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Uruguay despenaliza el aborto; es el tercer país en Latinoamérica

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Montevideo.- El Congreso uruguayo aprobó el miércoles por un ajustado margen la despenalización del aborto durante las primeras 12 semanas de gestación, convirtiendo al país en el tercero de América Latina en legalizar la interrupción del embarazo.

La norma recibió 17 votos a favor y 14 en contra en el Senado, luego de haber sido aprobada por la Cámara baja el mes pasado. El oficialista Frente Amplio obtuvo la aprobación de la iniciativa con el apoyo de un legislador del opositor Partido Nacional.

El presidente José Mujica anunció que promulgará la ley. En el 2008, el entonces presidente Tabaré Vázquez vetó una iniciativa similar aprobada por el Congreso.

«Con esta ley entramos dentro de los países desarrollados que en su mayoría han adoptado criterios de liberalización, reconociendo el fracaso de las normas penales que intentanevitar los abortos», dijo el senador oficialista, Luis Gallo, durante su discurso en la sesión.

El aborto estaba penalizado en Uruguay desde 1938. La ley que lo despenaliza permitirá a la mujer interrumpir su embarazo siempre y cuando se entreviste con un grupo de profesionales de la salud y reflexione acerca de su decisión por un periodo de cinco días.

Uruguay, un país de tradición cristiana pero donde el Estado y la Iglesia son independientes, es el tercero en América Latina en aprobar el aborto, luego de Cuba y Guyana. A ellos se suma Ciudad de México y Puerto Rico.

Una encuesta de la consultora local Cifra divulgada semanas atrás reflejó que el 52 por ciento de los uruguayos está de acuerdo con la despenalización del aborto, mientras que un 34 por ciento se manifiesta en contra.

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Dinero

EE.UU. impone arancel de 10% a México por política sobre trabajo forzoso

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Estados Unidos anunció una nueva ronda de aranceles para 60 economías, entre ellas México, al que aplicará un gravamen de 10 por ciento por considerar que no prohíbe o no hace cumplir de manera efectiva la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso.

La medida fue dada a conocer por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que explicó que la decisión deriva de una investigación realizada bajo la Sección 301, iniciada el 12 de marzo de 2026 por instrucción del presidente Donald Trump. El proceso incluyó dos rondas de audiencias públicas, consultas con más de 45 gobiernos y el análisis de más de 2 mil 100 comentarios.

México forma parte del grupo de países sujetos a un arancel de 10 por ciento, junto con Argentina, Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y el Reino Unido.

De acuerdo con la USTR, esta categoría corresponde a economías que ya cuentan con una prohibición para importar productos elaborados con trabajo forzoso, que asumieron el compromiso de establecerla mediante un Acuerdo sobre Comercio Recíproco o que aplican mecanismos parciales para impedir la entrada de este tipo de mercancías.

La resolución también establece un esquema de tres niveles de sanciones. Para el resto de las economías investigadas se fijó un arancel de 12.5 por ciento, mientras que determinados productos procedentes de la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Suiza enfrentarán tasas de 10 o 12.5 por ciento, descontando la tarifa de Nación Más Favorecida cuando corresponda.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, señaló que la decisión responde a la conclusión emitida el pasado 2 de junio, en la que la USTR determinó que las políticas de las 60 economías investigadas obstaculizan o restringen el comercio estadounidense. Agregó que la administración de Donald Trump considera necesario reforzar las medidas contra el trabajo forzoso en las cadenas globales de suministro.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que la resolución no modifica el arancel efectivo que actualmente paga México, ya que más del 80 por ciento de las exportaciones nacionales permanece exento al cumplir con las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El funcionario explicó que el gravamen de 10 por ciento para las exportaciones que no cumplen con el T-MEC se mantiene, aunque ahora cambia su fundamento legal al pasar de la Sección 122 a la Sección 301. Añadió que el Gobierno de México continúa las conversaciones con el representante comercial estadounidense para acercar posiciones en materia comercial.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este jueves sostuvo una reunión con Jamieson Greer en Palacio Nacional, donde ambas partes avanzaron en la revisión del T-MEC y en otros acuerdos bilaterales.

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