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¿Por qué la protesta antorchista ante el cabildo poblano? Por Aquiles Córdova Morán

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Nuestro país, no me cansaré  de repetirlo, sufre graves problemas que, a primera vista, pueden parecer aislados, inconexos y sin ninguna  relación entre sí, pero que, en realidad, tienen en común, en primer lugar, su idéntica naturaleza estructural y, en segundo, que casi todos ellos brotan y se nutren de la misma causa eficiente (Aristóteles dixit): la pobreza lacerante de las mayorías que, a su vez, es consecuencia directa del injusto reparto de la renta nacional, que nos ubica entre las naciones más inequitativas y desiguales del mundo. De la misma matriz brotan problemas tan aparentemente  disímbolos como el explosivo e indetenible crecimiento del crimen, organizado o no; la “plaga” del ambulantaje y sus hermanos gemelos, la “piratería” y el contrabando, que roban el sueño a los señores comerciantes “establecidos”; la dolorosa emigración de la flor y nata de nuestra fuerza laboral (que, si se ha contraído últimamente, es porque los norteamericanos cerraron su frontera, y no porque haya mejorado la situación del empleo y los salarios en el país); y de allí nacen también carencias sociales como la pésima atención de la salud de los pobres, los vergonzosos resultados del sistema educativo nacional, la deficiente y dañina alimentación, que nos tiene en el primer lugar de obesidad infantil en el mundo, el rezago en materia de vivienda, agua potable, energía en los hogares, drenaje, pavimento y un transporte barato, cómodo y seguro para quienes no tienen automóvil propio, entre otros.

Todo esto es innegable y evidente para cualquiera, pero por eso mismo resulta molesto, irritante, y altera la digestión de muchos que, por eso, quisieran que se callase, o, cuando menos, que se “atemperase” en el discurso “para no echar gasolina al fuego”, dicen. Y es justamente esta política del avestruz (que, dicen sus enemigos, entierra la cabeza en la arena para no ver a su perseguidor, creyendo que eso basta para conjurar el peligro), la causa de que tales problemas, que con todo y ser inmensos serían una desgracia a medias si los atacásemos con valor y en su verdadera raíz, se conviertan en una desgracia completa que pone en riesgo al país entero. Y lo peor es que a la numerosa familia de los aprendices de avestruz pertenece un buen número de gobernantes y de funcionarios ubicados en los tres niveles de gobierno, destacados gerifaltes de los llamados “poderes fácticos”, que mucho influyen en las decisiones del gobierno, y (ya sea por conveniencia o por convicción) lo más granado de los medios masivos de comunicación, que hacen eco a los poderosos y los alientan a perseverar en su soberbia y en su desastrosa miopía política. En tales circunstancias, los pobres, con toda su miseria a cuestas, se hallan absolutamente solos, desamparados y atacados desde todos los flancos por fuerzas muy superiores y mucho más pérfidas que las suyas.

Y no hay que ir a Roma por un ejemplo que ilustre a cabalidad lo dicho. Tengo a mano el caso de la protesta pública que los antorchistas poblanos vienen realizando, de pocos días a la fecha, ante el H. Ayuntamiento de la capital, encabezado por el joven político panista Eduardo Rivera, en demanda de que atiendan y den respuesta positiva a viejas peticiones que surgen, precisamente, de la extrema pobreza en que viven los solicitantes. ¿Qué piden? Pavimentos, electrificación, banquetas, mejoramiento a la vivienda, drenaje, mejores servicios de salud, mejor educación para sus hijos; es decir, apenas lo elemental para vivir como seres humanos. Pero, por increíble que parezca, en vez de una solución justiciera, lo que han recibido es una furiosa andanada de ataques mediáticos, a cual más falso e injurioso, basados todos en una intencionada y malévola distorsión de los hechos y de las intenciones de los inconformes y de sus dirigentes, atropellando sin rubor el más elemental decoro de su profesión y cualquier principio de racionalidad y coherencia discursiva, que dé validez mínima a sus señalamientos, críticas y acusaciones. Ninguno de tales ataques vale siquiera el papel barato en que está escrito, menos el esfuerzo serio para desmentirlo. Se trata de un inmundo montón de basura y detritus orgánicos de sus autores, bueno apenas para una antología de la venalidad y de la sumisión interesada y cobarde ante el poder, al mismo tiempo que del desdén y la arrogancia ante los humildes y sus modestos intereses. Y eso sin fijarse en la desvergüenza de algunos de sus autores, que pretenden dar lecciones de moral y de congruencia política a los demás, cuando el mundo entero sabe que de qué tamaño es el rabo que ellos vienen arrastrando desde siempre.

A la lluvia escatológica de los medios hay que sumar, todavía, las “declaraciones” del señor Presidente Municipal y de su Secretario de Gobierno, entre otros, que han salido a declamar el viejo y sobado cuento de que “no negocian bajo presión”, ni con marchas, plantones y “gritos callejeros”, pues “su gobierno siempre ha privilegiado el diálogo”. Y es curioso que, precisamente en este punto, coincidan los funcionarios mencionados con los señores de la prensa, lo que pone al descubierto el origen y la paternidad de los “argumentos” de estos últimos. Pero más curioso todavía resulta el hecho de que ninguna de ambas partes atacantes parezca interesada en documentar y exhibir la breve historia del conflicto, único camino válido para probar que los inconformes mienten cuando afirman que han salido a la calle sólo como último recurso, sólo después de haber agotado, hasta el hartazgo y la náusea, los recursos convencionales de las aburridísimas antesalas, las numerosas vueltas, las “mesas de diálogo” infructuosas, etc., que sólo arrojaron promesas incumplidas una y otra vez. Y no lo hacen porque saben bien que, en ese caso, quedaría al descubierto que el rollo de poner por las nubes “el diálogo” que ellos mismos han manoseado y desprestigiado es una simple muletilla hueca, una burda maniobra mediática para descalificar a los que protestan y para legitimar su negativa a resolver sus demandas.

Finalmente: ¿por qué nadie aborda de frente el carácter y la legitimidad de las demandas, salvo para mentir y burlarse de ellas y de quienes las enarbolan? ¿Son ciertas o falsas, justas o injustas, legítimas o ilegítimas? Y si son ciertas, justas y legítimas, ¿por qué no las resuelven? La respuesta es que la jauría mediática y quienes la tienen de la correa, saben que este no es el terreno más favorable a su “guerrita” mediática de engaños y falsedades; que son arenas movedizas en las que pueden naufragar y cubrirse de ridículo si lo intentan. Pero este silencio sobre los antecedentes del conflicto y sobre el carácter de sus demandas, grita más alto que toda la campaña de lodo que los antorchistas dicen verdad y tienen la razón y la justicia de su parte, y que quienes se niegan a tomarlos en cuenta y los atacan con tan innobles armas, son parte de la fauna imitadora del avestruz: no es necesario enfrentar y resolver los problemas; basta con ignorarlos y sepultarlos bajo una montaña de basura y excremento, para acabar con ellos. Los antorchistas, por eso, seguiremos luchando al lado del pueblo pobre, con todas nuestras capacidades, mientras nos queden fuerzas para hacerlo. No hay de otra.

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Siete voces, siete silencios. Por Caleb Ordóñez Talavera

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El desayuno se interrumpió con el sonido seco de los disparos. Alejandro Leyva apenas tuvo tiempo de reaccionar. Estaba sentado en una fonda del fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla, Oaxaca, en una mañana que parecía igual a cualquier otra. Entonces llegaron hombres armados en motocicleta. Apuntaron directo. Dispararon sin titubeos. Tres impactos, principalmente en la parte superior del cuerpo, bastaron para arrebatarle la vida casi de inmediato. Una mujer que se encontraba en el lugar también resultó herida. Los agresores huyeron con la misma rapidez con la que aparecieron. En cuestión de segundos, lo cotidiano se convirtió en tragedia.

Alejandro Leyva no era un desconocido. Había dirigido la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, escribía la columna El Zumbido del Moscardón y, sobre todo, era una voz incómoda para el poder. En sus espacios criticaba la corrupción, denunciaba la violencia y cuestionaba decisiones del gobierno estatal. Incluso había denunciado amenazas y actos de intimidación en su contra desde tiempo atrás. Quienes hoy investigan el caso saben que no puede ignorarse ninguna línea relacionada con su actividad periodística. La Fiscalía General de la República ya atrajo la investigación.

Con él ya son siete periodistas asesinados en México durante este año.

Siete.

Es una cifra que debería provocar una crisis nacional. Sin embargo, en México, lamentablemente, ya aprendimos a recibir este tipo de noticias con total resignación. Ya no nos duele. Esa quizá sea la peor derrota.

Este crimen no es un caso aislado. Es la continuación de un patrón que este país se niega a romper, y por eso vale la pena detenerse a pensar en lo que realmente significa.

Porque el problema nunca ha sido únicamente el número de periodistas asesinados. El verdadero drama es que, detrás de cada crimen, existe un mensaje mucho más profundo: hay regiones enteras donde informar se convirtió en una actividad de alto riesgo.

Durante años, el periodista mexicano dejó de preocuparse únicamente por verificar datos, conseguir entrevistas o publicar exclusivas. Hoy también debe preguntarse si una investigación pondrá en riesgo a su familia, si un reportaje provocará amenazas, si una llamada desconocida puede cambiarle la vida o si una publicación en redes sociales bastará para convertirse en objetivo de alguien.

Esa no es una democracia sana.

México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de contextos formales de guerra. Y lo más preocupante es que esa realidad ya no distingue entre periodistas nacionales, reporteros comunitarios, conductores de radio, fotógrafos, columnistas o creadores de contenido que investigan asuntos públicos. Quien incomoda al crimen organizado, a intereses económicos o al poder político puede terminar enfrentando amenazas, campañas de desprestigio, demandas judiciales, vigilancia o, en el peor de los casos, la muerte.

Pero, ¿Por qué ocurre?

Porque la impunidad sigue siendo el mejor aliado de quienes quieren callar voces. Porque demasiados asesinatos permanecen sin castigo. Porque muchas amenazas jamás llegan a investigarse seriamente. Porque los mecanismos de protección suelen reaccionar cuando el riesgo ya escaló demasiado. Y porque, en numerosas regiones del país, el crimen organizado, los intereses políticos y la debilidad institucional terminan cruzándose peligrosamente.

Cada periodista asesinado envía, además, un mensaje devastador a las nuevas generaciones.

¿Qué joven de veinte años decidirá investigar corrupción municipal si observa que hacerlo puede costarle la vida?

¿Qué estudiante de comunicación apostará por el periodismo de investigación cuando descubre que quienes revelan información incómoda terminan necesitando escoltas (que nunca tendrá), cambiando de ciudad o siendo asesinados?

Cuando matan a un periodista no solamente eliminan una voz. También intentan sembrar miedo entre quienes todavía no empiezan a ejercer.

Y eso termina empobreciendo a toda la sociedad.

Porque cuando desaparecen periodistas independientes, también desaparecen historias que jamás conoceremos. Desaparecen denuncias de corrupción, investigaciones sobre desvío de recursos, vínculos criminales, abusos de autoridad o violaciones de derechos humanos. El silencio siempre beneficia a alguien. Nunca beneficia a los ciudadanos.

Por eso, la defensa de la libertad de expresión no puede recaer únicamente en los periodistas.

También corresponde a la sociedad. Cada ciudadano tiene la responsabilidad de defender el derecho a estar informado. Eso significa valorar el periodismo serio, exigir investigaciones imparciales, rechazar la desinformación y comprender que una prensa crítica no es enemiga del gobierno, sino un contrapeso indispensable para cualquier democracia.

Y, desde luego, el Estado tiene obligaciones mucho más grandes. Pues no basta con emitir comunicados de condena después de cada asesinato. No basta con prometer investigaciones exhaustivas. Tampoco basta con atraer expedientes a instancias federales cuando la indignación ya ocupa los titulares.

El gobierno debe garantizar investigaciones rápidas, independientes y profesionales; fortalecer realmente los mecanismos de protección; castigar tanto a autores materiales como intelectuales y construir condiciones para que ningún periodista tenga que elegir entre publicar una información o conservar la vida.

Porque cuando el miedo dicta qué puede publicarse, la democracia comienza a perder terreno.

No los olvidamos.

Esta columna está dedicada a quienes ya no podrán volver a escribir una nota, tomar una fotografía o encender un micrófono este año: Carlos Castro, asesinado en Poza Rica el 8 de enero; Juan David Gámez, en Nuevo León el 18 de marzo; Roxana Guzmán, secuestrada el 2 de junio y encontrada sin vida semanas después; Luis Ángel López, asesinado en Poza Rica el 11 de junio; Alex Serna, en Zihuatanejo el 3 de julio; Josué Martínez, en Puebla el 16 de julio; y ahora Francisco Alejandro Leyva Aguilar, en Oaxaca.

Siete nombres.

Siete familias.

Siete historias interrumpidas.

Pero también siete razones para no acostumbrarnos.

Porque el día que dejemos de indignarnos por un periodista asesinado habremos aceptado que en México la verdad tiene precio. Y una nación que permite que maten a quienes la cuentan corre el riesgo de quedarse, para siempre, sin quien la narre.

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