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Opinión

¿Por qué la protesta antorchista ante el cabildo poblano? Por Aquiles Córdova Morán

Nuestro país, no me cansaré  de repetirlo, sufre graves problemas que, a primera vista, pueden parecer aislados, inconexos y sin ninguna  relación entre sí, pero que, en realidad, tienen en común, en primer lugar, su idéntica naturaleza estructural y, en segundo, que casi todos ellos brotan y se nutren de la misma causa eficiente (Aristóteles dixit): la pobreza lacerante de las mayorías que, a su vez, es consecuencia directa del injusto reparto de la renta nacional, que nos ubica entre las naciones más inequitativas y desiguales del mundo. De la misma matriz brotan problemas tan aparentemente  disímbolos como el explosivo e indetenible crecimiento del crimen, organizado o no; la “plaga” del ambulantaje y sus hermanos gemelos, la “piratería” y el contrabando, que roban el sueño a los señores comerciantes “establecidos”; la dolorosa emigración de la flor y nata de nuestra fuerza laboral (que, si se ha contraído últimamente, es porque los norteamericanos cerraron su frontera, y no porque haya mejorado la situación del empleo y los salarios en el país); y de allí nacen también carencias sociales como la pésima atención de la salud de los pobres, los vergonzosos resultados del sistema educativo nacional, la deficiente y dañina alimentación, que nos tiene en el primer lugar de obesidad infantil en el mundo, el rezago en materia de vivienda, agua potable, energía en los hogares, drenaje, pavimento y un transporte barato, cómodo y seguro para quienes no tienen automóvil propio, entre otros.

Todo esto es innegable y evidente para cualquiera, pero por eso mismo resulta molesto, irritante, y altera la digestión de muchos que, por eso, quisieran que se callase, o, cuando menos, que se “atemperase” en el discurso “para no echar gasolina al fuego”, dicen. Y es justamente esta política del avestruz (que, dicen sus enemigos, entierra la cabeza en la arena para no ver a su perseguidor, creyendo que eso basta para conjurar el peligro), la causa de que tales problemas, que con todo y ser inmensos serían una desgracia a medias si los atacásemos con valor y en su verdadera raíz, se conviertan en una desgracia completa que pone en riesgo al país entero. Y lo peor es que a la numerosa familia de los aprendices de avestruz pertenece un buen número de gobernantes y de funcionarios ubicados en los tres niveles de gobierno, destacados gerifaltes de los llamados “poderes fácticos”, que mucho influyen en las decisiones del gobierno, y (ya sea por conveniencia o por convicción) lo más granado de los medios masivos de comunicación, que hacen eco a los poderosos y los alientan a perseverar en su soberbia y en su desastrosa miopía política. En tales circunstancias, los pobres, con toda su miseria a cuestas, se hallan absolutamente solos, desamparados y atacados desde todos los flancos por fuerzas muy superiores y mucho más pérfidas que las suyas.

Y no hay que ir a Roma por un ejemplo que ilustre a cabalidad lo dicho. Tengo a mano el caso de la protesta pública que los antorchistas poblanos vienen realizando, de pocos días a la fecha, ante el H. Ayuntamiento de la capital, encabezado por el joven político panista Eduardo Rivera, en demanda de que atiendan y den respuesta positiva a viejas peticiones que surgen, precisamente, de la extrema pobreza en que viven los solicitantes. ¿Qué piden? Pavimentos, electrificación, banquetas, mejoramiento a la vivienda, drenaje, mejores servicios de salud, mejor educación para sus hijos; es decir, apenas lo elemental para vivir como seres humanos. Pero, por increíble que parezca, en vez de una solución justiciera, lo que han recibido es una furiosa andanada de ataques mediáticos, a cual más falso e injurioso, basados todos en una intencionada y malévola distorsión de los hechos y de las intenciones de los inconformes y de sus dirigentes, atropellando sin rubor el más elemental decoro de su profesión y cualquier principio de racionalidad y coherencia discursiva, que dé validez mínima a sus señalamientos, críticas y acusaciones. Ninguno de tales ataques vale siquiera el papel barato en que está escrito, menos el esfuerzo serio para desmentirlo. Se trata de un inmundo montón de basura y detritus orgánicos de sus autores, bueno apenas para una antología de la venalidad y de la sumisión interesada y cobarde ante el poder, al mismo tiempo que del desdén y la arrogancia ante los humildes y sus modestos intereses. Y eso sin fijarse en la desvergüenza de algunos de sus autores, que pretenden dar lecciones de moral y de congruencia política a los demás, cuando el mundo entero sabe que de qué tamaño es el rabo que ellos vienen arrastrando desde siempre.

A la lluvia escatológica de los medios hay que sumar, todavía, las “declaraciones” del señor Presidente Municipal y de su Secretario de Gobierno, entre otros, que han salido a declamar el viejo y sobado cuento de que “no negocian bajo presión”, ni con marchas, plantones y “gritos callejeros”, pues “su gobierno siempre ha privilegiado el diálogo”. Y es curioso que, precisamente en este punto, coincidan los funcionarios mencionados con los señores de la prensa, lo que pone al descubierto el origen y la paternidad de los “argumentos” de estos últimos. Pero más curioso todavía resulta el hecho de que ninguna de ambas partes atacantes parezca interesada en documentar y exhibir la breve historia del conflicto, único camino válido para probar que los inconformes mienten cuando afirman que han salido a la calle sólo como último recurso, sólo después de haber agotado, hasta el hartazgo y la náusea, los recursos convencionales de las aburridísimas antesalas, las numerosas vueltas, las “mesas de diálogo” infructuosas, etc., que sólo arrojaron promesas incumplidas una y otra vez. Y no lo hacen porque saben bien que, en ese caso, quedaría al descubierto que el rollo de poner por las nubes “el diálogo” que ellos mismos han manoseado y desprestigiado es una simple muletilla hueca, una burda maniobra mediática para descalificar a los que protestan y para legitimar su negativa a resolver sus demandas.

Finalmente: ¿por qué nadie aborda de frente el carácter y la legitimidad de las demandas, salvo para mentir y burlarse de ellas y de quienes las enarbolan? ¿Son ciertas o falsas, justas o injustas, legítimas o ilegítimas? Y si son ciertas, justas y legítimas, ¿por qué no las resuelven? La respuesta es que la jauría mediática y quienes la tienen de la correa, saben que este no es el terreno más favorable a su “guerrita” mediática de engaños y falsedades; que son arenas movedizas en las que pueden naufragar y cubrirse de ridículo si lo intentan. Pero este silencio sobre los antecedentes del conflicto y sobre el carácter de sus demandas, grita más alto que toda la campaña de lodo que los antorchistas dicen verdad y tienen la razón y la justicia de su parte, y que quienes se niegan a tomarlos en cuenta y los atacan con tan innobles armas, son parte de la fauna imitadora del avestruz: no es necesario enfrentar y resolver los problemas; basta con ignorarlos y sepultarlos bajo una montaña de basura y excremento, para acabar con ellos. Los antorchistas, por eso, seguiremos luchando al lado del pueblo pobre, con todas nuestras capacidades, mientras nos queden fuerzas para hacerlo. No hay de otra.

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Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.

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