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Confiscan extensiones de pelo humano elaboradas presuntamente en campos de internamiento en China

La Agencia de Protección de Aduanas de Estados Unidos (CBP) anunció este miércoles la confiscación en Nueva York de un envío de extensiones de pelo humano procedente de China por la posibilidad de haberse originado con mano de obra forzada en los centros de internamiento de la provincia de Xinjiang, en el noroeste del país. La confiscación se produjo el pasado 17 de junio “en base a información razonable que indicaba que habían sido productos fabricados por trabajadores en prisión”, indicó a Efe Anthony Bucci, portavoz de Aduanas.

Los productos de belleza tenían un valor de unos 800.000 dólares y existen “potenciales indicadores de abuso de derechos humanos, trabajo forzado de menores y privación de libertad” en la provincia china de Xinjiang, con mayoría de religión musulmana y perteneciente a la etnia uigur. La represión contra esta etnia, de 11 millones de personas, por parte del Gobierno de Pekin ha aumentado en los últimos años hasta convertirse en un sofisticado sistema de control civil. Según reveló en 2019 una serie de investigaciones periodísticas en la que participaron más de una docena de medios internacionales, entre ellos EL PAÍS, los uigures son a día de hoy vigilados, perseguidos y detenidos sin respetar las mínimas garantías judiciales.

El pedido constaba de casi 13 toneladas de productos de pelo humano, fabricado por la empresa Lop County Meixin Hair Product Co. Ltd., con sede en un parque industrial de la ciudad de Hotan y denunciada en el pasado por usar mano de obra encarcelada en centros de reeducación del Gobierno chino. Los datos aduaneros esta empresa, con sede en Xinjiang, muestran una estrecha relación comercial de sus productos del cabello con una empresa de distribución con sede en California.

Esta no es la primera vez que las autoridades estadounidenses confiscan productos de belleza por su vinculación con los llamados “campos de internamiento” en Xinjiang. En mayo, el CBP anunció la incautación de todos los envíos procedentes de la empresa Hetian Haolin Hair Accessories, que distribuía pelo sintético y otros productos similares a distribuidores en los Estados de Georgia y Texas.

“Es absolutamente esencial que los importadores estadounidense se aseguren que la cadena de distribución satisface los estándares humanos y éticos que esperan el Gobierno y los consumidores”, indicó este miércoles en un comunicado Brenda Smith, comisaria de la Oficina de Comercio de la CBP. “La producción de estos bienes supone una muy seria violación de los derechos humanos y la confiscación quiere enviar un mensaje muy claro de que no se tolerarán aquellos que hacen negocios con prácticas inhumanas e ilícitas”, añadió el oficial.

La ley federal estadounidense prohíbe importar productos fabricados con mano de obra forzada. Esta misma semana el Worker Rights Consortium, una organización que monitorea práctica laborales, denunció que la empresa estadounidense Caterpillar estaba importando ropa fabricada por empresas chinas vinculadas al programa “Xinjiang Aid”, denunciado por servir de paraguas para explotar mano de obra forzada en campos de adoctrinamiento en la región autónoma de Xinjiang.

El Departamento de Estado, junto con el del Tesoro y de Comercio, publicaron este miércoles un aviso a empresas estadounidenses que tengan vínculos con contrapartes que violen los derechos humanos en Xinjiang, como parte de una estrategia para aumentar la presión contra China por sus abusos contra los musulmanes de etnia uigur.

Fuente: El País

Chihuahua

Maru Campos encabeza mesa de seguridad en Guadalupe y Calvo; acuerda trabajo conjunto para restablecer la paz en la región

La gobernadora Maru Campos afirmó que su administración trabaja de manera coordinada con los tres niveles de Gobierno, para establecer acuerdos concretos que permitan regresar la tranquilidad a las familias de Guadalupe y Calvo, así como al resto del estado.

Al presidir en dicha localidad la sesión de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, la mandataria aseguró que la prioridad de su administración es garantizar la seguridad y mantener baja la incidencia delictiva en todo el territorio.

En la reunión se acordaron algunas acciones adicionales que permitan cumplir los objetivos trazados, como el que alcaldesa Ana González, esté en constante comunicación con la Guardia Nacional a través del cuartel permanente que existe en el lugar.

De igual forma, se reforzará la presencia de elementos tanto de la Sedena, como de las corporaciones estatales de seguridad y Guardia Nacional; en apoyo a la Dirección de Seguridad Pública Municipal se sumarán 30 elementos de la Fiscalía General del Estado.

Adicionalmente se instalará otra base de la Guardia Nacional.

Además, se acordó el apoyo conjunto del Gobierno del Estado y del Municipio para sumar elementos de seguridad, así como brindar entrenamiento, equipamiento y vehículos.

Seguridad Pública del Estado instalará un nuevo centro de mando a fin de reforzar su presencia. Por otra parte, se apoyará a las comunidades de San Jerónimo y San Simón, y se reforzará la presencia de cuerpos de seguridad estatal y federal en el municipio de Moris.

“Cuentan conmigo. Entiendo lo delicado que son estas situaciones y apoyo a la presidenta municipal, por lo que pido que haya comunicación y que no se politice el tema de seguridad. Antes que nada está el bienestar de la ciudadanía”, expresó la gobernadora Maru Campos y aseguró que se dejará un buen legado en Guadalupe y Calvo.

La reunión contó además con la presencia del comandante de la 5a Zona Militar, Alberto Miguel Rodríguez; el comandante de la 42ª Zona Militar, Jorge Alejandro Gutiérrez y del comandante de la Xl Región Militar, Eufemio Ibarra Flores.

También estuvo presente Ramón Badillo, delegado de la Fiscalía General de la República; Fernando Ávila, secretario técnico y representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Mayra Chávez, delegada para programas el bienestar en Chihuahua.

Además, Agustín Velasco, comandante del 76 Batallón de Infantería y Williams Chavarría, en representación de la coordinación estatal de la Guardia Nacional.

Acudió Sahara Cárdenas, subsecretaria de Normatividad y Asuntos Jurídicos, de la Secretaría General de Gobierno; Juan Carlos Portillo, fiscal de la Zona Sur y Jorge Antúnez, director de Seguridad Pública Municipal de Guadalupe y Calvo.

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