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Austeridad ya llegó a su límite, urge recurrir al financiamiento: Líder de Morena

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Las medidas de austeridad implementadas por el gobierno fueron positivas y sirvieron para que hubiera disciplina en las finanzas públicas, sin embargo, los recortes ya llegaron a su límite y serán insuficientes para financiar el mayor gasto para atender la pandemia del coronavirus y apoyar a los millones de desempleados, sostuvo el presidente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar.

Ante este panorama, consideró que es “urgente” que el gobierno recurra al endeudamiento, para lo cual debe haber una discusión y un acuerdo sobre cuánto debe ser la deuda, cuándo y quién la pagará, de lo contrario, advirtió que se pone en riesgo la continuidad de diversas políticas públicas enfocadas en el bienestar social.

“Tenemos con urgencia que recurrir a la línea de financiamiento, creo que no tenemos de otra, el gobierno está haciendo hasta lo imposible por no recurrir a las líneas de financiamiento, pero creo que ya poco a poco hemos llegado a la conclusión de que podemos acabarnos todos los ahorros que hay en los fondos federales, incluso, si se quiere ver así nos vamos a terminar las coberturas petroleras”, sostuvo.

Al participar en el seminario virtual «Contraste de propuestas para enfrentar la crisis del COVID-19», organizado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), afirmó que, debido a la contracción de la economía y la caída de los ingresos petroleros, donde hay un “foco rojo, muy rojo”, este año habrá una insuficiencia “muy grande” en la recaudación y es probable que no se logren las metas aprobadas en la Ley de Ingresos de la Federación 2020.

“Ya todos llegamos a la conclusión de que reducir 75 por ciento el gasto de los capítulos 2000 y 3000 nos dará poco menos de 60 mil millones de pesos, de ahí no podemos sacar mucho, ya se demostró que la austeridad es un mecanismo de racionalidad del gasto, pero no nos va a permitir detonar el crecimiento”, subrayó.

Ramírez Cuéllar dijo que el endeudamiento es necesario para atender el sector salud, pero también para atender “la tragedia del desempleo”, lo que obliga al gobierno a poner en marcha todas las medidas necesarias para apoyar el empleo y a las empresas, pero, sobre todo, a pequeños negocios.

“Creo que hoy más que nunca hay la necesidad de reforzar y salvar la actividad de muchas unidades de producción, de micro y pequeños negocios que son fundamentales para garantizar que cuando pase la emergencia, los trabajadores puedan reincorporarse y se reactive la actividad económica y tener un efecto menos negativo en el impacto que estamos viendo en estos momentos”, expresó.

En tanto, Rodolfo de la Torre, director de Desarrollo Social con Equidad del CEEY, se pronunció por fortalecer el gasto en salud y dar apoyos al empleo formal que, en este caso, podrían ser apoyos enfocados a prevenir más desempleo, “debe haber mayor énfasis en transferencias temporales y esto requiere gasto público”.

Mariana Campos, coordinadora del programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, apoyó la propuesta de buscar un endeudamiento del orden del 3 por ciento del PIB para apoyar la salud y el mercado laboral, el cual se podría pagar con el Remanente de Operación del Banco de México que se obtendrá el próximo año y será entregado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Norma Samaniego, economista independiente, dijo que México podría replicar los acuerdos de otros países en donde, para apoyar el empleo durante el periodo en que no hay trabajo, la empresa aporta una parte del salario de los trabajadores, el gobierno otra parte y el trabajador, incluso, puede acceder a disminuir su salario para preservar el empleo.

Fuente: El Financiero

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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