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Opinión

LOS DESEQUILIBRIOS DE LA REFORMA LABORAL Por Aquiles Córdova Morán

No puede caber duda ni discusión seria sobre la absoluta necesidad y urgencia de la reforma laboral, si no olvidamos (y nadie debería olvidarlo cuando se pronuncia sobre la cuestión) que la economía mexicana es una “economía de mercado” (eufemismo creado por los economistas “modernos” en lugar de “economía capitalista”, que es su nombre correcto, para eludir la “carga negativa” de estas dos palabras juntas), que forma parte integrante de ese sistema económico que, hoy por hoy, señorea el mundo, y que, por tanto, nos guste o no, tenemos que acatar sus leyes y reglas y someternos a sus exigencias, al margen de la valoración social, ética o moral que podamos tener de todo ello, si queremos, yo no diría que prosperar, sino siquiera subsistir en este mundo en que reina una guerra, de baja intensidad pero permanente e ineludible, por la conquista de los mercados.

En efecto, no se puede salir al mundo a pelear por una porción razonable de ese mercado si no se asiste a la cita armado de las mejores armas, que son, como todos sabemos, productos y servicios de altísima calidad y a precios menores, o cuando menos iguales, a los de nuestros competidores; y desde que nos hemos dejado ir con todo nuestro peso, y a mi juicio, a veces sin mucha reflexión, por la senda de los tratados comerciales indiscriminados, hemos trasladado la guerra externa al interior de nuestro propio mercado nacional, que ahora hay que defender, palmo a palmo, de la invasión masiva de servicios y productos provenientes de países con economías mucho más grandes, eficientes y competitivas que la nuestra. No hay más remedio, pues, que tratar de ponernos a la altura de nuestro rivales; y como en economía, al igual que ocurre en todas las ciencias que lo son de verdad, algunas de las soluciones halladas por los especialistas tienen carácter y necesidad de ley universal, no podemos ponernos a inventar el hilo negro o la marcha en dos pies, sino hacer lo mismo que los países exitosos tratando de hacerlo, eso sí, mejor que ellos. Es obvio, por eso, que la reforma laboral está calcada de las leyes laborales de los países ricos, principalmente de los Estados Unidos que son el modelo y la envidia de nuestros inversionistas criollos y de sus economistas de cabecera.

Y sí. Nadie puede negar que una medida indispensable para elevar la competitividad de un producto, es abatir su precio de mercado mediante la baja, tan drástica como se pueda, de su costo de producción; y éste, a su vez, se consigue, entre otros recursos, reduciendo el costo de la mano de obra, que es lo que a todas luces busca la reforma laboral. Pero es justamente en este importante punto donde sus creadores cometen sus dos primeros grandes errores. Uno, se olvidan que abatir el costo de la mano de obra no es el único recurso para elevar la competitividad de las empresas; que existen otros, tanto o más importantes que éste, como el continuo perfeccionamiento tecnológico, la mejor organización e integración (vertical y horizontal) de las cadenas productivas, la mayor eficiencia y abaratamiento del transporte y la elevación de la calidad, a buenos precios, de las materias primas y los insumos en general, lo que implica la revisión a fondo de toda la actividad productiva de la nación, incluyendo de modo preferente la producción agropecuaria. Y sin embargo, la reforma laboral deja caer todo su peso sólo sobre los hombros de los trabajadores, pasando en silencio sobre las demás medidas indispensables para un verdadero desarrollo equilibrado y sustentable de nuestra economía. Dos, los creadores de la reforma se cuidaron de imitar bien las medidas norteamericanas que dan “flexibilidad” a los empresarios en el manejo y despido de sus obreros, pero se olvidaron de estudiar e imitar su situación salarial, que es la condición sine qua non para que tales medidas funcionen de manera fluida y tersa, o, dicho en otros términos, para que los obreros las acepten sin protestar y sin rebelarse contra ellas. En efecto, es sabido que un obrero medio norteamericano gana entre diez y doce dólares por hora, esto es, entre 130 y 156 pesos mexicanos, salario que el grueso de nuestros trabajadores no devenga ni en una jornada completa de 10 horas, que es la duración real en la mayoría de las empresas. Con el salario que recibe, el obrero norteamericano puede prescindir de huelgas, paros, juicios laborales por despidos arbitrarios, por violaciones a su contrato de trabajo, etc.; incluso puede tolerar tranquilamente el sindicalismo blanco, pro patronal, pues, en el fondo, no lo necesita para nada o lo necesita muy poco.

Ahora hay que preguntarse: ¿ocurrirá lo mismo con el obrero mexicano que, sobre su ya precarísimo salario actual, recibe este nuevo golpe a sus derechos, prestaciones y recursos de defensa legítima? Cualquiera sabe que no. Y sin embargo, la reforma laboral no dice nada sustancial, nada creíble sobre la elevación de los salarios, con lo cual se convierte, más a la corta que a la larga, en un verdadero llamado a la inconformidad y a la rebeldía de los trabajadores mexicanos. Al tiempo. Y hay un tercer gran error en la reforma laboral que consiste en que “reforma” el statusde los obreros pero deja intacto al sindicalismo charro. Ésta es, quizá, la razón por la cual los gerifaltes de ese sindicalismo no han dicho esta boca es mía en torno al problema. Tienen toda la razón quienes insisten en que, lo menos que se puede hacer como elemental compensación a la reducción de las garantías laborales, es poner a los sindicatos, ahora sí, en manos de los obreros mediante una legislación que asegure la elección democrática y, por tanto, la representatividad real y verdadera de sus líderes, así como el derecho a exigir cuentas claras sobre el manejo de sus cuotas y sobre su actuación en la defensa de sus compañeros. Las duras nuevas condiciones para el trabajador, probablemente necesarias e inevitables como ya dije, exigirán un sindicalismo más auténtico y más activo que antes, y nadie puede hacerse ilusiones con el charrismo actual, de “izquierda” o de derecha.

En suma y en síntesis: la reforma laboral es una necesidad cierta para nuestra economía actual, en un mundo dominado por el capital y las leyes del mercado. Pero esa reforma pudo y debió ser más sensata y equilibrada, más “científica” y objetiva, si se nos permite el término, y no tan parcial y unilateral como parece que será, porque eso la convierte no en solución verdadera a los problemas de fondo que la motivan, sino en fuente de nuevos y mayores conflictos, que no es, ciertamente, lo que México necesita. Parece que a sus creadores se les pasó la mano en aquello de que la economía de mercado es “positiva” y no “normativa”, lo que quiere decir que a ella no le importan los efectos políticos y sociales que su aplicación desencadene. A ella tal vez no; pero a la clase política sí que pueden y deben importarle, o de lo contrario, cosechará las consecuencias.

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Opinión

Fotografías. Por Raúl Saucedo

Las Políticas por hacer

El quehacer político moderno, a menudo toma en cuenta a los sectores de la sociedad que ostentan poder o influencia visible dentro de la comunidad:  Los adultos votan, las empresas influyen y los medios de comunicación amplifican sus voces. Sin embargo, en el complicado juego de poder, la niñez, un grupo vital pero silencioso, suelen quedarse en el margen.

La Niñez representa el futuro; es el cimiento sobre el que se construirán las próximas generaciones. Su bienestar, educación y salud son indicadores clave no solo de su calidad de vida individual, sino también del progreso y la salud de una sociedad en su conjunto. A pesar de esto, los gobiernos frecuentemente pasan por alto  la creación de políticas públicas enfocadas en este sector, principalmente porque esta parte de la sociedad no votan ni tienen voz directa en los procesos políticos.

Este “descuido” puede atribuirse a varios factores. Primero, la falta de representación política directa. La niñez depende completamente de los adultos para que sus intereses sean representados en el gobierno. Sin embargo, las agendas políticas suelen estar más influenciadas por las preocupaciones inmediatas de los votantes adultos —empleo, economía, seguridad— relegando a un segundo plano temas como la educación de calidad o la protección contra el abuso y la negligencia.

Además, la falta de datos específicos sobre los problemas que afectan a la niñez impide formular políticas bien informadas. A menudo, las estadísticas y estudios disponibles no desglosan la información por edad de manera que refleje las realidades específicas de este grupo. Esto conduce a un entendimiento incompleto de sus verdaderas necesidades y desafíos.

Es más, los problemas que afectan a la niñez suelen ser transversales y requieren una política integrada. Por ejemplo, la pobreza infantil no solo afecta la nutrición; impacta también en el acceso a la educación, la salud y las oportunidades de desarrollo social y emocional. Sin un enfoque especifico que contemple la complejidad de estos asuntos, las políticas resultantes pueden ser ineficaces o incluso contraproducentes.

La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en 1989 por las Naciones Unidas (ONU), establece en teoría un marco internacional para la protección de los derechos de la niñez, incluyendo el derecho a la educación, la salud y la protección contra la explotación infantil. Sin embargo, la aplicación de estos derechos en políticas concretas sigue siendo un desafío global.

Por lo tanto, es fundamental que los gobiernos reconozcan la importancia de la niñez en el desarrollo social y económico de un país. Invertir en este sector no es solo una cuestión de cumplir con obligaciones morales o internacionales, sino una estrategia prudente para fomentar sociedades más educadas, saludables y equitativas. Los niños y niñas de hoy son los adultos del mañana; sus problemas y necesidades deben ser una prioridad, no una reflexión tardía.

Para abordar esta cuestión sistémica, es necesario promover una mayor participación de los expertos en infancia en los procesos de toma de decisiones y asegurar que las políticas públicas sean evaluadas también en función de su impacto en la población infantil. Las voces de los infantes, aunque no se expresen en las urnas, deben resonar en los corredores del poder a través de quienes aboguen por su bienestar y futuro.

Ignorar las necesidades de este sector en la formulación de políticas públicas no solo es un fracaso en proteger a los más vulnerables, sino también una miopía estratégica que compromete el desarrollo sostenible y la justicia social a largo plazo. Es hora de que los gobiernos ajusten sus lentes y enfoquen claramente en el bienestar y los derechos de los niños, garantizando así un futuro mejor para todos.

Este planteamiento personal y profesional surge en reflexión del pasado 30 de abril, donde la mayoría de mis amigos publicaron historias sobre festivales infantiles en compañía de sus hijos, mientras yo daba un clavado al baúl de los recuerdos encontrando fotografías olvidadas de una etapa fundamental de mi vida, todo esto con aquella canción de fondo del Maestro Sabina donde protestamos contra el misterio del mes de abril.

@Raul_Saucedo

rsaucedo@uach.mx

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