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Política

Candidata de Morena en Colima pide apedrear a candidato opositor

Colima, Col.- La candidata de Morena a la presidencia municipal de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez, aseguró que a Jorge Luis Preciado Rodríguez, también aspirante a la alcaldía del puerto por la coalición Va por Colima, del PRI, PAN y PRD, “hay que seguirlo a pedradas”.

En acto proselitista con colonos del Valle de las Garzas, la actual alcaldesa con licencia del puerto, Griselda Martínez, recibió señalamiento por parte de los presentes sobre su actuar al frente de la comuna porteña, ante lo cual, en evidente tono de molestia dijo que a quien se debe de apedrear es a Jorge Luis Preciado: “por qué no lo agarraron y lo bajaron a pedradas, porque a ese hay que seguirlo a pedradas”.

El reclamo hecho por la población presente versó sobre la falta de compromisos cumplidos en 3 años de su administración y que, por el contrario a lo propuesto cuando buscó la alcaldía en el 2018, se registró un aumento en el costo del impuesto predial y el agua potable.

Luego de escuchar estos señalamientos y con el uso de lenguaje altisonante, Martínez Martínez señaló que no se puede arreglar un país en 3 años:

“Por eso estamos jodidos, por eso el país está jodido y queremos que se resuelva un país desmadrado en 3 años, no señora, la miseria de los mexicanos no la vamos a resolver en 3 años”.

Y agregó, en referencia al exsenador y exdiputado local por el PAN, Preciado Rodríguez: “a ver, por qué no vino Jorge Luis que privatizó todo y chingó todo… por qué no lo agarraron y lo bajaron a pedradas, porque a ese hay que seguirlo a pedradas”.

Cabe señalar que el evento fue desarrollado en la misma colonia donde en julio del 2019 se perpetró un atentado en contra de la alcaldesa y sus escoltas, del cual resultó ilesa y en donde a partir de entonces es protegida por elementos de la Secretaría de Marina con sede en el puerto.

Fuente: El Financiero

México

Avanza nueva Ley de Telecomunicaciones en el Senado: oposición advierte riesgo de censura y espionaje

El Senado de la República aprobó en lo general y lo particular la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, impulsada por Morena y sus aliados, en una sesión extraordinaria que terminó con 77 votos a favor y 30 en contra, principalmente del PRI y del PAN, quienes alertaron sobre riesgos de censura, vigilancia masiva y concentración de poder por parte del Estado.

Durante el debate, se presentaron 20 reservas, de las cuales sólo se aceptaron cuatro: dos del morenista Javier Corral y dos del senador Ricardo Sheffield. Estas últimas incorporan facultades para que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones —nuevo órgano autónomo creado por esta ley— vigile los costos de los equipos de telefonía móvil y evite incrementos injustificados.

El dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y posible aprobación. Entre los puntos más polémicos se encuentra la facultad de suspender transmisiones de radio y televisión bajo criterios aún considerados ambiguos por la oposición, y la posibilidad de crear un registro de líneas de telefonía móvil, que algunos senadores calificaron como una amenaza a la privacidad.

El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, sostuvo que aunque Morena eliminó del dictamen el artículo 109 —que planteaba el bloqueo de plataformas digitales—, esto se debió a la presión ciudadana, no a una convicción democrática. «Pusieron a temblar al gobierno. Los dobló la presión ciudadana», dijo desde tribuna. Aun así, insistió en que persisten mecanismos de control estatal que buscan acallar voces críticas.

En ese mismo sentido, el dirigente nacional del PRI y senador, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que esta reforma representa “una guía de bolsillo para fortalecer un régimen antidemocrático, dictatorial”, al permitir al Estado vigilar a los ciudadanos, controlar los medios de comunicación y restringir la libertad de expresión. «Ustedes están destruyendo la República», acusó.

En defensa del dictamen, el senador Manuel Huerta (Morena) respondió que la ley “no espía, no persigue, no censura”, sino que garantiza que las telecomunicaciones estén al servicio del pueblo y no de intereses económicos particulares. Por su parte, Jorge Carlos Ramírez Marín (PVEM) argumentó que el registro de líneas ya está contemplado en el artículo 190 de la ley vigente, y desestimó las acusaciones de que se trata de un «Big Brother».

Uno de los cambios relevantes del dictamen fue la eliminación de la censura previa de contenidos de medios internacionales a través de la Secretaría de Gobernación, medida que habría violado el capítulo 18.18 del T-MEC. Además, se sustituyó la polémica Agencia de Transformación Digital por una Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, con independencia técnica y operativa, aunque con integrantes propuestos por la Presidencia y ratificados por el Senado, lo que motivó críticas por un posible conflicto constitucional.

La senadora Claudia Anaya (PRI) advirtió que estos nombramientos serían ilegales, ya que el artículo 76 de la Constitución no faculta al Senado para ratificar integrantes de órganos reguladores como el que se plantea.

En paralelo, se determinó que la autoridad en materia de competencia económica quedará sectorizada en la Secretaría de Economía, que en conjunto con tribunales especializados decidirá sobre casos de poder sustancial o preponderancia en el sector.

Mientras tanto, la Agencia de Transformación Digital, ahora con funciones reducidas, será responsable de la política estatal de cobertura social, acceso satelital y aprovechamiento del espectro, sin excluir su participación como proveedor comercial.

La discusión en la Cámara de Diputados será clave para definir el rumbo de esta polémica reforma que, pese a los ajustes realizados, sigue dividiendo a los actores políticos y a la opinión pública.

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