Chihuahua

Resuelven improcedente la solicitud de revocación de mandato para Javier Corral

En su 5ta Sesión Extraordinaria, el Consejo Estatal del Instituto Estatal
Electoral de Chihuahua (IEE) resolvió como improcedente la solicitud de revocación de
mandato en relación al titular del Ejecutivo del Estado, toda vez que afectaría el derecho
fundamental de seguridad jurídica del ciudadano que actualmente ocupa ese cargo.
Esto, en observancia al artículo 14 de la Constitución Federal, que consagra como un
derecho humano el que una ley no puede ser aplicada de manera retroactiva en perjuicio
de una persona.
La solicitud de revocación de mandato fue presentada ante el Instituto Estatal Electoral el
25 de marzo del 2019 por el ciudadano Oscar Humberto González Aguirre, en uso de la
Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua, que entró en vigor el 24 de
junio del 2018.
Una vez concluida la fase de revisión de los requisitos formales, se procedió al análisis de
ausencia de impedimentos legales, señalados en la Ley de Participación Ciudadana.
En este contexto, se advirtieron situaciones jurídicas anteriores a la expedición de la
citada Ley, como es el derecho humano a ser votado y permanecer en el cargo por el
periodo correspondiente. Esta garantía de seguridad jurídica no solo reside en la persona
que gana las elecciones, sino también en el derecho de votar de los ciudadanos que la
eligen como su representante.
De acuerdo con la propia Ley de Participación Ciudadana, no se puede someter a
consulta, a través de un instrumento de participación política, los actos que atenten o
vulneren los derechos humanos.
A la fecha en que el actual gobernador asumió el cargo, en octubre del 2016, no existía
norma que previera la posibilidad de terminar anticipadamente el mandato mediante la
consulta a la ciudadanía.
Por tanto, es improcedente la aplicación de un procedimiento que pueda afectar derechos
adquiridos por una ley anterior.

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Chihuahua

César Duarte acusa a CONAGUA de destruir infraestructura hídrica histórica en su rancho

El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, lanzó fuertes acusaciones contra la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), a quien responsabilizó de haber destruido una represa centenaria y varios pozos en su rancho El Saucito, afectando —según él— tanto la actividad productiva como el suministro de agua potable a comunidades rurales de la zona.

Acompañado de su equipo legal, Duarte denunció públicamente lo que calificó como “mentiras y abusos” por parte del organismo federal, asegurando que la represa demolida contaba con un permiso de construcción expedido hace más de cien años, en favor de su bisabuelo y previo al Tratado de Aguas con Estados Unidos. Por lo tanto, argumentó, su uso no debería estar sujeto a las restricciones actuales del acuerdo binacional.

“El agua se estaba utilizando para retenerse y evitar la evaporación antes de que llegara al Río Conchos. Lejos de afectar a las comunidades, esto ayudaba a los productores locales”, sostuvo Duarte ante medios de comunicación.

Entre los daños reportados, destacó también la demolición de varios pozos, incluyendo uno que —afirma— abastecía de agua potable a pobladores cercanos y que, según documentación, había sido legalmente reconocido por la CONAGUA desde 2006.

Asimismo, subrayó que el sistema hídrico del rancho contaba con 67 bombas para distribuir agua destinada a las labores ganaderas de “familias vaqueras”, vitales para la economía rural de la región. A su juicio, las acciones del gobierno no solo carecen de sustento legal, sino que demuestran una actitud “destructiva” de las autoridades actuales.

“Estas autoridades nunca han producido nada en su vida. Solo saben destruir”, acusó el exmandatario estatal, quien también responsabilizó al gobierno federal y al estatal de haber emprendido actos arbitrarios que ponen en riesgo recursos esenciales para las comunidades del entorno.

Hasta el momento, ni la CONAGUA ni las autoridades estatales han emitido una postura oficial sobre los señalamientos de Duarte. La controversia se suma a una larga serie de tensiones en torno al uso y manejo del agua en el estado, especialmente en regiones donde el estrés hídrico y los conflictos por el recurso han ido en aumento.

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