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México

Gobierno de Mancera habría pagado 41 mdp a empresas fantasma para combatir violencia de género

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Un reportaje del noticiero En Punto, de Televisa, dio a conocer que durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México, se les pagó 41 millones de pesos a empresas fantasma para implementar estrategias contra la violencia hacia las mujeres
Las dependencias involucradas fueron la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, la Escuela de Administración Pública y el Instituto de las Mujeres local, quienes contrataron de manera directa a personas físicas y empresas para atender la problemática. Sin embargo, un recorrido de reporteros de En Punto por los domicilios que se proporcionaron en los contratos reveló que las empresas a las se les hizo pagos millonarios no existen.

En mayo de 2016, Mancera Espinosa presentó el silbato rosa para prevenir conductas acosadoras y de hostigamiento sexual hacia las mujeres en el transporte público capitalino.

El gobierno capitalino invirtió más de 11 millones de pesos en la compra de 150 mil 952 silbatos, en una estrategia que no funcionó.

Dos meses antes de que concluyera la gestión de Mancera, su administración gastó más de 41 millones de pesos en programas de capacitación y estrategias para prevenir la violencia contra las mujeres, pero dichos programas no se aplicaron y otros no existen.

El 10 de octubre de 2018, la Secretaría de Gobierno firmó un contrato de 9 millones 999 mil 988 pesos con Alejandro Pantoja Chávez para comprar «mil botones de pánico para la localización de mujeres en riesgo de ser víctimas de violencia feminicida y para atender la solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres que permita su localización durante 24 horas del día, los 365 días del año”.

A la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX ) le entregaron 650 botones de pánico, marca Mietrack, que no se pueden usar.

“Requerimos que el área técnica nos elabore el dictamen, ya están trabajando en él, ya se está trabajando en ese dictamen que nos permita identificar la funcionalidad o no de estos dispositivos […]. No tenemos hasta este momento garantizado ese óptimo funcionamiento, por eso es que no hemos procedido a su entrega”, explicó Nelly Montealegre, subprocuradora de Atención a Víctimas de la PGJCDMX .

Cada dispositivo móvil, con GPS de rastreo portátil y con garantía de dos años tuvo un costo de 9 mil 99 pesos. Los aparatos se compraron a sobreprecio. En la página de internet de la marca Mietrack se pueden adquirir dispositivos móviles con botón de alarma y GPS, que se ofrecen entre 900 pesos y mil 500 pesos cada uno.

La Secretaría de Gobierno capitalina también firmó un contrato de 8 millones 984 mil pesos con la empresa «KJD ideas creativas S.A de C.V», representada por Eduardo Ruiz Nava, «para la puesta en marcha de acciones de publicidad (…) para atender el procedimiento de solicitud de alerta de violencia de genero para la Ciudad de México”.

En el domicilio que señala el contrato trabajan diversas organizaciones no gubernamentales que se dedican a implementar programas de desarrollo comunitario en zonas rurales de puebla.

Eduardo Ruiz Nava se encuentra en Chingnahuapan, Puebla. Representa a la fundación Luis María Martínez y se dedica a capacitar a comunidades en la siembra de hortalizas.

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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