La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, lamentó la presencia de misoginia dentro del gabinete federal y advirtió que esto fue una de las adversidades a las que se enfrentó para llegar a la posición donde se encuentra.
“Muchos de estos retos fue demostrar la capacidad de una mujer tanto o más, pero el reto fue doble, no solamente para llegar, sino para demostrar y por supuesto que dentro del gabinete, inclusive hoy en día, hay temas de misoginia muy considerables, desde luego”, afirmó la funcionaria.
En un evento virtual del Museo de la Mujer por el 67 aniversario del voto femenino, Sánchez Cordero detalló que ha sido víctima de este tipo de prácticas en el gabinete de seguridad, el cual reúne diario por las mañanas el presidente Andrés Manuel López Obrador.
A estos encuentros en Palacio Nacional acuden, además de la propia Sánchez Cordero, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; de Marina, Rafael Ojeda Durán, y de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, entre otros.
“Entonces había veces, inclusive en estos gabinetes de seguridad exclusivamente de varones en donde en ocasiones mi opinión, y digo no por el presidente, al contrario, el presidente siempre me ha dado mi lugar, pero entre los miembros, una participación mía podría inclusive no ser tomada en consideración en ese momento, aunque yo tuviera la razón y aunque estuviera aportando algo importante”, confesó.
Sánchez Cordero compartió que fue víctima de exclusión a lo largo de su trayectoria como carrera en el sector público, puesto que fue bloqueada de algunos grupos.
La también ministra de la Suprema Corte en retiro reconoció que las cosas no han sido fáciles para muchas mujeres por la sistema de patriarcado existente, por lo cual está la lucha por deconstruir dicho esquema.
El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.
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