Empleados de mantenimiento o limpieza, secretarias, recepcionistas, mensajeros, veladores, choferes de mudanzas, estilistas, y hasta un albañil analfabeta. Todos empleados de un despacho de contadores y personas de bajos recursos que fueron convertidos, en el papel, en flamantes empresarios con la complicidad de notarios públicos.
Fue una simulación a la que siguió otra: la de funcionarios que fabricaron licitaciones que nunca ocurrieron, por bienes que no se entregaron, y donde incluso se expidieron contratos con firmas falsificadas para que los mencionados “empresarios” no se enteraran que se les adjudicaban millones y millones de pesos del erario.
Así se fraguó y ejecutó uno de los mayores desfalcos de recursos públicos de los que haya registro en México: el desvío de más de 3 mil 600 millones de pesos a través de empresas fantasma en el gobierno de Javier Duarte en Veracruz.
Se trata del fraude revelado en su momento por Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad pero que ahora es confesado directamente por 17 de los implicados, entre accionistas de las empresas fachada y exfuncionarios, en declaraciones rendidas ante la Fiscalía General de Justicia del Estado.
Las declaraciones fueron recabadas entre enero y marzo de este año por la Fiscalía y forman parte del expediente con el cual se solicitó a un juez órdenes de aprehensión en contra de 25 personas, entre los que se encuentra el exdiputado federal del PRI Antonio Tarek Abdalá y el contador Víctor Manuel López Gachuz, propietario del despacho de contadores implicado en la creación de las empresas fachada.
Por ahora las investigaciones de la Fiscalía se han centrado en los pagos por poco mas de 100 millones de pesos que salieron del DIF de Veracruz a seis empresas fantasma, en los dos primeros años del sexenio de Duarte y con Karime Macías al frente de ese organismo.
Los testimonios arrojan elementos nuevos o confirman otros, como por ejemplo las actuaciones irregulares de los notarios públicos que constituyeron estas empresas dando fe de hechos que eran falsos, y el involucramiento del despacho de contadores.
Hay además la declaración de la exjefa de licitaciones del DIF Veracruz en la que señala que en 2017 quiso confesar ante la autoridad todo lo que había ocurrido tras los reportajes publicados, pero que no lo hizo pues su exjefe le advirtió que “se meterían en problemas” y que detrás de todo había “personas peligrosas”. Hoy, señala que teme por su vida y la de su familia.
10 de las 25 personas en contra de las que se giraron las órdenes de aprehensión ya fueron detenidas. Este jueves, un juez determinó vincularlos a proceso por diversos delitos entre ellos el de asociación delictuosa. Tarek y Gachuz continúan prófugos.
