(Colectivo 23 de Marzo).– El día 23 de marzo del 2017, antes de las 6:50 de la mañana, en la ciudad de Chihuahua, la periodista Miroslava Breach Velducea esperaba a bordo de su camioneta a su hijo para llevarlo a la escuela, cuando un hombre se acercó caminando y le disparó a través del parabrisas y la ventana del piloto. Disparó ocho tiros que le provocaron heridas en los brazos, la cara, el cuello. Luego, el asesino regresó sobre la banqueta por la que había llegado y se dio a la fuga en un auto que lo esperaba a pocas cuadras.

La hija mayor de Breach salió de la casa tras escuchar los disparos y los gritos de su hermano. Encontró a su madre inclinada hacia el lado del copiloto, inerte. Llamó una ambulancia, pero antes llegó la policía. Su madre ya había fallecido.

Muy pronto se supo que la víctima era la veterana corresponsal del diario nacional La Jornada, respetada columnista y ex jefa editorial del diario El Norte de Ciudad Juárez; una valiente y sagaz reportera de 54 años que, a pesar de haber recibido amenazas, mantuvo la labor de documentar la narcopolítica, en ese estado al norte de México convulsionado por los enfrentamientos entre grupos armados que crecieron al amparo de los poderes políticos. El ataque, sin duda, fue dirigido, planeado, profesional.

El recién estrenado Gobernador Javier Corral, viejo amigo de Miroslava, prometió que la investigación sería un “modelo nacional” para esclarecer crímenes contra periodistas, una ambiciosa promesa en un país donde 99 por ciento de estos casos queda impune. La línea de las pesquisas, dijo dos días después, sería la narcopolítica.

“El crimen fue milimétricamente planeado, fue un silenciamiento de su trabajo periodístico, y digo esto porque hubo un trabajo frontal sobre esos vínculos de la narcopolítica”, dijo Corral a la revista Proceso.

La versión era creíble. Miroslava había escrito sobre la colusión entre gobiernos y grupos del crimen organizado —la llamada “narcopolítica”— y la impunidad con la que éstos operan en la región montañosa del estado. Entre 2015 y 2017, publicó siete textos (entre columnas y reportajes) en los que mencionó especialmente a un grupo criminal que opera en el municipio de Chínipas, y que controla la serranía limítrofe con el estado de Sonora y el sur de dicha entidad.

Es un clan familiar que se nombra como Los Salazar, Los Salazares, o Gente Nueva Salazar, que trabaja para el llamado Cártel de Sinaloa, es decir, para la estructura criminal del caído Chapo Guzmán, recientemente condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. El fundador, Adán Salazar Zamorano, un criminal en la lista de los más buscados por la agencia estadounidense antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), y su hijo Alfredo Salazar Ramírez, se encuentran en prisiones de alta seguridad.

Desde el año 1999 ella había publicado notas esporádicas sobre la incursión del grupo en Chihuahua, los retenes que imponía en la sierra, las rutas que abría para el tráfico de marihuana y cocaína, y la protección que recibía de distintas autoridades. En 2015 informó sobre el desplazamiento forzado de las comunidades por la violencia generada por estos criminales, a los que conocía bien pues, al igual que la familia Salazar, ella también era oriunda del pueblo de Chínipas y se había criado al sur de Sonora.

En las elecciones en las que resultó electo Corral, ella, junto a la corresponsal de la revista Proceso, habían logrado descarrilar dos candidatos a presidentes municipales del Partido Revolucionario Institucional (PRI, el partido que entonces gobernaba al país), pues el mismo día de marzo de 2016 publicaron que eran familiares de narcotraficantes. Específicamente la suegra de Arturo Quintana, apodado El 80, un líder regional del Cártel de Juárez postulada para alcaldesa de Bachíniva; y en Chínipas, Juan Salazar Ochoa, Juanito, sobrino de Adán Salazar, precandidato a la alcaldía.

Fuente: SinEmbargo