Opinión
La hora más vulnerable de Nicolás Maduro. Por Caleb Ordóñez T.
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hace 11 meseson
Imagina el Caribe venezolano en plena calma, sus aguas azules extendiéndose hasta donde la vista alcanza. Ahora rompe esa postal idílica con la silueta gris de tres destructores estadounidenses que avanzan hacia la región con radares encendidos y misiles listos. No es un ejercicio rutinario: es un mensaje directo al Palacio de Miraflores. Nicolás Maduro, el hombre que ha resistido sanciones, aislamiento internacional, protestas internas y hasta un intento fallido de magnicidio, vuelve a sentir el peso de Washington sobre su espalda. Y esta vez, el juego luce más peligroso que nunca.

Caleb Ordoñez Talavera
La Casa Blanca, en voz del propio Donald Trump, elevó la apuesta a un nivel sin precedentes: una recompensa de 50 millones de dólares por la captura de Maduro, sumada a un caso penal por narcoterrorismo que ya lo persigue desde hace años. Al mismo tiempo, envía barcos de guerra bajo la bandera de “operaciones antinarcóticos”. La mezcla es explosiva: derecho internacional, despliegue militar y política interna estadounidense se encuentran en un mismo tablero.
La figura de Maduro, que durante más de una década se ha aferrado al poder en medio de un país en crisis, se convierte así en el centro de una trama que recuerda a las novelas de espionaje y guerra fría. El lenguaje de Washington es claro: no basta con sancionar, ahora hay que demostrar músculo militar y judicial. Pero ¿qué tan lejos están dispuestos a llegar?
¿Derrocamiento real o un juego electoral?
¿Realmente buscan derrocarlo? La respuesta no es sencilla. Arrestar a un jefe de Estado en funciones sería un acto de guerra abierto, con consecuencias imprevisibles. El precedente de Manuel Noriega en Panamá en 1989 ronda inevitablemente la conversación: entonces, Estados Unidos invadió y lo capturó, exhibiéndolo ante el mundo como trofeo de justicia. Sin embargo, Venezuela no es Panamá. Es un país con más del doble de territorio, con una geografía selvática y montañosa que complica cualquier incursión, y con una red de alianzas internacionales que vuelven inviable una operación militar semejante.
Lo que persigue Washington no es tanto entrar a Caracas con marines, sino aumentar el costo de cada movimiento de Maduro, cerrar los espacios de maniobra de sus aliados y, sobre todo, mandar un mensaje claro a quienes lo rodean: quedarse con él puede salir muy caro. La recompensa multimillonaria y el despliegue naval apuntan más a erosionar la confianza dentro de la cúpula chavista que a preparar una invasión.
La vulnerabilidad del régimen es evidente. Aunque Caracas presume haber activado más de cuatro millones de milicianos como respuesta al avance de los buques estadounidenses, la realidad muestra otra cara: una economía raquítica que apenas produce alrededor de 900 mil barriles diarios de petróleo, cuando alguna vez fue un gigante de 3 millones. Las exportaciones, aunque sostenidas por compradores en Asia y licencias limitadas otorgadas a Chevron en Estados Unidos, no alcanzan para sostener a un país colapsado.
El éxodo es la prueba más clara del fracaso. Casi ocho millones de venezolanos han abandonado el territorio en la última década. Familias enteras se han dispersado por Colombia, Perú, Chile, México y Estados Unidos, formando la mayor diáspora del continente. Esa fuga no solo refleja la crisis interna, también genera presión internacional: los países receptores exigen soluciones, y la paciencia se agota.
Los aliados que sostienen a Maduro
Y sin embargo, Maduro sigue ahí. Su fuerza descansa en un triángulo que ha sabido consolidar: control férreo de las Fuerzas Armadas y los cuerpos de inteligencia; oxígeno económico de potencias aliadas; y un discurso de resistencia que vende al chavismo como la última trinchera contra el “imperialismo”.
Rusia lo respalda con asesoría militar y acuerdos estratégicos, presentándose como un socio confiable en tiempos de aislamiento. China, aunque más cautelosa, ha preferido mantener acuerdos productivos, reestructurar deudas y participar en proyectos de infraestructura, sin abrir la chequera como antes. Irán se ha convertido en socio energético clave, suministrando condensado y recibiendo crudo a cambio, mientras Turquía y Emiratos Árabes se han vuelto canales de comercio de oro y divisas. Cuba, por su parte, sigue siendo la columna vertebral del aparato de seguridad, con asesores que se mueven como sombra alrededor de Miraflores.
Pero quizás lo más delicado para Estados Unidos es que el tablero regional no es uniforme. Brasil y Colombia, dos gigantes sudamericanos, prefieren evitar un estallido armado. Ninguno de los dos gobiernos quiere tropas norteamericanas operando en su vecindario, porque entienden que una chispa en Caracas puede incendiar toda Sudamérica. Optan por la diplomacia, la contención y la presión por elecciones creíbles, pero rechazan cualquier escenario de intervención directa.
En esta misma línea se mueven actores europeos, que apuestan por negociaciones y transiciones pactadas. Pero a cada intento de mediación se impone la desconfianza: la oposición acusa al chavismo de manipular acuerdos, mientras Miraflores denuncia conspiraciones extranjeras. La consecuencia es un estancamiento crónico, donde el único beneficiado es Maduro, maestro en alargar los tiempos y sobrevivir a cada ola de presión.
Tres futuros posibles
¿Qué pasaría si cae? Tres escenarios se abren paso.
El primero sería una transición pactada: amnistías parciales, elecciones supervisadas y reincorporación de Venezuela a la economía global. Sería el camino menos traumático, el más ordenado para contener la crisis humanitaria y el éxodo migratorio. Pero también es el más improbable en el corto plazo: el chavismo no quiere soltar el poder sin garantías, y la oposición teme pactar con quienes han sido responsables de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
El segundo escenario es un quiebre interno. Sectores militares o figuras del chavismo podrían empujar la salida de Maduro para preservar la estructura del régimen, ofreciendo apenas un cambio de fachada. Una jugada pragmática: “sacrificar” al líder para salvar el sistema. Este escenario gana fuerza conforme aumenta la presión estadounidense y se multiplican las sanciones, pero requiere un acuerdo silencioso entre facciones que hoy desconfían unas de otras.
El tercero, el más temido, es el del colapso abrupto. Una caída desordenada del régimen que detone violencia en las calles, un nuevo éxodo masivo y un impacto directo en los mercados petroleros. El precio del crudo podría dispararse, golpeando economías ya frágiles y empujando a Estados Unidos y a la Unión Europea a tomar decisiones desesperadas.
Por ahora, Maduro parece sostenerse más por la fatiga del mundo que por la fuerza real de su régimen. Washington juega al filo: aprieta con sanciones, despliega poder naval, ofrece recompensas millonarias, pero al mismo tiempo reabre discretamente la puerta al petróleo venezolano para no desestabilizar los precios. Es el clásico palo y zanahoria: aislar al caudillo, pero evitar que su caída provoque un terremoto energético global.
El dilema central es si esta nueva ofensiva norteamericana es un auténtico plan para desplazarlo o un movimiento electoral más de Trump, que busca mostrar firmeza ante la diáspora venezolana en Florida y ante un electorado que aplaude los gestos de mano dura. Lo cierto es que, aunque la narrativa se vista de “guerra contra los carteles”, el objetivo final sigue siendo el mismo: debilitar al hombre que convirtió a Venezuela en un enclave incómodo en el hemisferio.
México entre la prudencia y la diplomacia
En este ajedrez geopolítico, México ocupa un rol peculiar. Históricamente ha defendido el principio de no intervención y el respeto a la soberanía, pero también ha sido anfitrión de negociaciones entre la oposición y el chavismo. Hoy, el gobierno mexicano se mueve entre dos aguas: por un lado, condena cualquier acción militar extranjera en la región; por el otro, mantiene canales diplomáticos abiertos para no quedar aislado de la comunidad internacional que exige elecciones transparentes.
México ha mostrado disposición para servir como mediador, buscando posicionarse como un “puente” entre Washington y Caracas. Sin embargo, no es una tarea sencilla. Si se acerca demasiado a Maduro, arriesga tensiones con su principal socio comercial: Estados Unidos. Si se alinea demasiado a Washington, rompe con la tradición diplomática mexicana que desde la Doctrina Estrada ha evitado avalar intervenciones. Además, hay factores internos: México ya enfrenta su propia presión migratoria con miles de venezolanos que cruzan la frontera rumbo a Estados Unidos. Su interés humanitario y estratégico es contener la crisis antes de que se convierta en un problema mayor en sus propias fronteras.
En este sentido, México podría jugar un papel crucial si se abre un proceso de negociación real. Sería anfitrión natural de una mesa de diálogo, pero siempre desde una posición frágil: la de un país que intenta mantener su voz regional sin romper la delicada relación con Washington.
El Caribe venezolano ya no es la postal tranquila que imaginamos al inicio. Es un tablero en tensión, donde cada movimiento puede desatar un efecto dominó regional. Y allí, entre el rugido de los destructores y la resistencia de un régimen acorralado, se juega no solo el futuro de Nicolás Maduro, sino también la estabilidad de buena parte del continente.
Opinión
Siete voces, siete silencios. Por Caleb Ordóñez Talavera
Published
hace 1 semanaon
Jul 24, 2026
El desayuno se interrumpió con el sonido seco de los disparos. Alejandro Leyva apenas tuvo tiempo de reaccionar. Estaba sentado en una fonda del fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla, Oaxaca, en una mañana que parecía igual a cualquier otra. Entonces llegaron hombres armados en motocicleta. Apuntaron directo. Dispararon sin titubeos. Tres impactos, principalmente en la parte superior del cuerpo, bastaron para arrebatarle la vida casi de inmediato. Una mujer que se encontraba en el lugar también resultó herida. Los agresores huyeron con la misma rapidez con la que aparecieron. En cuestión de segundos, lo cotidiano se convirtió en tragedia.
Alejandro Leyva no era un desconocido. Había dirigido la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, escribía la columna El Zumbido del Moscardón y, sobre todo, era una voz incómoda para el poder. En sus espacios criticaba la corrupción, denunciaba la violencia y cuestionaba decisiones del gobierno estatal. Incluso había denunciado amenazas y actos de intimidación en su contra desde tiempo atrás. Quienes hoy investigan el caso saben que no puede ignorarse ninguna línea relacionada con su actividad periodística. La Fiscalía General de la República ya atrajo la investigación.
Con él ya son siete periodistas asesinados en México durante este año.
Siete.
Es una cifra que debería provocar una crisis nacional. Sin embargo, en México, lamentablemente, ya aprendimos a recibir este tipo de noticias con total resignación. Ya no nos duele. Esa quizá sea la peor derrota.
Este crimen no es un caso aislado. Es la continuación de un patrón que este país se niega a romper, y por eso vale la pena detenerse a pensar en lo que realmente significa.
Porque el problema nunca ha sido únicamente el número de periodistas asesinados. El verdadero drama es que, detrás de cada crimen, existe un mensaje mucho más profundo: hay regiones enteras donde informar se convirtió en una actividad de alto riesgo.
Durante años, el periodista mexicano dejó de preocuparse únicamente por verificar datos, conseguir entrevistas o publicar exclusivas. Hoy también debe preguntarse si una investigación pondrá en riesgo a su familia, si un reportaje provocará amenazas, si una llamada desconocida puede cambiarle la vida o si una publicación en redes sociales bastará para convertirse en objetivo de alguien.
Esa no es una democracia sana.
México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de contextos formales de guerra. Y lo más preocupante es que esa realidad ya no distingue entre periodistas nacionales, reporteros comunitarios, conductores de radio, fotógrafos, columnistas o creadores de contenido que investigan asuntos públicos. Quien incomoda al crimen organizado, a intereses económicos o al poder político puede terminar enfrentando amenazas, campañas de desprestigio, demandas judiciales, vigilancia o, en el peor de los casos, la muerte.
Pero, ¿Por qué ocurre?
Porque la impunidad sigue siendo el mejor aliado de quienes quieren callar voces. Porque demasiados asesinatos permanecen sin castigo. Porque muchas amenazas jamás llegan a investigarse seriamente. Porque los mecanismos de protección suelen reaccionar cuando el riesgo ya escaló demasiado. Y porque, en numerosas regiones del país, el crimen organizado, los intereses políticos y la debilidad institucional terminan cruzándose peligrosamente.
Cada periodista asesinado envía, además, un mensaje devastador a las nuevas generaciones.
¿Qué joven de veinte años decidirá investigar corrupción municipal si observa que hacerlo puede costarle la vida?
¿Qué estudiante de comunicación apostará por el periodismo de investigación cuando descubre que quienes revelan información incómoda terminan necesitando escoltas (que nunca tendrá), cambiando de ciudad o siendo asesinados?
Cuando matan a un periodista no solamente eliminan una voz. También intentan sembrar miedo entre quienes todavía no empiezan a ejercer.
Y eso termina empobreciendo a toda la sociedad.
Porque cuando desaparecen periodistas independientes, también desaparecen historias que jamás conoceremos. Desaparecen denuncias de corrupción, investigaciones sobre desvío de recursos, vínculos criminales, abusos de autoridad o violaciones de derechos humanos. El silencio siempre beneficia a alguien. Nunca beneficia a los ciudadanos.
Por eso, la defensa de la libertad de expresión no puede recaer únicamente en los periodistas.
También corresponde a la sociedad. Cada ciudadano tiene la responsabilidad de defender el derecho a estar informado. Eso significa valorar el periodismo serio, exigir investigaciones imparciales, rechazar la desinformación y comprender que una prensa crítica no es enemiga del gobierno, sino un contrapeso indispensable para cualquier democracia.
Y, desde luego, el Estado tiene obligaciones mucho más grandes. Pues no basta con emitir comunicados de condena después de cada asesinato. No basta con prometer investigaciones exhaustivas. Tampoco basta con atraer expedientes a instancias federales cuando la indignación ya ocupa los titulares.
El gobierno debe garantizar investigaciones rápidas, independientes y profesionales; fortalecer realmente los mecanismos de protección; castigar tanto a autores materiales como intelectuales y construir condiciones para que ningún periodista tenga que elegir entre publicar una información o conservar la vida.
Porque cuando el miedo dicta qué puede publicarse, la democracia comienza a perder terreno.
No los olvidamos.
Esta columna está dedicada a quienes ya no podrán volver a escribir una nota, tomar una fotografía o encender un micrófono este año: Carlos Castro, asesinado en Poza Rica el 8 de enero; Juan David Gámez, en Nuevo León el 18 de marzo; Roxana Guzmán, secuestrada el 2 de junio y encontrada sin vida semanas después; Luis Ángel López, asesinado en Poza Rica el 11 de junio; Alex Serna, en Zihuatanejo el 3 de julio; Josué Martínez, en Puebla el 16 de julio; y ahora Francisco Alejandro Leyva Aguilar, en Oaxaca.
Siete nombres.
Siete familias.
Siete historias interrumpidas.
Pero también siete razones para no acostumbrarnos.
Porque el día que dejemos de indignarnos por un periodista asesinado habremos aceptado que en México la verdad tiene precio. Y una nación que permite que maten a quienes la cuentan corre el riesgo de quedarse, para siempre, sin quien la narre.
