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Una llamada cambió el destino de los 43 de Ayotzinapa; se cumplen 6 años del caso

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Por un cambio de orden, los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron “eliminados” y “desaparecidos” hace 6 años.

Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los estudiantes, aseguró a Excélsior que, de acuerdo con las investigaciones del caso, entre las diez y las 11 de la noche de ese 26 de septiembre de 2014, el destino de los jóvenes cambió dramáticamente.

Explicó que, tras un enfrentamiento y una persecución a balazos por parte de sus atacantes, muchos estudiantes quedaron heridos. Ellos fueron separados de sus compañeros ilesos y trasladados al hospital, incluso a bordo de patrullas y ambulancias.

Eso nos indica que no había una orden para su desaparición, para eliminarlos. Sin embargo, más tarde, alrededor de las 11 de la noche, viene la segunda agresión que a partir de ahí marca un comportamiento, una acción distinta de los agresores: deviene una orden de eliminar, una orden de desaparecer”, indicó.
Esta tesis del “cambio de orden” fue planteada por la CNDH en su Recomendación 15VG/2018, donde señala que César Nava, entonces subdirector de la policía de Cocula y presente aquella noche, se retiraba de Iguala cuando recibió una llamada de alguien identificado como El Patrón. Tras esto, el mando regresó a la comandancia de Iguala para exigir que por “orden de arriba” les entregaran a los normalistas que para ese momento estaban detenidos.

Un cambio de orden” provocó hace seis años que los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa fueran “eliminados” y “desaparecidos”, aseguró a Excélsior el abogado de los padres de los estudiantes, Vidulfo Rosales.

Sostuvo que, de acuerdo con las investigaciones del caso, aproximadamente en una hora —entre las 10 y las 11 de la noche del 26 de septiembre de 2014—, el destino de los jóvenes cambió dramáticamente.

Previo al sexto aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, que conmemorarán con una marcha, Rosales expone la línea de investigación sobre ese “cambio de orden”.

Ese modus operandi de las agresiones a los estudiantes se tiene que investigar de manera profunda, exhaustiva, porque los datos de prueba dan cuenta que hasta las 10 de la noche, por lo menos, la forma y el comportamiento de los agresores no era para desaparecer, no era para eliminar a los normalistas”, afirmó.

La tesis del “cambio de orden” a la que se refiere Vidulfo Rosales, fue planteada e investigada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su recomendación 15VG/2018 Caso Iguala.

Para sustentar el “cambio de orden” que redimensionó el caso de los normalistas durante los hechos en Iguala, Rosales refiere:

Si bien es cierto que hubo un enfrentamiento, una persecución a balazos, donde hubo un herido de gravedad que es Aldo Solano, en Periférico Norte, muchos estudiantes que salieron heridos, fueron bajados del autobús, apartados con los que estaban ilesos y tendidos en la banqueta; todos los heridos fueron llevados al hospital; incluso algunos en las patrullas de la policía municipal, en ambulancias y recibieron atención médica”.

Eso nos indica que no había una orden para su desaparición, para eliminarlos, sin embargo, más tarde, alrededor de las 11 de la noche viene la segunda agresión que a partir de ahí marca un comportamiento, una acción distinta de los agresores; a partir de ahí deviene una orden de eliminar, una orden de desaparecer”.

A pregunta expresa sobre si César Nava, entonces subdirector de la policía municipal de Cocula fue quién recibió el “cambio de orden” de parte de alguien identificado por la CNDH como El Patrón, Rosales dijo:

Ese dato yo no lo tengo preciso. No puedo asegurar ese dato de prueba, no tengo los elementos, pero lo que puedo decir es esto: los datos de prueba nos indican que después de las 11 de la noche la orden fue de desaparecer; antes no había una orden de desaparecerlos. Los datos nos indican el modus de los agresores y no había orden de desaparecer”.

Sobre quién dio ese “cambio de orden”, Rosales dijo que “tenemos algunos indicios, son parte de la investigación, no son susceptibles de referirlos públicamente”.

La afirmación del abogado Rosales cobra fuerza en el apartado 26 de la Recomendación de la CNDH, Transmisión de órdenes para ejecutar actos de agresión y desaparición de los normalitas de Ayotzinapa.

Fuente: Excelsior

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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