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Estados Unidos vacunó contra el COVID-19 a más de 2,4 millones de personas en 24 horas

Más de 2,4 millones de personas recibieron una vacuna contra el COVID-19 este viernes, un nuevo récord en la campaña de inoculación del país, cuya velocidad ha aumentado de manera sensible durante las últimas semanas.

Según datos de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), ya se han distribuido más de 114 millones de vacunas a nivel nacional, de las cuales más de 85 millones han sido aplicadas. Según el sitio especializado en estadísticas Our World in Data, el país está cuarto a nivel global en cuanto a cantidad de vacunas aplicadas por cada 100 habitantes, solo después del Reino Unido, los Emiratos Árabes Unidos e Israel.

Esas cifras muestran que el 16,7 por ciento de la población ha recibido una dosis de la vacuna, mientras que el 8,6 se ha aplicado dos. A partir de esta semana el país norteamericano comenzó a administrar también el inoculante desarrollado por Johnson & Johnson, que solo requiere una dosis.

Por ende, el porcentaje de la segunda categoría no tendrá que alcanzar al de la primera para que las personas allí incluídas sean consideradas como completamente vacunadas. No obstante, el suministro de esta vacuna será inicialmente más reducido de lo prometido por la farmacéutica, que encontró problemas logísticos: se espera que se envíen casi 4 millones de dosis esta semana, y se calculan 20 millones de para finales de marzo.

Para remediar estas limitaciones, la empresa llegó a un acuerdo con su histórica competidora Merck. El acuerdo contó con la mediación de la Casa Blanca, y se espera que incremente dramáticamente la capacidad de producción.

Según el acuerdo, Merck dedicará dos de sus instalaciones en los Estados Unidos a producir las dosis de Johnson & Johnson. Una proporcionará servicios de “llenado y acabado”, la última etapa del proceso de producción durante la cual la sustancia de la vacuna se coloca en viales y se empaqueta para su distribución.

La otra fabricará la vacuna y tiene el potencial de aumentar enormemente el suministro, quizás incluso duplicando lo que Johnson & Johnson podría hacer por sí solo.

Los esfuerzos de la administración de Biden para aumentar la producción de la vacuna Johnson & Johnson sugieren que considera que la misma juega un papel muy importante para abordar los desafíos futuros, como la eventual necesidad de inoculantes para niños y posiblemente refuerzos para contrarrestar las variantes del coronavirus.

El anuncio contribuirá a que Estados Unidos se procure suficientes vacunas para inocular a toda su población adulta en mayo, dos meses antes de lo previsto. Así lo anunció el presidente Joe Biden esta semana, quien también dijo que utilizará los poderes del gobierno federal para ordenar a todos los estados que den prioridad a la vacunación de los maestros, y que el gobierno federal proporcionará las dosis directamente a través de su programa de aplicación en farmacias.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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