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Cae candidato presidencial de Guatemala por narcotráfico

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Las autoridades de Estados Unidos arrestaron hoy al candidato a presidencial guatemalteco Mario Estrada Orellana, quien fue acusado este mismo miércoles en una corte federal de Nueva York de conspirar para importar cocaína.

Estrada, del partido Unión del Cambio Nacional (UCN, derecha), fue arrestado en Miami (Florida) y también fue acusado, junto a Juan Pablo González Mayorga, de conspirar para usar y poseer fusiles. De resultar culpables enfrentan una condena de entre diez años hasta cadena perpetua, señaló la Fiscalía del distrito sur de Manhattan en un comunicado.

De acuerdo con el texto, desde diciembre del 2018 la agencia antidrogas de EU (DEA) ha estado investigando a varios individuos por intentar solicitar dinero de carteles de la droga para apoyar la campaña presidencial de Estrada.

Indica además que durante algunas de estas negociaciones, que se realizaron en Guatemala y Florida este año, miembros de ese grupo, incluyendo a Estrada, de 58 años, y a González, de 50, interactuaron con supuestos miembros y asociados del Cartel de Sinaloa, una poderosa organización internacional de tráfico de drogas de México, que eran fuentes confidenciales de la DEA.

Durante el curso de estas reuniones y otras comunicaciones, algunas de las cuales fueron grabadas en vídeo y audio, Estrada y González presuntamente pidieron millones de dólares al Cartel de Sinaloa, procedentes de la venta de drogas, para apoyar la campaña presidencial.

A cambio, se alega, acordaron que si Estrada ganaba las elecciones presidenciales de Guatemala, que tendrán lugar en junio, le proveería respaldo del Estado para las actividades de tráfico de drogas del cartel mexicano.

La Fiscalía asegura que los acusados acordaron proveer al cartel de Sinaloa acceso sin restricciones a aeropuertos y puertos marítimos en Guatemala para que pudieran transportar cocaína a través del país y por último a EU.

Igualmente, señala que Estrada ofreció presuntamente nombrar a miembros del cartel mexicano en posiciones de alto nivel en el Gobierno de Guatemala para impulsar las actividades del tráfico de droga de esa organización.

En particular, González habría asegurado a uno de los informantes que el cartel tendría influencia directa en los nombramientos de la secretaría de Interior, que supervisa a la Policía y la Defensa que tiene bajo su jurisdicción lo militar.

Incluso, afirman además que Estrada y González pidieron a los informantes de la DEA que contrataran sicarios para asesinar a los rivales políticos y asegurar así que Estrada fuera electo presidente de Guatemala, indica el comunicado.

Estrada y González identificaron a sus objetivos con nombres y acordaron proveer a los sicarios con armas de fuego, incluidos fusiles AK-47 para llevar a cabo los asesinatos.

Guatemala integra junto a Honduras y El Salvador el llamado Triángulo Norte centroamericano, considerado una de las zonas más violentas del mundo tanto por el aumento del narcotráfico y la presencia de aliados de los carteles mexicanos, como por la debilidad de las instituciones estatales.

El próximo 16 de junio, Guatemala elegirá a su futuro presidente y vicepresidente, en unos comicios que también suponen decidir por 160 diputados al Congreso, 340 corporaciones municipales y diputados para el Parlamento Centroamericano.

Estas elecciones serán las novenas de la era democrática que se instauró en Guatemala en 1986 con la llegada al poder del democratacristiano Vinicio Cerezo tras varias décadas de regímenes militares que se sucedieron en el poder mediante golpes de Estado y fraudes electorales.

Desde entonces, siete civiles han estado en el poder, pero en 2012 llegó a la Presidencia el general retirado Otto Pérez Molina, quien renunció en el año 2015 tras ser denunciado por corrupción y en la actualidad está preso junto a su vicepresidenta, Roxana Baldetti.

Excelsior

Nota Principal

Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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