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México

«Vivo un infierno, me están matando», pide Padrés intervención a AMLO

Guillermo Padrés Elías, ex Gobernador de Sonora, dijo que vive un infierno en prisión y le pidió ayuda a Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México.

“Señor Presidente, estoy seguro que usted no permitirá las viejas prácticas del PRI. Elevo la voz porque estoy seguro de que usted no permitirá que los que quedan del viejo sistema me sigan amenazando. No permitirá que me sigan matando día a día. Elevo la voz para pedirle que me ayude. Señor Presidente, le pido que me ayude y que me den mi libertad”, dijo en una grabación que su familia entregó a Ciro Gómez Leyva.

Padres dijo que se le acusó de delitos que no cometió y que negaron su derecho a un debido proceso. “Yo decidí enfrentar las acusaciones, sin evadir la justicia, confiado plenamente en el sistema judicial”, aseguró.

“Denuncio que me han negado mi derecho a un juicio imparcial. Soy un preso político. Vivo en el infierno en el que me tienen. Han acusado a mi familia y encarcelaron a mi hijo por más de 9 meses para presionarme a que yo acepte delitos que no cometí, y lo hicieron sin ninguna prueba. Querían que yo me implicara en delitos que no cometí. Presionaron y siguen presionando los jueces para que se me nieguen mis derechos, ya que hace más de un año he solicitado mi cambio de medida cautelar y me la siguen negando, aún cumpliendo con todo lo que marca la ley”, señaló.

La PGR de EPN habría guardado el expediente contra Ricardo Anaya dos días antes de acabar el sexenio
Más temprano, el Partido Acción Nacional (PAN) señaló que a Javier Duarte de Ochoa, César Duarte Jáquez, Roberto Borge Angulo, ex gobernadores priistas, no se les trató igual que a Guillermo Padrés Elías, investigado por el delito de lavado de dinero.

“El Juez afecta los derechos de Guillermo Padrés al negarle la posibilidad de continuar su proceso en libertad, que es un beneficio establecido por la Ley. La justicia debe ser pronta y expedita para todos, la presunción de inocencia es un derecho constitucional”, dijo el vocero Fernando Herrera Ávila.

Añadió que el ex Gobernador de Sonora ya tiene colocado un brazalete, con lo que se cumple el postulado constitucional de que el acusado pueda presentarse ante el Juez las veces que sean necesarias.

Dijo que el Juez debe tomar en cuenta que Guillermo Padrés se presentó voluntariamente ante la autoridad, a fin responder sobre las acusaciones que se habían presentado en su contra, elemento que consideramos que debe ser considerado por el poder Judicial.

“Lleva dos años en prisión y siguen sin acreditarse los señalamientos en su contra”, indicó.

A los ex gobernadores de Veracruz, Chihuahua o Quintana Roo no los trataron como a Padrés, dice el PAN
Herrera Ávila señaló que existe una importante diferencia con el trato que han recibido otros ex gobernadores, como los de Veracruz, Chihuahua o Quintana Roo, que incluso lograron evadirse de la acción de la justicia.

“Acción Nacional siempre será vigilante del cumplimiento de la Ley y de la protección de los derechos humanos, por ello consideramos que en este caso el Juez está actuando en contra de los principios de legalidad y proporcionalidad y por tanto se debe resolver a favor de que Guillermo Padrés continúe su proceso en libertad”, concluyó el vocero.

Guillermo Padrés podrá continuar su proceso por presunto lavado de dinero en libertad, luego de que un juez federal le sustituyera la prisión preventiva por cuatro medidas cautelares, entre las que se encuentra, el pago de una garantía de 40 millones de pesos.

De acuerdo con información publicada por medios nacionales, Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Séptimo de Distrito en Procesos Penales de Toluca, determinó la posibilidad de que el ex funcionario pueda regresar a casa si además de la garantía económica, cumple con presentarse de forma periódica cada 15 días ante el juzgado federal que lleva su caso. Asimismo, tiene prohibido salir del país sin autorización y la obligación de portar un localizador electrónico.

El pasado 17 de agosto, Padrés Elías obtuvo la libertad por el delito que enfrenta de defraudación fiscal, a cambio del pago de una garantía de 100 millones de pesos, no podrá salir del país y deberá presentarse al juzgado para firmar cada semana en el libro de procesados.

Fuente: SinEmbargo

México

Avanza nueva Ley de Telecomunicaciones en el Senado: oposición advierte riesgo de censura y espionaje

El Senado de la República aprobó en lo general y lo particular la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, impulsada por Morena y sus aliados, en una sesión extraordinaria que terminó con 77 votos a favor y 30 en contra, principalmente del PRI y del PAN, quienes alertaron sobre riesgos de censura, vigilancia masiva y concentración de poder por parte del Estado.

Durante el debate, se presentaron 20 reservas, de las cuales sólo se aceptaron cuatro: dos del morenista Javier Corral y dos del senador Ricardo Sheffield. Estas últimas incorporan facultades para que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones —nuevo órgano autónomo creado por esta ley— vigile los costos de los equipos de telefonía móvil y evite incrementos injustificados.

El dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y posible aprobación. Entre los puntos más polémicos se encuentra la facultad de suspender transmisiones de radio y televisión bajo criterios aún considerados ambiguos por la oposición, y la posibilidad de crear un registro de líneas de telefonía móvil, que algunos senadores calificaron como una amenaza a la privacidad.

El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, sostuvo que aunque Morena eliminó del dictamen el artículo 109 —que planteaba el bloqueo de plataformas digitales—, esto se debió a la presión ciudadana, no a una convicción democrática. «Pusieron a temblar al gobierno. Los dobló la presión ciudadana», dijo desde tribuna. Aun así, insistió en que persisten mecanismos de control estatal que buscan acallar voces críticas.

En ese mismo sentido, el dirigente nacional del PRI y senador, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que esta reforma representa “una guía de bolsillo para fortalecer un régimen antidemocrático, dictatorial”, al permitir al Estado vigilar a los ciudadanos, controlar los medios de comunicación y restringir la libertad de expresión. «Ustedes están destruyendo la República», acusó.

En defensa del dictamen, el senador Manuel Huerta (Morena) respondió que la ley “no espía, no persigue, no censura”, sino que garantiza que las telecomunicaciones estén al servicio del pueblo y no de intereses económicos particulares. Por su parte, Jorge Carlos Ramírez Marín (PVEM) argumentó que el registro de líneas ya está contemplado en el artículo 190 de la ley vigente, y desestimó las acusaciones de que se trata de un «Big Brother».

Uno de los cambios relevantes del dictamen fue la eliminación de la censura previa de contenidos de medios internacionales a través de la Secretaría de Gobernación, medida que habría violado el capítulo 18.18 del T-MEC. Además, se sustituyó la polémica Agencia de Transformación Digital por una Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, con independencia técnica y operativa, aunque con integrantes propuestos por la Presidencia y ratificados por el Senado, lo que motivó críticas por un posible conflicto constitucional.

La senadora Claudia Anaya (PRI) advirtió que estos nombramientos serían ilegales, ya que el artículo 76 de la Constitución no faculta al Senado para ratificar integrantes de órganos reguladores como el que se plantea.

En paralelo, se determinó que la autoridad en materia de competencia económica quedará sectorizada en la Secretaría de Economía, que en conjunto con tribunales especializados decidirá sobre casos de poder sustancial o preponderancia en el sector.

Mientras tanto, la Agencia de Transformación Digital, ahora con funciones reducidas, será responsable de la política estatal de cobertura social, acceso satelital y aprovechamiento del espectro, sin excluir su participación como proveedor comercial.

La discusión en la Cámara de Diputados será clave para definir el rumbo de esta polémica reforma que, pese a los ajustes realizados, sigue dividiendo a los actores políticos y a la opinión pública.

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