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A casi un mes de su captura, Emma Coronel, renunció a su audiencia preliminar

Emma Coronel Aispuro, casi un mes presa en Virginia y acusada por cargos relacionados con narcotráfico, decidió renunciar a su derecho de audiencia preliminar, según un documento presentado ante la Corte del Distrito de Columbia.

La esposa de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, firmó la declinación junto con su abogado, Jeffrey Licthman, donde manifiesta haber entendido que se le acusa penalmente y que ha sido notificada de sus prerrogativas.

“Estoy de acuerdo en renunciar a mi derecho a una audiencia preliminar bajo Fed. R. Crim. P. 5.1 o Fed. R. Crim. Pág. 32.1”, se lee en el documento de una página que fue turnado este 19 de marzo.

Según las Reglas Federales de Procedimiento Criminal, hay una suma de hasta 14 razones por las cuales Emma Coronel y su defensa acordaron renunciar a su audiencia preliminar. Pero en estricto sentido, las estipulaciones 5.1 y 32.1 apelan a cambiar de adscripción para que la acusada comparezca o ganar tiempo y decidir cómo proceder.

La examinación de un juez debe ocurrir 14 días después de la audiencia inicial, como en este caso, porque la acusada está detenida. Sobre ampliar el periodo, se debe demostrar una buena causa, en relación con el interés público de llegar a una pronta resolución del caso.

De modo que la esposa del Chapo ha renunciado a una comparecencia donde pudo haber interrogado a testigos que la incriminan, incluso, presentar evidencia, pero sin objetar los datos por los cuales fue arrestada. Cabe destacar que todo lo que hubiese sucedido en esa comparecencia habría de ser registrado y estado disponible al público, con un pago de por medio.

En cambio, puede que Coronel Aispuro esté preparando una declaración o, por el contrario, se niegue a proporcionarla y la imputada sea sancionada por ello.

“Si una de las partes desobedece una orden de la Regla 26.2 de entregar una declaración a la parte, el juez de instrucción no debe considerar el testimonio de un testigo cuya declaración se retiene”, asegura el párrafo (h) de la disposición 5.1.

Por otra parte, es posible que no se requiera de una modificación si la reparación buscada por el gobierno es favorable para la persona en prisión. Sin embargo, también existe la posibilidad de que ella coopere con las autoridades, según la narrativa filtrada a diversos medios en EEUU.

Coronel Aispuro es imputada por cargos de conspiración para importar heroína, cocaína, marihuana y metanfetaminas. Si es declarada culpable, pagaría un mínimo de 10 años en prisión y una sentencia máxima de cadena perpetua, además de una multa de hasta USD 10 millones.

De acuerdo con la acusación del caso 1:21-mj-00240, fue mensajera de su esposo Joaquín Guzmán Loera y conspiró para el envío de narcóticos hacia EEUU, ambas acciones, entre 2012 y 2017. Además de planear la fuga del Chapo en 2015, en señalamientos directos del padrino de una de sus gemelas: Dámaso López Núñez, el Licenciado, lugarteniente de Guzmán Loera.

Según la declaración jurada del agente especial del FBI, Eric S. McGuire, la acusación se sustenta en revisiones a miles de comunicaciones interceptadas, interrogatorios a más de cien miembros y ex integrantes del Cártel de Sinaloa, además otro colaborador (un prolífico narcotraficante que movió cocaína para la organización).

Sin embargo, fue el “socio de alto rango” del Chapo quien ofreció la mayor parte de información sobre las presuntas conspiraciones criminales de su propia comadre para el tráfico de narcóticos; con ella planeó, además de los hijos de Guzmán Loera, la fuga del penal del Altiplano en 2015.

Así como están los señalamientos en la acusación presentada el 17 de febrero pasado ante el Distrito de Columbia, también están de forma idéntica los mismos testimonios de López Núñez, quien declaró el 22 y 23 de enero de 2019 en la sala 8D de la Corte del Distrito Este de Nueva York en el llamado “juicio del siglo”.

Tras ser arrestada en el aeropuerto internacional de Washington-Dulles el 22 de febrero reciente, fue presentada en la Corte del Distrito de Columbia un día después, donde se determinó que siguiera en prisión preventiva. En la comparecencia aseguró que entendía los cargos. Está presa desde hace 25 días en en el Centro de Detención de Alexandria, Virginia, junto con unos 350 reos más.

Infobae México consultó a los defensores Mariel Colón Miró y Jeffrey Lichtman acerca de la renuncia a audiencia preliminar, pero no se obtuvo respuesta oportuna.

Fuente: Infobae

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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