El arribo a tierras mexicanas de Emilio Lozoya, tras una negociación con la Fiscalía General de la República (FGR) basada en la figura de “criterio de oportunidad”, desató el terror de varios personajes que en 2013 participaron en la aprobación de la reforma energética y sus leyes secundarias.
Además de los priistas, quienes están muy preocupados por lo que viene a ‘cantar’ Lozoya, son los senadores panistas que fungieron como avales de la reforma energética. Tan es así que ya preparan su estrategia de defensa legal ante una serie de acusaciones de soborno que se plasman en el pliego de declaraciones firmado en España por el ex director de Pemex.
El primer paso para la defensa panista es conocer a fondo el documento de la primera declaración, mismo que ya estuvo circulando a principios de semana entre el grupo de exlegisladores cercanos a Felipe Calderón.
El despacho de Roberto Gil Zuarth fue el encargado de conseguir el documento que se distribuyó entre los calderonistas y, de manera adicional, fue entregado a otros clientes o aliados del también exsenador, incluso pertenecientes a otras fuerzas políticas.
La filtración del documento vino desde la propia defensa de Lozoya; fue el empresario y periodista Antonio Navalón, socio en México del abogado y afamado exjuez Baltasar Garzón, quien puso en manos de Gil Zuarth el documento que dice guardar con recelo la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero.
Entre los aliados del grupo calderonista que recibieron en estos días la declaración se encuentra el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, involucrado en el escrito por presuntamente pedir favores y 1.5 millones de pesos a Emilio Lozoya.
El propio Barbosa, quien fungía en 2013 como coordinador de los Senadores del PRD, evidenció su conocimiento de los testimonios cuando, para deslindarse del tema, relató a detalle en conferencia de prensa el suceso que se le imputa.
“En el mes de marzo, en un viaje internacional en el Reino Unido, hubo un contacto entre Emilio Lozoya y yo, en donde Emilio Lozoya me dijo que estaba resuelto el tema de mi hermano y estaba resuelto el otro asunto”, dijo.
Además de estos testimonios que circulan ya entre las fuerzas de oposición, desde la FGR se ha mencionado que Lozoya entregará una serie de videos con 18 horas de grabación en las que quedan de manifiesto los pagos que se entregaron a legisladores para aprobar la reforma.
Podrían salir salpicados en este tema, por ejemplo, Ernesto Cordero, Javier Lozano, Salvador Vega Casillas y Mariana Gómez del Campo; todos ellos cercanos al expresidente Calderón, incluso su propia hermana Luisa MaríaCalderón y, por supuesto, Roberto Gil Zuarth.
A estos nombres de exsenadores que dieron su aval a los cambios constitucionales se suman también los de los actuales gobernadores panistas de Durango, José Rosas Aispuro; Querétaro, Francisco Domínguez; Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis; Aguascalientes, Martín Orozco, y Tamaulipas, Francisco Javier García.
Se trata de cinco de los nueve gobernadores que integran el llamado GOAN, el mismo que también esta semana lanzó una campaña en la que exigen más recursos para sus estados a través de la firma de un nuevo Pacto Fiscal.
En este escenario, las aportaciones que Lozoya haga a la Fiscalía serán de gran utilidad para el manejo político de la 4T y, por el contrario, serán una amenaza para sus rivales políticos, quienes ya echan mano de sus aliados e infiltrados para consolidar su estrategia de protección.
