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Opinión

LOS DESEQUILIBRIOS DE LA REFORMA LABORAL Por Aquiles Córdova Morán

No puede caber duda ni discusión seria sobre la absoluta necesidad y urgencia de la reforma laboral, si no olvidamos (y nadie debería olvidarlo cuando se pronuncia sobre la cuestión) que la economía mexicana es una “economía de mercado” (eufemismo creado por los economistas “modernos” en lugar de “economía capitalista”, que es su nombre correcto, para eludir la “carga negativa” de estas dos palabras juntas), que forma parte integrante de ese sistema económico que, hoy por hoy, señorea el mundo, y que, por tanto, nos guste o no, tenemos que acatar sus leyes y reglas y someternos a sus exigencias, al margen de la valoración social, ética o moral que podamos tener de todo ello, si queremos, yo no diría que prosperar, sino siquiera subsistir en este mundo en que reina una guerra, de baja intensidad pero permanente e ineludible, por la conquista de los mercados.

En efecto, no se puede salir al mundo a pelear por una porción razonable de ese mercado si no se asiste a la cita armado de las mejores armas, que son, como todos sabemos, productos y servicios de altísima calidad y a precios menores, o cuando menos iguales, a los de nuestros competidores; y desde que nos hemos dejado ir con todo nuestro peso, y a mi juicio, a veces sin mucha reflexión, por la senda de los tratados comerciales indiscriminados, hemos trasladado la guerra externa al interior de nuestro propio mercado nacional, que ahora hay que defender, palmo a palmo, de la invasión masiva de servicios y productos provenientes de países con economías mucho más grandes, eficientes y competitivas que la nuestra. No hay más remedio, pues, que tratar de ponernos a la altura de nuestro rivales; y como en economía, al igual que ocurre en todas las ciencias que lo son de verdad, algunas de las soluciones halladas por los especialistas tienen carácter y necesidad de ley universal, no podemos ponernos a inventar el hilo negro o la marcha en dos pies, sino hacer lo mismo que los países exitosos tratando de hacerlo, eso sí, mejor que ellos. Es obvio, por eso, que la reforma laboral está calcada de las leyes laborales de los países ricos, principalmente de los Estados Unidos que son el modelo y la envidia de nuestros inversionistas criollos y de sus economistas de cabecera.

Y sí. Nadie puede negar que una medida indispensable para elevar la competitividad de un producto, es abatir su precio de mercado mediante la baja, tan drástica como se pueda, de su costo de producción; y éste, a su vez, se consigue, entre otros recursos, reduciendo el costo de la mano de obra, que es lo que a todas luces busca la reforma laboral. Pero es justamente en este importante punto donde sus creadores cometen sus dos primeros grandes errores. Uno, se olvidan que abatir el costo de la mano de obra no es el único recurso para elevar la competitividad de las empresas; que existen otros, tanto o más importantes que éste, como el continuo perfeccionamiento tecnológico, la mejor organización e integración (vertical y horizontal) de las cadenas productivas, la mayor eficiencia y abaratamiento del transporte y la elevación de la calidad, a buenos precios, de las materias primas y los insumos en general, lo que implica la revisión a fondo de toda la actividad productiva de la nación, incluyendo de modo preferente la producción agropecuaria. Y sin embargo, la reforma laboral deja caer todo su peso sólo sobre los hombros de los trabajadores, pasando en silencio sobre las demás medidas indispensables para un verdadero desarrollo equilibrado y sustentable de nuestra economía. Dos, los creadores de la reforma se cuidaron de imitar bien las medidas norteamericanas que dan “flexibilidad” a los empresarios en el manejo y despido de sus obreros, pero se olvidaron de estudiar e imitar su situación salarial, que es la condición sine qua non para que tales medidas funcionen de manera fluida y tersa, o, dicho en otros términos, para que los obreros las acepten sin protestar y sin rebelarse contra ellas. En efecto, es sabido que un obrero medio norteamericano gana entre diez y doce dólares por hora, esto es, entre 130 y 156 pesos mexicanos, salario que el grueso de nuestros trabajadores no devenga ni en una jornada completa de 10 horas, que es la duración real en la mayoría de las empresas. Con el salario que recibe, el obrero norteamericano puede prescindir de huelgas, paros, juicios laborales por despidos arbitrarios, por violaciones a su contrato de trabajo, etc.; incluso puede tolerar tranquilamente el sindicalismo blanco, pro patronal, pues, en el fondo, no lo necesita para nada o lo necesita muy poco.

Ahora hay que preguntarse: ¿ocurrirá lo mismo con el obrero mexicano que, sobre su ya precarísimo salario actual, recibe este nuevo golpe a sus derechos, prestaciones y recursos de defensa legítima? Cualquiera sabe que no. Y sin embargo, la reforma laboral no dice nada sustancial, nada creíble sobre la elevación de los salarios, con lo cual se convierte, más a la corta que a la larga, en un verdadero llamado a la inconformidad y a la rebeldía de los trabajadores mexicanos. Al tiempo. Y hay un tercer gran error en la reforma laboral que consiste en que “reforma” el statusde los obreros pero deja intacto al sindicalismo charro. Ésta es, quizá, la razón por la cual los gerifaltes de ese sindicalismo no han dicho esta boca es mía en torno al problema. Tienen toda la razón quienes insisten en que, lo menos que se puede hacer como elemental compensación a la reducción de las garantías laborales, es poner a los sindicatos, ahora sí, en manos de los obreros mediante una legislación que asegure la elección democrática y, por tanto, la representatividad real y verdadera de sus líderes, así como el derecho a exigir cuentas claras sobre el manejo de sus cuotas y sobre su actuación en la defensa de sus compañeros. Las duras nuevas condiciones para el trabajador, probablemente necesarias e inevitables como ya dije, exigirán un sindicalismo más auténtico y más activo que antes, y nadie puede hacerse ilusiones con el charrismo actual, de “izquierda” o de derecha.

En suma y en síntesis: la reforma laboral es una necesidad cierta para nuestra economía actual, en un mundo dominado por el capital y las leyes del mercado. Pero esa reforma pudo y debió ser más sensata y equilibrada, más “científica” y objetiva, si se nos permite el término, y no tan parcial y unilateral como parece que será, porque eso la convierte no en solución verdadera a los problemas de fondo que la motivan, sino en fuente de nuevos y mayores conflictos, que no es, ciertamente, lo que México necesita. Parece que a sus creadores se les pasó la mano en aquello de que la economía de mercado es “positiva” y no “normativa”, lo que quiere decir que a ella no le importan los efectos políticos y sociales que su aplicación desencadene. A ella tal vez no; pero a la clase política sí que pueden y deben importarle, o de lo contrario, cosechará las consecuencias.

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Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.

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