El senador de la República Cruz Pérez Cuéllar, anunció que procederá legalmente en contra del Auditor Superior del Estado, Héctor Acosta Félix; y contra la secretaria de la Función Pública, Mónica Vargas Ruiz, bajo el cargo de “obstrucción de la justicia”, siendo que ambos recibieron sendas denuncias por corrupción en contra del gobernador Javier Corral y no han siquiera iniciado el correspondiente procedimiento.

En conferencia de prensa virtual, el senador de MORENA indicó este martes que ambos funcionarios estarían incurriendo en graves delitos por una franca protección al mandatario estatal, resaltó que la ley los obliga actuar aún en contra del jefe del Ejecutivo cuando haya denuncia formal o inclusive por oficio, de lo contrario ellos mismos serán objeto de graves sanciones.

El artículo 64 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas señala que los servidores públicos responsables de la investigación, sustanciación y resolución de las faltas administrativas, incurrirán en la falta administrativa grave denominada “obstrucción de la justicia” cuando realicen cualquier acto que simule conductas durante la investigación o no inicien el procedimiento correspondiente ante la autoridad competente dentro del plazo de 30 días a partir de que tengan conocimiento de cualquier conducta que pudiera constituir una falta administrativa o un acto de corrupción.

Por lo anterior, el legislador enfatizó que hay condiciones para denunciar jurídicamente a ambos funcionarios, quienes son precisamente los encargados de velar por el buen comportamiento de los servidores públicos a nivel estatal, o de sancionar los actos de corrupción que se cometan en el ámbito de competencia del gobierno del Estado.

“Desde el mes de julio presentamos una denuncia en contra del gobernador, por varios actos de corrupción por el uso de vuelos privados que tan sólo en el 2019 sumaron casi 14 millones de pesos el monto de este beneficio indebido que recibió de un particular el mandatario estatal, pero el titular de la Auditoría Superior como de la Secretaría de la Función Pública han ignorado la denuncia en franca protección al gobernador. Estamos seguros de que si otro fuera el señalado habrían actuado, en pequeña o mayor medida pero en este caso el encubrimiento es descarado”, precisó Pérez Cuéllar.

Para demostrar que existe “obstrucción de la justicia”, precisó que luego de la denuncia presentada, el 16 de julio pasado la Auditoría Superior advirtió que para poder proceder con la investigación se debía mencionar de manera “específica los recursos públicos sobre los cuáles se presume el manejo, aplicación o custodia irregular en los hechos denunciados”. Pero a decir del área jurídica del senador Pérez Cuéllar tal prevención resulta completamente contraria a derecho, e incluso la Auditoría no debería haber solicitado tal información puesto que en los requisitos que la Ley General prevé para la presentación de una denuncia y comienzo de una investigación, no exige que se tenga que cumplir con lo solicitado por la auditoría. Por el contrario, el artículo 11 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas prevé que deben ser las Auditorías de los estados las que deben de investigar y recabar las pruebas que permitan corroborar los hechos que se les denuncian, sin que para ello el denunciante esté obligado a aportar pruebas a la investigación.

Se cumplió en tiempo con la prevención señalada en fecha 28 de julio de 2020; sin embargo desde entonces la Auditoría no ha notificado nada sobre los avances de la investigación.

Cuando se solicita información sobre el asunto en la ASE y la SFP las respuestas son casi invariables: “no está la licenciada en cargada”, “no está el encargado del área”, “no está el encargado del expediente”.