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México

‘CNDH, sin autoridad moral por silencio en violaciones a DH’

El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, calificó de «hipócrita» la actitud de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) debido a que nunca hizo nada por denunciar los abusos cuando el estado mexicano era el principal violador de las garantías fundamentales.

Al recordar casos lamentables como el incendio de la Guardería ABC ocurrido el 2009 y la desaparición de los 43 jóvenes normalistas en Ayotzinapa, Guerrero, perpetrada en 2014, el presidente de México cuestionó duramente el papel del organismo autónomo en tragedias como las señaladas e hizo un señalamiento respecto al cambio en la forma de trabajo que tuvo la comisión encabezada por Luis Raúl González Pérez una vez que inició la presente administración federal.

El presidente consideró que si bien respeta al organismo y éste puede tomar sus propias decisiones, no es lógico que se emita una recomendación contra su gobierno por el caso de las estancias infantiles y el mismo organismo no haya hecho nada para impulsar el castigo a los responsables de la muerte de 49 bebés.

«Yo a la Comisión de Derechos Humanos le respeto, no considero que tengan mucha autoridad moral porque guardaron silencio cómplice cuando el estado era el principal violador de los derechos humanos; entonces, ahora con nosotros actúan de otra forma, de todas formas es su trabajo y lo vamos a respetar, pero no me gusta la hipocresía, no es posible que no hayan hecho nada para que se investigara lo de la Guardería ABC y a nosotros nos manden una recomendación por las estancias infantiles, cuando lo que se busca es que no suceda lo que desgraciadamente pasó con la Guardería ABC» destacó el jefe del ejecutivo federal.

El presidente de México sostuvo que se trata de «el mundo al revés» porque quienes defienden derechos humanos están promoviendo una posible violación a los mismos en la recomendación 29/2019, además de que se defiende el sistema de la subrogación.

En cuanto a la interposición de acciones de inconstitucionalidad contra las leyes secundarias de la Guardia nacional, el presidente López Obrador se expresó en el mismo sentido de que respeta el actuar de la CNDH, pero estima que sus resultados han sido escasos frente a casos que han conmocionado al país.

Excelsior

México

Avanza nueva Ley de Telecomunicaciones en el Senado: oposición advierte riesgo de censura y espionaje

El Senado de la República aprobó en lo general y lo particular la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, impulsada por Morena y sus aliados, en una sesión extraordinaria que terminó con 77 votos a favor y 30 en contra, principalmente del PRI y del PAN, quienes alertaron sobre riesgos de censura, vigilancia masiva y concentración de poder por parte del Estado.

Durante el debate, se presentaron 20 reservas, de las cuales sólo se aceptaron cuatro: dos del morenista Javier Corral y dos del senador Ricardo Sheffield. Estas últimas incorporan facultades para que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones —nuevo órgano autónomo creado por esta ley— vigile los costos de los equipos de telefonía móvil y evite incrementos injustificados.

El dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y posible aprobación. Entre los puntos más polémicos se encuentra la facultad de suspender transmisiones de radio y televisión bajo criterios aún considerados ambiguos por la oposición, y la posibilidad de crear un registro de líneas de telefonía móvil, que algunos senadores calificaron como una amenaza a la privacidad.

El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, sostuvo que aunque Morena eliminó del dictamen el artículo 109 —que planteaba el bloqueo de plataformas digitales—, esto se debió a la presión ciudadana, no a una convicción democrática. «Pusieron a temblar al gobierno. Los dobló la presión ciudadana», dijo desde tribuna. Aun así, insistió en que persisten mecanismos de control estatal que buscan acallar voces críticas.

En ese mismo sentido, el dirigente nacional del PRI y senador, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que esta reforma representa “una guía de bolsillo para fortalecer un régimen antidemocrático, dictatorial”, al permitir al Estado vigilar a los ciudadanos, controlar los medios de comunicación y restringir la libertad de expresión. «Ustedes están destruyendo la República», acusó.

En defensa del dictamen, el senador Manuel Huerta (Morena) respondió que la ley “no espía, no persigue, no censura”, sino que garantiza que las telecomunicaciones estén al servicio del pueblo y no de intereses económicos particulares. Por su parte, Jorge Carlos Ramírez Marín (PVEM) argumentó que el registro de líneas ya está contemplado en el artículo 190 de la ley vigente, y desestimó las acusaciones de que se trata de un «Big Brother».

Uno de los cambios relevantes del dictamen fue la eliminación de la censura previa de contenidos de medios internacionales a través de la Secretaría de Gobernación, medida que habría violado el capítulo 18.18 del T-MEC. Además, se sustituyó la polémica Agencia de Transformación Digital por una Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, con independencia técnica y operativa, aunque con integrantes propuestos por la Presidencia y ratificados por el Senado, lo que motivó críticas por un posible conflicto constitucional.

La senadora Claudia Anaya (PRI) advirtió que estos nombramientos serían ilegales, ya que el artículo 76 de la Constitución no faculta al Senado para ratificar integrantes de órganos reguladores como el que se plantea.

En paralelo, se determinó que la autoridad en materia de competencia económica quedará sectorizada en la Secretaría de Economía, que en conjunto con tribunales especializados decidirá sobre casos de poder sustancial o preponderancia en el sector.

Mientras tanto, la Agencia de Transformación Digital, ahora con funciones reducidas, será responsable de la política estatal de cobertura social, acceso satelital y aprovechamiento del espectro, sin excluir su participación como proveedor comercial.

La discusión en la Cámara de Diputados será clave para definir el rumbo de esta polémica reforma que, pese a los ajustes realizados, sigue dividiendo a los actores políticos y a la opinión pública.

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