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México

Aprueban diputados reformas a la Constitución en consulta ciudadana y revocación de mandato

La Cámara de Diputados aprobó, en lo general, el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política en materia de consulta ciudadana y revocación de mandato.
En su votación en lo general, la minuta fue avalada en lo general por 328 votos a favor, 153 en contra y 2 abstenciones, luego de más de 6 horas de debate y con el respaldo absoluto de legisladores de Morena, PT y PVEM, así como la mayoría de PRI, PES y el grupo de experredistas autodenominado como «independientes».

De acuerdo con lo aprobado, la consulta de revocación de mandato puede ser convocada por el presidente en turno, por el 33 por ciento de alguna de las dos cámaras o por el 3% de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores, lo que equivale a más de 2.7 millones de mexicanos. Para que su resultado sea vinculatorio, se requiere la participación de al menos el 34 por ciento de la Lista Nominal, aunque se espera que en la discusión de reservas se reduzca dicho porcentaje al 25 por ciento.

En cuanto a la consulta ciudadana, el documento estable reducir el umbral de participación para su convocatoria del 3 al 1 por ciento de la lista nominal, cerca de 900 mil firmas de ciudadanos. Al igual que en el rubro de la revocación de mandato, el resultado se considerará vinculatorio si se comprueba la participación del al menos el 34 por ciento de los inscritos en la Lista Nominal, aunque dicho porcentaje también se buscará bajar.

Contrario a la revocación de mandato, que deberá realizarse el mismo día de las elecciones intermedias de 2021, las consultas no tienen establecida una temporalidad específica, aunque su organización sí recaerá sobre el Instituto Nacional Electoral.

Posicionamientos en contra
Por el PRD, Monica Bautista Rodríguez señaló que la revocación de mandato del presidente, como se plantea, es un recurso político táctico para jalar la votación hacia los candidatos de su partido a puestos de elección popular.

En medio de pancartas con la leyenda “Revocación sí, consultas a modo no», el PRD fijó su postura luego de que presentó una moción suspensiva a fin que el dictamen fuera llevado a Parlamento Abierto, misma que fue rechazada por Morena y sus aliados.

De la misma manera. la legisladora Adriana Gabriela Medina Ortíz, de MC, pidió cambiar el dictamen para evitar que el autoritarismo se enmascare en la democracia.

Consideró que la consulta popular o revocación de mandato no deben coincidir con elecciones y el cambio constitucional propuesto implica una ciega disciplina partidista.

Diversos legisladores de oposición acusaron que se estaba avalando una reforma que podría abrir la puerta a la reelección, por lo que pidieron al Senado de la República, cámara a la que corresponderá seguir con el análisis de la minuta, revisar los puntos en contra de la iniciativa.

Con información de Notimex

México

Explota escándalo internacional: acusan a Peña Nieto de recibir 25 mdd por venta de Pegasus en México

El expresidente Enrique Peña Nieto vuelve al centro del huracán tras revelarse que habría recibido un soborno de 25 millones de dólares por facilitar la venta del software de espionaje Pegasus durante su sexenio. La denuncia surge de una investigación publicada por el medio israelí The Marker, que vincula directamente al exmandatario con una red de corrupción para introducir el sistema en diversas instituciones mexicanas.

Según el reportaje, los empresarios israelíes Uri Emmanuel Ansbacher y Avishai Samuel Neriah habrían actuado como intermediarios para comercializar Pegasus con dependencias federales como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la extinta Procuraduría General de la República (PGR) y el desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). El pago millonario habría sido dirigido a una figura de alto nivel en el gobierno mexicano, identificada en documentos judiciales como “el hombre mayor” o “el N”, en clara referencia a Peña Nieto.

La revelación surgió tras una disputa legal entre ambos empresarios, quienes rompieron relaciones comerciales y terminaron enfrentándose ante tribunales en Israel. En el proceso, Ansbacher exigió la devolución de parte del dinero entregado para las gestiones con el entonces presidente de México. El caso se complicó con la presentación de pruebas que vinculan el dinero a la obtención de contratos para Pegasus, un software conocido por haber sido utilizado para espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos.

Uno de los elementos clave del caso es el testimonio de un testigo protegido identificado como “Zeus”, excolaborador de la empresa fachada KBH, responsable de operar Pegasus en México. Según su declaración ante la Fiscalía General de la República, “El Patrón”, como se refería al expresidente Peña Nieto, ordenaba personalmente a quiénes se debía espiar. Las listas de objetivos, entre los que figuran periodistas como Carlos Loret de Mola, Pedro Ferriz de Con y Héctor de Mauleón, eran entregadas al Cisen para su seguimiento.

Otro dato relevante en la trama es que Avishai Neriah fue nombrado Cónsul Honorario de México en Haifa, posición que habría utilizado para facilitar los contactos diplomáticos y políticos necesarios para concretar la venta del software.

Aunque el nombre de Peña Nieto no aparece de forma literal en los documentos judiciales, los apodos utilizados, el contexto de las gestiones y los testimonios recabados refuerzan la sospecha de que fue un actor central en el esquema de corrupción. Este escándalo se suma a las investigaciones que el exmandatario ya enfrenta por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y delitos electorales, mientras permanece en España, donde reside desde el fin de su mandato.

La Fiscalía General de la República no ha emitido aún un pronunciamiento oficial sobre estas nuevas acusaciones, pero se espera que el testimonio del testigo protegido y los documentos internacionales formen parte de una nueva línea de investigación que podría comprometer seriamente al expresidente.

La compra y operación de Pegasus en México ha sido ampliamente criticada por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, al haber sido utilizada para vigilar de forma ilegal a voces críticas del poder. Con esta revelación, el caso toma una nueva dimensión que apunta directamente al más alto nivel del gobierno en el sexenio 2012-2018.

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