar adaptarlo a la ley internacional, algo que finalmente ha sido aceptado para las condiciones establecidas hace dos años.

Los atuneros mexicanos se han quejado de pérdidas millonarias por las restricciones que durante años les ha impuesto el mercado del país vecino, uno de sus principales destinos y que está valorado en cerca de 700 millones de dólares.

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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