Existen muchos momentos en una administración que ponen en duda la gobernabilidad, circunstancias de tensión que trastocan las instituciones, eventos de tal magnitud que llevan a la crisis y pueden terminar con un gobierno. El caso de Iguala significo para el sexenio pasado el punto de quiebre, a partir de ese momento fue la debacle, ni siquiera el pacto por México sonado con bombo y platillo al inicio de la administración o de la calificación externa que al inicio del sexenio gozaba Peña fue suficiente para atenuar la situación.

El 26 de septiembre de 2014, estudiantes de la Escuela Normal Rural trataron de tomar varios autobuses en Iguala para utilizarlos en su protesta cuando un grupo de policías locales y de individuos desconocidos abrieron fuego contra ellos. Seis personas fallecieron, 17 resultaron heridas y 43 estudiantes permanecen desaparecidos.  Los eventos cambiaron el rumbo de la historia e iniciaron un movimiento social grande, todos nos enteramos de alguna manera la cronología de los hechos, todos nos formamos alguna opinión al respecto. 

La exigencia y presión social era enorme, recordamos ruedas de prensa en donde los cuestionamientos eran tan incisivos que surgió el “ya me cansé” del fiscal, la declaración final de casi una hora de Murillo Karam, después del ajetreo político y mediático que los 43 normalistas de Ayotzinapa habrían sido asesinados y calcinados en el basurero del municipio de Cocula, según los testimonios de tres participantes materiales en el presunto multihomicidio presentados por la PGR. Sin embargo, la fiscalía aseguró que mantendría la condición de desaparecidos de los jóvenes mientras no se acreditara científicamente que los restos corresponden a las muestras genéticas aportadas por los familiares. Posteriormente los famosos peritos argentinos publican su informe al respecto y desmienten al fiscal, todos podemos aun leer el dictamen es público es cuestión de googlearlo. Iniciaron las dudas y cuestionamientos a la investigación, los señalamientos de muchos que acusaban de torturadores a elementos de la fiscalía.

El presidente López Obrador desde hace algún tiempo tomó la bandera del caso iguala, hablo con los padres y prometió resultados, la angustia de las familias es tan grande que aún con el paso del tiempo percibimos en cada evento donde ellos se hacen presentes, el pesar y la desesperación. Ya en el gobierno como una de sus primeras acciones el presidente anuncia la creación de La Comisión Presidencial para la Verdad y acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, definitivamente los nombres de programas y entes no es lo de este gobierno, cada denominación mas espantosa que la anterior.

Esta comisión tiene como fin según el decreto presidencial con fecha 04 de diciembre 2018 asistir a los familiares de las víctimas para que puedan hacer valer con efectividad sus derechos humanos, un correcto acceso a la justicia y al conocimiento de la verdad, siendo un mecanismo de coordinación política, con la finalidad de que ésta contribuya a materializar la instrucción dada a la Administración en el sentido de que todas las dependencias y entidades implementen los mecanismos necesarios a efecto de destinar y aplicar los recursos materiales, jurídicos y humanos que se requieran, con el objeto de fortalecer el ejercicio del derecho que los familiares de las víctimas tienen de conocer la verdad, esto último parafraseando el primer artículo del decreto.

Todo esto suena espectacular, pero no hemos visto avance alguno. En días pasado el rumbo de esta lamentable historia cambio radicalmente cuando vía YouTube empieza a circular un video de título ‘La verdad histórica Ayotzinapa’ que confirma el uso de la tortura como la principal herramienta de investigación en el caso de la desaparición de los 43 normalistas.

La grabación de poco más de un minuto, es clara, un hombre con ojos y nariz cubiertos con vendas y cinta canela, sentado en silla metálica y amordazado, fondo blanco, una voz lo interroga, de pie un hombre con uniforme de la policía ministerial federal y otro con camuflaje gris de la Secretaría de Marina portan los instrumentos de tortura: una bolsa de plástico, una chicharra eléctrica y una botella de agua.

La voz pregunta por las casas a donde “policías ministeriales” se habrían llevado a los “alumnos”. El hombre atormentado dice que los jóvenes fueron entregados en “Tomatal”, un punto carretero en la salida de Iguala a Chilpancingo, y llevados a Mezcala, el interrogador le pide que los lleve a esas casas, el torturado se estremece y gime: “No sé”. Los uniformados colocan la bolsa de plástico en la cara de la víctima, hacen palanca hacia atrás y vierten agua en su rostro. 

Esto causó revuelo, si hubo tortura en este caso, tal vez en todos los interrogatorios paso lo miso, y si fuera el caso debería de ordenarse la reposición del procedimiento. Esto apenas empieza y no se harán esperar movimientos grandes por parte de las familias y de los organismos que las acompañan, estaremos pendientes, pasa el tiempo y seguimos con los procedimientos arcaicos, las carpetas flojas, los ridículos mediáticos tipo el caso Florance Cassez, chivos expiatorios. La gente puso toda su fe en este nuevo gobierno, las familias entregaron el corazón, aun no hay resultados, esperemos que el presidente no tenga otros datos y ahora sí, tome el toro por los cuernos, la fe mueve montañas, la fe mueve a la gente a las urnas, pero la fe no arma carpetas, no resuelve casos, la fe no se presenta ante el juez, eso le toca a esta administración que prometió la verdad histórica, esperemos así sea.