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AMLO se negó a llamada de Biden; “ no está legalmente y legítimamente constituido”

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México no puede reconocer a un gobierno que no está legalmente y legítimamente constituido, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al ser cuestionado sobre la razón del rechazo de entablar una llamada con el eventual presidente electo de Estados Unidos Joe Biden.

“Con apego a esa política de principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos, nosotros no podemos hacer un reconocimiento de ningún tipo a un gobierno que no está legalmente ni legítimamente constituido”, dijo.

Ayer el gobierno mexicano rechazó entrar en contacto con el equipo de Joe Biden a través de una llamada entre López Obrador y Joe Biden.

La negativa, explicó López Obrador, se dio por respeto al proceso electoral de otro País en donde hay más de 140 millones de votantes y 38 millones de mexicanos que votaron por uno u otro partido.

“No nos corresponde de manera irresponsable pronunciarnos por uno y por otro”, dijo.

López Obrador descartó que haya represalias de Estados Unidos hacia México.

“No tiene por qué, nos estamos apegando a nuestra política de principios, además, no somos colonia, somos un país libre, independiente, soberano. El gobierno de México no es pelele de ningún gobierno extranjero”, dijo.

El Presidente agregó que ordenó que se envíe un memorándum a las embajadas y consulados de México, con el Artículo 89 de la Constitución, para que entiendan la postura de México.

“Es nuestra postura y no estamos en contra ni a favor de nadie”, reiteró.

México

Gobierno pacta compras de acero nacional con industria y constructoras

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El gobierno de México firmó este miércoles un acuerdo con la industria siderúrgica y el sector de la construcción para fortalecer la producción nacional de acero, impulsar el empleo y reducir la dependencia de importaciones, como parte del Plan México y del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.

Durante la conferencia presidencial, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, informó que se concretó un convenio de colaboración entre el sector público y representantes de ambas industrias para establecer mecanismos orientados al fortalecimiento del empleo, el crecimiento económico y la industrialización del país.

Detalló que el acuerdo contempla tres ejes principales: contrataciones públicas, financiamiento para proyectos de infraestructura y compromisos relacionados con programas de vivienda.

Buenrostro señaló que el gobierno asumió diversas acciones para impulsar a la industria siderúrgica mexicana y explicó que las compras públicas buscarán asegurar abasto, calidad y precios justos, además de respaldar la producción nacional.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó la importancia estratégica del sector siderúrgico al considerar que es clave para la autonomía productiva del país y para la seguridad de las cadenas de suministro.

Añadió que la industria del acero abastece insumos esenciales para prácticamente todas las ramas industriales y sostuvo que el propósito del convenio es privilegiar la adquisición de productos fabricados en México, no únicamente evaluar el precio.

También indicó que el acuerdo busca priorizar la producción interna para disminuir importaciones e incrementar la capacidad manufacturera nacional.

Desde la iniciativa privada, Luis Rafael Méndez Jaled, representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, afirmó que el acero es un insumo estratégico para vivienda, agua, energía, movilidad e infraestructura productiva. Recordó además que este sector consume cerca del 60 por ciento del acero utilizado en el país.

En tanto, Sergio de la Maza Jiménez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero, consideró que el convenio representa un paso relevante para fortalecer al sector, elevar el contenido nacional y avanzar en la sustitución de importaciones.

Agregó que el acuerdo permitirá respaldar alrededor de 90 mil empleos directos y dar certidumbre a inversiones en curso superiores a 8 mil millones de dólares.

El compromiso fue suscrito por el gobierno federal, 19 instituciones públicas y tres cámaras empresariales.

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