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Uruguay despenaliza el aborto; es el tercer país en Latinoamérica

Montevideo.- El Congreso uruguayo aprobó el miércoles por un ajustado margen la despenalización del aborto durante las primeras 12 semanas de gestación, convirtiendo al país en el tercero de América Latina en legalizar la interrupción del embarazo.

La norma recibió 17 votos a favor y 14 en contra en el Senado, luego de haber sido aprobada por la Cámara baja el mes pasado. El oficialista Frente Amplio obtuvo la aprobación de la iniciativa con el apoyo de un legislador del opositor Partido Nacional.

El presidente José Mujica anunció que promulgará la ley. En el 2008, el entonces presidente Tabaré Vázquez vetó una iniciativa similar aprobada por el Congreso.

«Con esta ley entramos dentro de los países desarrollados que en su mayoría han adoptado criterios de liberalización, reconociendo el fracaso de las normas penales que intentanevitar los abortos», dijo el senador oficialista, Luis Gallo, durante su discurso en la sesión.

El aborto estaba penalizado en Uruguay desde 1938. La ley que lo despenaliza permitirá a la mujer interrumpir su embarazo siempre y cuando se entreviste con un grupo de profesionales de la salud y reflexione acerca de su decisión por un periodo de cinco días.

Uruguay, un país de tradición cristiana pero donde el Estado y la Iglesia son independientes, es el tercero en América Latina en aprobar el aborto, luego de Cuba y Guyana. A ellos se suma Ciudad de México y Puerto Rico.

Una encuesta de la consultora local Cifra divulgada semanas atrás reflejó que el 52 por ciento de los uruguayos está de acuerdo con la despenalización del aborto, mientras que un 34 por ciento se manifiesta en contra.

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Cofece multa a Walmart por prácticas monopólicas: la batalla legal apenas comienza

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) asestó un golpe histórico al multar a Walmart de México con 93.4 millones de pesos tras concluir una investigación que se extendió por más de cuatro años. La razón: prácticas monopólicas relativas, particularmente en el trato con sus distribuidores.

Según el dictamen de la Cofece, Walmart aprovechó su posición dominante en el mercado para imponer condiciones desfavorables a los proveedores, afectando la competencia en el sector. Aunque no se han revelado todos los detalles de las “contribuciones” impuestas a los distribuidores, el veredicto destaca cómo estas prácticas distorsionan el acceso al mercado y perjudican a competidores más pequeños.

En respuesta, Walmart no tardó en reaccionar. La empresa anunció que impugnará la decisión y enfatizó su compromiso con el cumplimiento de las leyes mexicanas. En su comunicación oficial, destacó que la sanción carece de fundamento y que está basada en interpretaciones erróneas. Este movimiento era predecible: para una empresa de este tamaño, 93 millones de pesos no solo representan una cifra considerable, sino también una amenaza a su reputación.

Por otro lado, la Cofece también se juega mucho. Este caso es una muestra clara de su intención de reforzar la vigilancia sobre los gigantes corporativos. Sin embargo, una batalla legal prolongada podría poner a prueba su capacidad de defender sus resoluciones en tribunales.

Más allá de la multa, el caso de Walmart pone el reflector sobre una problemática común en el comercio minorista: el desbalance de poder entre grandes cadenas y pequeños distribuidores. Si bien el desenlace de este litigio aún está por definirse, el mensaje es claro: los días de actuar sin consecuencias podrían estar contados. La industria y los consumidores estarán atentos a cada movimiento en esta batalla judicial.

 

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