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Derechos populares, primera víctima de la falta de ética y rigor en los medios Por Aquiles Córdova

Tanto la presión de tiempo y espacio con que trabajan los diaristas contemporáneos, como su falta de independencia profesional y su escaso interés por todo lo que no sean beneficios contantes y sonantes, han hecho de reporteros, columnistas y articulistas, con independencia del tipo de medio al que sirvan (televisión, radio o prensa escrita) simples voceros y defensores de la “línea editorial” de su empresa, de los políticos que pueden pagar la difusión de sus discursos, opiniones y puntos de vista y de los llamados “poderes fácticos”, que cada vez actúan más desembozadamente en la arena política nacional. Para cumplir semejante papel, sólo necesitan recoger “fielmente” las declaraciones de quienes pagan el servicio, o, en su caso, adobarlas convenientemente (por absurdas y falsas que sean), mientras lanzan las injurias y las imputaciones más envilecedoras, degradantes y acusatorias contra aquellos que deben atacar y “denunciar”, haciendo a un lado, casi de modo absoluto, la ética profesional y el rigor lógico-demostrativo de su discurso.

La primera víctima de este modo de hacer periodismo en nuestros días son los intereses legítimos y los derechos legales de quienes no pueden pagar la difusión de sus demandas, sus inconformidades y sus puntos de vista en general, seguidos por los escasos márgenes de autodefensa que les deja la ley para romper el cerco de indiferencia y de silencio con que suelen ser rodeados casi siempre. Un ejemplo reciente lo constituye la campaña mediática librada por los medios informativos poblanos en contra de la protesta que los antorchistas sostuvieron por varios días, en fecha reciente, en busca de hacerse ver y oír por el Ayuntamiento y el Presidente Municipal de la capital del estado. En ella encontrará, quien se tome la molestia de revisar lo que dijeron y escribieron los medios al respecto, la repetición hasta la náusea del sobado estribillo que todo reportero, columnista o articulista que se respete se considera obligado a recetar a su público, acerca del sagrado respeto a “los derechos de terceros”, atropellados, vulnerados y pisoteados por quienes organizan marchas, mítines y plantones en la vía pública o en espacios públicos de uso colectivo. Esos intocables “derechos de terceros” son, como los medios mismos se encargan de puntualizar, el derecho al libre tránsito de los dueños de autos particulares y el de los “comerciantes establecidos” para hacer negocio, que ven dañadas sus tareas cotidianas y sus ventas por el peligro que significan quienes protestan en masa y por la basura, la mugre y los “olores fétidos” que deja tras de sí “ese tipo de gente”.

Tanto y tan “enérgicamente” se repite esta cantinela “de los derechos de terceros”, que no puede uno menos de convencerse de que quienes la esgrimen de modo tan reiterado como irreflexivo, están plenamente convencidos de haber descubierto el argumento perfecto, inatacable y sin ningún tipo de fisura, en contra de esa lacra social que son las marchas y los plantones que protagonizan en el país entero los pobres y los menesterosos. Como se ve en la campaña de la jauría mediática poblana en contra de los antorchistas, a quienes se dan vuelo y sientan plaza de héroes civiles condenando la lucha de los desamparados en nombre de “los derechos de terceros” no se les pasa siquiera por las mientes que la calidad de “terceros” en derecho no es un atributo que brote de una cualidad intrínseca, inmanente a uno de los titulares de los derechos en conflicto (el de manifestación pública de un lado y el de libre circulación y comercio de otro) y que, por tanto, no se le puede aplicar siempre y en cualquier circunstancia al mismo sujeto de uno de tales derechos. Que, por el contrario, se trata de algo relativo, puesto que depende exclusivamente de la posición en que se coloque el observador o el juez del conflicto. En efecto, para quien juzgue desde el punto de vista de los dueños de autos particulares y de los comerciantes establecidos, los “derechos de terceros” son, evidentemente, los de estos grupos sociales; pero al mismo tiempo, para quien observe desde la posición de los que llevan a cabo la protesta, los “derechos de terceros” son los de la masa inconforme que sale a la vía pública, exactamente por la misma razón y por la misma lógica que aplica el defensor de los automovilistas y los comerciantes ricos.

Así pues, el “argumento irrebatible” de los “derechos de terceros”, para quien piense y discurra con un mínimo de objetividad y rigor lógico y no obnubilado por la paga o por los prejuicios de clase, resulta falso e inadecuado para zanjar un diferendo como el que menciono, puesto que ambas partes son, con igual derecho y exactamente al mismo tiempo, “terceros perjudicados” por la parte contraria. Pongámoslo de otro modo para entendernos: si los coche tenientes y los comerciantes tienen razón al exigir que los titulares de la garantía de manifestación y protesta pública no dañen ni menoscaben su derecho al tránsito y al comercio, exactamente la misma razón les asiste a quienes protestan en la calle para exigir a automovilistas y comerciantes que no dañen ni limiten, de ningún modo, su derecho a manifestarse públicamente en defensa de sus intereses legítimos. Por tanto, la pretendida verdad irrefutable de quienes exigen respeto “a los derechos de terceros” dando por hecho que los “terceros” son siempre sus defendidos y que su salomónica sentencia opera en un solo sentido (aquel que va en contra de los manifestantes), no pasa de ser un error lógico evidente, nacido de su ignorancia, de su actitud preconcebida en favor de los poderosos, o de ambas cosas a la vez.

Pero la metida de pata no se queda en eso. Los señores de los medios tampoco ven que el “derecho de terceros” no implica, ni mucho menos, que el culpable de su violación sea necesariamente el titular de la garantía opuesta; no ven que si se puede hablar de “terceros” es porque hay un primero y un segundo actor, y que el verdadero culpable suele ser, con mucha frecuencia, “el primero” de esos actores, que pasa inadvertido justamente por no ser titular de ninguna de las garantías en conflicto. El pobre (o interesado) razonamiento de los medios poblanos olvida, por eso, que el derecho universal postula que allí donde dos garantías igualmente válidas entran en pugna, es el “primer” actor (el juez, o el Estado casi siempre) quien debe resolver el diferendo respetando la esencia de ambos derechos. De no ser así, la disputa la resuelve la fuerza. En el ejemplo que cito, “el primero” en el conflicto es el Ayuntamiento poblano; y es él quien, si quiere evitar problemas a automovilistas y comerciantes y respetar el derecho a la libre manifestación, debe atender y resolver en justicia las demandas de los inconformes para evitar que éstos salgan a la calle. No hay otro camino para hacer valer ambas garantía a la vez. Y eso de que “estoy a favor del respeto a la libre manifestación pública pero sin causar molestias a la ciudadanía” es menos todavía que un sofisma; es una vil hipocresía que plantea una condición imposible de cumplir para un ser humano, con tal de esconder su odio reaccionario al derecho del pueblo pobre a la legítima defensa. Le voy más a los reaccionarios desembozados.

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La hora más vulnerable de Nicolás Maduro. Por Caleb Ordóñez T.

Imagina el Caribe venezolano en plena calma, sus aguas azules extendiéndose hasta donde la vista alcanza. Ahora rompe esa postal idílica con la silueta gris de tres destructores estadounidenses que avanzan hacia la región con radares encendidos y misiles listos. No es un ejercicio rutinario: es un mensaje directo al Palacio de Miraflores. Nicolás Maduro, el hombre que ha resistido sanciones, aislamiento internacional, protestas internas y hasta un intento fallido de magnicidio, vuelve a sentir el peso de Washington sobre su espalda. Y esta vez, el juego luce más peligroso que nunca.

Caleb Ordóñez T.

Caleb Ordoñez Talavera

La Casa Blanca, en voz del propio Donald Trump, elevó la apuesta a un nivel sin precedentes: una recompensa de 50 millones de dólares por la captura de Maduro, sumada a un caso penal por narcoterrorismo que ya lo persigue desde hace años. Al mismo tiempo, envía barcos de guerra bajo la bandera de “operaciones antinarcóticos”. La mezcla es explosiva: derecho internacional, despliegue militar y política interna estadounidense se encuentran en un mismo tablero.

La figura de Maduro, que durante más de una década se ha aferrado al poder en medio de un país en crisis, se convierte así en el centro de una trama que recuerda a las novelas de espionaje y guerra fría. El lenguaje de Washington es claro: no basta con sancionar, ahora hay que demostrar músculo militar y judicial. Pero ¿qué tan lejos están dispuestos a llegar?

¿Derrocamiento real o un juego electoral?

¿Realmente buscan derrocarlo? La respuesta no es sencilla. Arrestar a un jefe de Estado en funciones sería un acto de guerra abierto, con consecuencias imprevisibles. El precedente de Manuel Noriega en Panamá en 1989 ronda inevitablemente la conversación: entonces, Estados Unidos invadió y lo capturó, exhibiéndolo ante el mundo como trofeo de justicia. Sin embargo, Venezuela no es Panamá. Es un país con más del doble de territorio, con una geografía selvática y montañosa que complica cualquier incursión, y con una red de alianzas internacionales que vuelven inviable una operación militar semejante.

Lo que persigue Washington no es tanto entrar a Caracas con marines, sino aumentar el costo de cada movimiento de Maduro, cerrar los espacios de maniobra de sus aliados y, sobre todo, mandar un mensaje claro a quienes lo rodean: quedarse con él puede salir muy caro. La recompensa multimillonaria y el despliegue naval apuntan más a erosionar la confianza dentro de la cúpula chavista que a preparar una invasión.

La vulnerabilidad del régimen es evidente. Aunque Caracas presume haber activado más de cuatro millones de milicianos como respuesta al avance de los buques estadounidenses, la realidad muestra otra cara: una economía raquítica que apenas produce alrededor de 900 mil barriles diarios de petróleo, cuando alguna vez fue un gigante de 3 millones. Las exportaciones, aunque sostenidas por compradores en Asia y licencias limitadas otorgadas a Chevron en Estados Unidos, no alcanzan para sostener a un país colapsado.

El éxodo es la prueba más clara del fracaso. Casi ocho millones de venezolanos han abandonado el territorio en la última década. Familias enteras se han dispersado por Colombia, Perú, Chile, México y Estados Unidos, formando la mayor diáspora del continente. Esa fuga no solo refleja la crisis interna, también genera presión internacional: los países receptores exigen soluciones, y la paciencia se agota.

Los aliados que sostienen a Maduro

Y sin embargo, Maduro sigue ahí. Su fuerza descansa en un triángulo que ha sabido consolidar: control férreo de las Fuerzas Armadas y los cuerpos de inteligencia; oxígeno económico de potencias aliadas; y un discurso de resistencia que vende al chavismo como la última trinchera contra el “imperialismo”.

Rusia lo respalda con asesoría militar y acuerdos estratégicos, presentándose como un socio confiable en tiempos de aislamiento. China, aunque más cautelosa, ha preferido mantener acuerdos productivos, reestructurar deudas y participar en proyectos de infraestructura, sin abrir la chequera como antes. Irán se ha convertido en socio energético clave, suministrando condensado y recibiendo crudo a cambio, mientras Turquía y Emiratos Árabes se han vuelto canales de comercio de oro y divisas. Cuba, por su parte, sigue siendo la columna vertebral del aparato de seguridad, con asesores que se mueven como sombra alrededor de Miraflores.

Pero quizás lo más delicado para Estados Unidos es que el tablero regional no es uniforme. Brasil y Colombia, dos gigantes sudamericanos, prefieren evitar un estallido armado. Ninguno de los dos gobiernos quiere tropas norteamericanas operando en su vecindario, porque entienden que una chispa en Caracas puede incendiar toda Sudamérica. Optan por la diplomacia, la contención y la presión por elecciones creíbles, pero rechazan cualquier escenario de intervención directa.

En esta misma línea se mueven actores europeos, que apuestan por negociaciones y transiciones pactadas. Pero a cada intento de mediación se impone la desconfianza: la oposición acusa al chavismo de manipular acuerdos, mientras Miraflores denuncia conspiraciones extranjeras. La consecuencia es un estancamiento crónico, donde el único beneficiado es Maduro, maestro en alargar los tiempos y sobrevivir a cada ola de presión.

Tres futuros posibles

¿Qué pasaría si cae? Tres escenarios se abren paso.

El primero sería una transición pactada: amnistías parciales, elecciones supervisadas y reincorporación de Venezuela a la economía global. Sería el camino menos traumático, el más ordenado para contener la crisis humanitaria y el éxodo migratorio. Pero también es el más improbable en el corto plazo: el chavismo no quiere soltar el poder sin garantías, y la oposición teme pactar con quienes han sido responsables de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

El segundo escenario es un quiebre interno. Sectores militares o figuras del chavismo podrían empujar la salida de Maduro para preservar la estructura del régimen, ofreciendo apenas un cambio de fachada. Una jugada pragmática: “sacrificar” al líder para salvar el sistema. Este escenario gana fuerza conforme aumenta la presión estadounidense y se multiplican las sanciones, pero requiere un acuerdo silencioso entre facciones que hoy desconfían unas de otras.

El tercero, el más temido, es el del colapso abrupto. Una caída desordenada del régimen que detone violencia en las calles, un nuevo éxodo masivo y un impacto directo en los mercados petroleros. El precio del crudo podría dispararse, golpeando economías ya frágiles y empujando a Estados Unidos y a la Unión Europea a tomar decisiones desesperadas.

Por ahora, Maduro parece sostenerse más por la fatiga del mundo que por la fuerza real de su régimen. Washington juega al filo: aprieta con sanciones, despliega poder naval, ofrece recompensas millonarias, pero al mismo tiempo reabre discretamente la puerta al petróleo venezolano para no desestabilizar los precios. Es el clásico palo y zanahoria: aislar al caudillo, pero evitar que su caída provoque un terremoto energético global.

El dilema central es si esta nueva ofensiva norteamericana es un auténtico plan para desplazarlo o un movimiento electoral más de Trump, que busca mostrar firmeza ante la diáspora venezolana en Florida y ante un electorado que aplaude los gestos de mano dura. Lo cierto es que, aunque la narrativa se vista de “guerra contra los carteles”, el objetivo final sigue siendo el mismo: debilitar al hombre que convirtió a Venezuela en un enclave incómodo en el hemisferio.

México entre la prudencia y la diplomacia

En este ajedrez geopolítico, México ocupa un rol peculiar. Históricamente ha defendido el principio de no intervención y el respeto a la soberanía, pero también ha sido anfitrión de negociaciones entre la oposición y el chavismo. Hoy, el gobierno mexicano se mueve entre dos aguas: por un lado, condena cualquier acción militar extranjera en la región; por el otro, mantiene canales diplomáticos abiertos para no quedar aislado de la comunidad internacional que exige elecciones transparentes.

México ha mostrado disposición para servir como mediador, buscando posicionarse como un “puente” entre Washington y Caracas. Sin embargo, no es una tarea sencilla. Si se acerca demasiado a Maduro, arriesga tensiones con su principal socio comercial: Estados Unidos. Si se alinea demasiado a Washington, rompe con la tradición diplomática mexicana que desde la Doctrina Estrada ha evitado avalar intervenciones. Además, hay factores internos: México ya enfrenta su propia presión migratoria con miles de venezolanos que cruzan la frontera rumbo a Estados Unidos. Su interés humanitario y estratégico es contener la crisis antes de que se convierta en un problema mayor en sus propias fronteras.

En este sentido, México podría jugar un papel crucial si se abre un proceso de negociación real. Sería anfitrión natural de una mesa de diálogo, pero siempre desde una posición frágil: la de un país que intenta mantener su voz regional sin romper la delicada relación con Washington.

El Caribe venezolano ya no es la postal tranquila que imaginamos al inicio. Es un tablero en tensión, donde cada movimiento puede desatar un efecto dominó regional. Y allí, entre el rugido de los destructores y la resistencia de un régimen acorralado, se juega no solo el futuro de Nicolás Maduro, sino también la estabilidad de buena parte del continente.

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