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Podrían encarcelar a doctores que practiquen abortos en EU

Alabama podría convertirse en una de las primeras entidades en aprobar una ley que implicaría una sentencia de cárcel a los doctores que practiquen abortos, incluso en casos de violación e incesto.

La medida, aprobada por la Cámara de Representantes del estado dominado por los republicanos, preveé penas de entre 10 y hasta 99 años a los profesionales de la salud que participen en la interrupción de embarazos.

La única excepción será en casos en el que las madres estén en un serio riesgo de fallecer debido al embarazo, o cuando se determine que el producto no podrá sobrevivir fuera de la matriz, por alguna condición “letal”.

La importancia de esta legislación, sin embargo, trasciende más allá de afectar a las mujeres que busquen practicar el aborto en su estado.

La intención final de los ultraconservadores estadounidenses, que ya se apoderaron de la Suprema Corte de Justicia norteamericana gracias a los esfuerzos de Trump, es prohibir eventualmente todos los casos de aborto en los Estados Unidos.

En 1973, el caso “Roe v. Wade” dictaminó la legalidad del aborto en el país norteamericano. Desde entonces, grupos fundamentalistas y republicanos han intentado dar marcha atrás a este logro alcanzado por las mujeres estadounidenses.

sdp noticias

México

Explota escándalo internacional: acusan a Peña Nieto de recibir 25 mdd por venta de Pegasus en México

El expresidente Enrique Peña Nieto vuelve al centro del huracán tras revelarse que habría recibido un soborno de 25 millones de dólares por facilitar la venta del software de espionaje Pegasus durante su sexenio. La denuncia surge de una investigación publicada por el medio israelí The Marker, que vincula directamente al exmandatario con una red de corrupción para introducir el sistema en diversas instituciones mexicanas.

Según el reportaje, los empresarios israelíes Uri Emmanuel Ansbacher y Avishai Samuel Neriah habrían actuado como intermediarios para comercializar Pegasus con dependencias federales como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la extinta Procuraduría General de la República (PGR) y el desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). El pago millonario habría sido dirigido a una figura de alto nivel en el gobierno mexicano, identificada en documentos judiciales como “el hombre mayor” o “el N”, en clara referencia a Peña Nieto.

La revelación surgió tras una disputa legal entre ambos empresarios, quienes rompieron relaciones comerciales y terminaron enfrentándose ante tribunales en Israel. En el proceso, Ansbacher exigió la devolución de parte del dinero entregado para las gestiones con el entonces presidente de México. El caso se complicó con la presentación de pruebas que vinculan el dinero a la obtención de contratos para Pegasus, un software conocido por haber sido utilizado para espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos.

Uno de los elementos clave del caso es el testimonio de un testigo protegido identificado como “Zeus”, excolaborador de la empresa fachada KBH, responsable de operar Pegasus en México. Según su declaración ante la Fiscalía General de la República, “El Patrón”, como se refería al expresidente Peña Nieto, ordenaba personalmente a quiénes se debía espiar. Las listas de objetivos, entre los que figuran periodistas como Carlos Loret de Mola, Pedro Ferriz de Con y Héctor de Mauleón, eran entregadas al Cisen para su seguimiento.

Otro dato relevante en la trama es que Avishai Neriah fue nombrado Cónsul Honorario de México en Haifa, posición que habría utilizado para facilitar los contactos diplomáticos y políticos necesarios para concretar la venta del software.

Aunque el nombre de Peña Nieto no aparece de forma literal en los documentos judiciales, los apodos utilizados, el contexto de las gestiones y los testimonios recabados refuerzan la sospecha de que fue un actor central en el esquema de corrupción. Este escándalo se suma a las investigaciones que el exmandatario ya enfrenta por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y delitos electorales, mientras permanece en España, donde reside desde el fin de su mandato.

La Fiscalía General de la República no ha emitido aún un pronunciamiento oficial sobre estas nuevas acusaciones, pero se espera que el testimonio del testigo protegido y los documentos internacionales formen parte de una nueva línea de investigación que podría comprometer seriamente al expresidente.

La compra y operación de Pegasus en México ha sido ampliamente criticada por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, al haber sido utilizada para vigilar de forma ilegal a voces críticas del poder. Con esta revelación, el caso toma una nueva dimensión que apunta directamente al más alto nivel del gobierno en el sexenio 2012-2018.

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