Al grito de “¡Que lo repita! ¡Que lo repita!”, más de 20 mil mujeres congregadas en el Parque 18 de Marzo de la Ciudad de México el 6 de abril de 1952, demandaban el compromiso al candidato presidencial Adolfo Ruiz Cortines para que cumpliera con su promesa de plasmar en la Constitución el derecho de las mexicanas a votar y ser electas.

Ruiz Cortines repitió su compromiso y la algarabía femenina se apoderó del lugar, y un año después de ese histórico mitin, el17 de octubre de 1953, Ruiz Cortines –ya como presidente– cumplió su palabra y promulgó las reformas constitucionales que otorgaron el voto a las mujeres en el ámbito federal. Se cumplía así un sueño, se consumaba una lucha y comenzaba otra que aún no ve final: la pelea por la ciudadanía plena de las mexicanas.

México era uno antes de 1953 y es otro después de ese año, cuando se reconoció oficialmente el derecho de las mujeres a elegir a sus gobernantes y a ser electas, pero ese reconocimiento no fue un obsequio ni una concesión, sino el resultado de movimientos universales y locales a favor de la equidad de género.

Sin embargo, 50 años más tarde en una sesión solemne por el 50 aniversario del voto femenino en México y con un salón de plenos adornado con flores se destacó afirmó que la condición de madre soltera, indígena, pobre, discapacitada y analfabeta ha sido pretexto para que las mujeres sean maltratadas, asesinadas, desaparecidas y violadas. Agregó que el hecho de ser consideradas la parte esencial de la familia las obliga a permanecer al lado de quienes, ostentando su poder, violan a diario los derechos de las mujeres.

Pero, al mismo tiempo, se hizo un llamado para modificar las leyes que oprimen a las mujeres al considerar que la ausencia de la equidad las excluye de los espacios de toma de decisiones. “El voto no es una concesión, nacemos con derechos”, aseveró la diputada Micher, quién reconoció una vez más que ha sido el movimiento de mujeres y feminista los que han logrado colocar la visión de género en la agenda legislativa.

El entonces presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Unión, señaló que “el alma de este país son sus hombres, pero el corazón de México son sus mujeres”. Reconoció que ha sido lento el avance en la participación política de las mujeres, sin embargo el Congreso es testigo de debates diarios que han dado lugar a las reformas del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) y la ley que creó el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

El sufragio femenino significa también el reconocimiento a la igualdad en la participación política, el que cada mujer pueda decidir sobre su vida, y además acepta la posibilidad de la elección de mujeres para estar en cargos de representación pública, derecho ejercido anteriormente sólo por hombres, a pesar de que la representación proporcional es en promedio del 50 por ciento.

La lucha femenina por ejercer sus derechos de votación y decisión empezó en el mundo hace varios siglos, pero en México sus primeras manifestaciones importantes se dan durante los años 1884 y 1887, cuando por primera vez una publicación, la revista femenina Violetas del Anáhuac, fundada y dirigida por Laureana Wright González y escrita solamente por mujeres, demandó el sufragio femenino.

Hacia 1910, diversas asociaciones se unen a Madero, entre ellas el club femenil antireeleccionista “Las Hijas de Cuauhtémoc”. Poco tiempo después, las integrantes del club protestan por el fraude en las elecciones y demandan la participación política de las mujeres mexicanas.

Posteriormente, en 1916, se realizó el primer Congreso Feminista, específicamente el 13 de enero. Este fue impulsado por el general Salvador Alvarado como Gobernador de Yucatán y varias organizadoras. Uno de los principales acuerdos a los que se llegó en este Primer Congreso feminista fue demandar que se otorgara el voto ciudadano a las mujeres, aunque en realidad la demanda no hizo mucho eco.

Luego de la promulgación de la Constitución Política de 1917, donde no se negaba la ciudadanía a las mujeres, ni mucho menos su oportunidad de votar, tampoco se otorgó expresamente ese derecho.

En abril del mismo año, se expidió la Ley de Relaciones Familiares, según la cual los hombres y las mujeres tienen derecho a considerarse iguales en el seno del hogar.

Del 20 al 30 de mayo de 1923, la Sección Mexicana de la Liga Panamericana de Mujeres convocó al Primer Congreso Nacional Feminista, que se reunió en la Ciudad de México, con la asistencia de 100 delegadas. Sus principales demandas en lo político fueron la igualdad civil para que la mujer pudiera ser elegible en los cargos administrativos y el decreto de la igualdad política y la representación parlamentaria por parte de agrupaciones sociales.

Como consecuencia del Congreso Nacional Feminista, el 13 de julio de ese mismo año, el gobernador de San Luis Potosí, Aurelio Manrique, expidió un decreto en el que se concedía a las mujeres potosinas el derecho a votar y a ser elegidas en elecciones municipales.

En Yucatán, Elvia Carrillo Puerto resultó la primera mexicana electa diputada al Congreso Local por el V Distrito, el 18 de noviembre de 1923. Sin embargo, después de desempeñar su cargo por dos años renunció, debido a las amenazas de muerte que recibió. Más tarde cambió su residencia a San Luis Potosí, y fue electa al obtener la mayoría de votos, pero el Colegio Electoral no reconoció su triunfo.

Hacia 1935 por primera vez las mujeres participaron en las votaciones internas del Partido Nacional Revolucionario (PNR), creado seis años antes y entre 1935 y 1936, mujeres del partido oficial conforman el Frente Único Pro Derechos de la Mujer (FUPDN), junto con y militantes o cercanas al Partido Comunista. Ellas encaminaron sus demandas de clase y reivindicaciones de género.

Posteriormente, el frente profundizó en ciertas áreas del trabajo popular como la creación del Departamento Autónomo de la Mujer en la Confederación Campesina Mexicana (CCM); luchó por el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo y la sindicalización de las obreras y empleadas gubernamentales, así como por la instalación de salas de asistencia infantil anexas a los mercados.

La lucha que implicaba profundizar y afinar las alianzas con sectores y grupos dominantes en el ámbito nacional repercutió en detrimento de la organización amplia del movimiento de mujeres, sin embargo lo anterior se compensó con la actividad febril que desencadenó la demanda del voto.

En 1937 el presidente Lázaro Cárdenas envió a la Cámara de Senadores la iniciativa para reformar el Artículo 34 constitucional, como primer paso para que las mujeres obtuvieran la ciudadanía. En 1938 la Reforma se aprobó y ese mismo año lo fue en la mayoría de los Estados.

El 24 de diciembre de 1946, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa enviada por el presidente Miguel Alemán, en la que se adicionó el Artículo 115 Constitucional, que entró en vigor el 12 de febrero del siguiente año. En ella se establecía que en las elecciones municipales participarían las mujeres en igualdad de condiciones que los varones, con el derecho a votar y ser elegidas.

Siendo candidato a la presidencia de la República, en 1952 Adolfo Ruiz Cortines prometió, ante 20 mil mujeres asistentes a un mitin de campaña, la ciudadanía sin restricciones para las mujeres.

Por fin, el 17 de octubre de 1953 se publicó en el Diario Oficial el nuevo texto del Artículo 34 Constitucional: “son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años, siendo casados, o 21 si no lo son, y tener un modo honesto de vivir”.

Así, indirectamente, en 1953 se reconoce el derecho al sufragio femenino gracias a la organización y participación de las mujeres en los foros feministas demandando derechos ciudadanos, sólo que ese avance no se materializó sino hasta por lo menos dos décadas después, debido a que en la mayoría de los casos seguían siendo los hombres quienes decidían lo que sus esposas, hijas o hermanas debían hacer.

En las elecciones del 3 de julio de 1955 las mujeres acuden por primera vez a las urnas a emitir su voto. En esa ocasión se elegía a diputados federales para la XLIII Legislatura. Pese a la importancia que tenía ese primer ejercicio de libertad de decisión, la verdadera democratización de la ciudadanía tardó mucho más en gestarse, sobre todo porque la tradición imperaba sobre la razón.

Muchas mujeres sufrían un severo nivel de represión familiar que les impedía acudir a las urnas, y otras simplemente reproducían los designios que los “hombres” de la casa les sugerían que debían manifestar. Se considera que es hasta los años setenta cuando en realidad las mujeres empezaron a ejercer su derecho ya que en el mundo se daba una revolución ideológica y política, como consecuencia de la filosofía de la liberación.

En esos años se constituyó el concepto de género como categoría de análisis para explicar los mecanismos de opresión y a partir de ahí se abrió la posibilidad de superarlos, lo que en la práctica sembró la semilla de la democracia, entendida como la igualdad de los géneros, conservando la diferencia sexual.

Ya en los años noventa, la reivindicación de los derechos va más allá. Inicia la lucha contra la violencia, esa que día a día se ejerce en las casas por medio de golpes, palabras o actitudes, esa que día a día maltrata a muchas mujeres que dan todo por sostener sus hogares a costa de su integridad misma. Inicia entonces el reconocimiento de la pluralidad, la tolerancia y el respeto.

Hoy en día faltan muchos eslabones por superar, como el hecho de que los partidos políticos cumplan con el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en su Artículo 22 Transitorio que indica que las candidaturas no deben exceder de un 70 por ciento para un mismo género.