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Política

Corral defiende la corrupción a cambio de reflectores: Pérez Cuéllar

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“Defender los fideicomisos como lo hace el gobernador Javier Corral es defender la entrega irregular de 1 mil 500 mdp a su correligionaria Josefina Vázquez Mota; es aplaudir la construcción a medias y con sobrecosto de 46 enormes edificios inservibles, es apostarle a una miseria de presupuesto para ciencias y tecnologías; es entregar miles de millones a empresarios y amigos de los gobernantes en turno; es amparar la corrupción”, expresó el senador de Morena, Cruz Pérez Cuéllar.

Lo anterior, luego de que el gobernador anunciara que apoyará la impugnación de la reforma para eliminar los fideicomisos mediante una controversia constitucional, cuando está a la vista que de ahí se servían los gobernadores y los gobiernos federales anteriores para beneficiar a sus “favoritos” y dejar a los ciudadanos con la idea de una gran obra, o de un gran proyecto que nunca llegaba, que nunca se concretó tal cual se prometió.

“Ahora que ha probado las mieles del poder, Javier Corral se quita la careta y deja salir su verdadero ‘yo’, aquél que no le importa los demás sino sus propios intereses, en este caso, no le importa defender a los corruptos, con tal de seguir ganando reflectores para sus fines políticos”, subrayó Pérez Cuéllar.

Uno de los casos emblemáticos del manejo discrecional que se hacía en los fideicomisos es el programa “Juntos Podemos” de la panista Josefina Vázquez Mota, una organización privada establecida en Estados Unidos que recibió cerca de 1 mil 500 millones de pesos provenientes del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), fideicomiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde la ASF determinó que los documentos presentados eran insuficientes para asegurar un ejercicio transparente y advirtió sobre la posibilidad de su uso en perjuicio de la banca pública.

De la misma manera, detalló el legislador morenista que en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología el 44 por ciento de los recursos etiquetados para “investigación científica y tecnológica” fueron transferidos al sector privado. A través de los fideicomisos, Conacyt transfirió 15 mil 483 millones de pesos y, por medio del Programa de Estímulos a la Innovación, pagó 26 mil 140 millones a empresas. Estos recursos no han podido justificarse, pues están ligados a un uso discrecional y opaco en beneficio del sector privado, lo que contrasta con el objetivo del organismo de contribuir al avance del desarrollo científico y tecnológico desde México.

Recordó Pérez Cuéllar el caso que fuera expuesto por el presidente López Obrador, del Instituto Mexicano del Petróleo, donde se informó que en 35 proyectos entre 2009 y 2020, se recibieron 9 mil 493 millones de pesos de los Fondos Secretaría de Energía-Conacyt para investigación en hidrocarburos y sustentabilidad y ejemplificó algunos casos de inversión deficiente u opaca, sobre todo en construcción de infraestructura.
Otro ejemplo de corrupción es el caso del Programa para bebederos escolares, del Fondo de escuelas de excelencia para combatir el rezago educativo, en el que se invirtieron 2 mil 031 millones de pesos en la instalación de 20 mil 543 bebederos, 10 mil 500 menos de los presupuestados. De estos, 9 mil 600 quedaron inservibles.

De la misma manera, se acreditó corrupción en el asunto del Fideicomiso para los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Veracruz 2014. En este caso, el Gobierno Federal aportó 1 mil 877 millones de pesos, correspondientes al 96 por ciento del total, mientras que Veracruz aportó 80 millones, es decir, el 4 por ciento de los casi 2 mil millones totales y en donde, de acuerdo con el análisis realizado, 868 millones de pesos fueron extraviados sin documentación para identificarlos y al final, la mayor parte de las obras de infraestructura para los juegos quedaron inconclusas o desocupadas.

Cabe mencionar que los fideicomisos del Conacyt en el periodo 2017-2018 no asignaron un solo pesos a ciencia básica y que del 2013 al 2018 el gasto para “innovación” de México ganó 7 lugares pero perdió 16 en “eficiencia”, lo cual refleja claramente porqué la oposición a ellos.

Acontecer

Impulsa diputada Argüelles padrón público de comedores contra el hambre

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1 de cada 10 chihuahuenses viven en carencia alimentaria

Chihuahua. – Con el objetivo de reforzar las estrategias transparentes en el combate contra el hambre, la diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, presentó una proposición con carácter de Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, como titular de la Junta de Gobierno del DIF Estatal, así como a la Dirección General del organismo, a crear un padrón público, actualizado y consultable de los comedores infantiles en Chihuahua.

Durante su exposición, la legisladora subrayó que el combate al hambre es una responsabilidad compartida y un compromiso alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, que establece como prioridad erradicar el hambre y garantizar la seguridad alimentaria.

Señaló que, de acuerdo con datos del INEGI, actualmente más de 370 mil personas en Chihuahua viven en carencia alimentaria, es decir, 1 de cada 10 chihuahuenses, problemática que se agrava en la región serrana, donde el 60 por ciento de niñas y niños presenta algún grado de desnutrición.

La legisladora, reconoció también los avances logrados por el Gobierno de México en materia de combate a la pobreza, impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum, que han permitido que millones de personas mejoren sus condiciones de vida; sin embargo, advirtió que la seguridad alimentaria sigue siendo uno de los principales retos sociales.

Argüelles Díaz recordó que el artículo 4° de la Constitución garantiza el derecho de todas las personas a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, derecho que en Chihuahua también está respaldado por la Ley de Desarrollo Social y Humano y la Ley de Asistencia Social, donde se establece como población prioritaria a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas indígenas y personas adultas mayores en situación de pobreza alimentaria.

Destacó que los comedores infantiles son una de las principales políticas públicas para combatir la desnutrición en la infancia, por lo que contar con un padrón público permitirá a la ciudadanía conocer su ubicación, funcionamiento, cobertura y servicios, además de fortalecer la supervisión, la coordinación institucional y la rendición de cuentas.

“La transparencia también es una herramienta para salvar vidas. Hacer visible dónde están los comedores infantiles es garantizar que más niñas y niños accedan a su derecho a la alimentación”, concluyó la congresista.

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