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Política

Las cámaras del “Escudo Chihuahua” no le sirven a los pobres: Víctor Quintana

La Señora Gaby nos comenta con tristeza: los ladrones vinieron y se llevaron todas sus cosas de valor: la pantalla, la Tablet donde sus niños seguían sus clases, todo. Dejaron ya listas para llevarse la secadora y el refri, pero no pudieron. En plena luz del día, en la colonia Riberas del Sacramento. Los vecinos le dieron que dos señores en una camioneta blanca vinieron y sacaron todo. Su poco patrimonio en bienes muebles adquirido con largos años de trabajo, ahí se fue. La policía sólo vino y levantó el acta. No hizo nada, a pesar de que se supone que todo debe estar filmado por las cámaras de seguridad del famoso y más costoso “Escudo Chihuahua”.

Esta triste historia de despojo del patrimonio familiar se repite en la Colonia Vida Digna, en el Porvenir, en casi todas las colonias y barrios del norte de la ciudad. Parece que la inseguridad es privativa de los pobres, que las cámaras y la policía municipal sólo operan para beneficio de los grandes negocios y de las zonas ricas. Acá en esta parte de la ciudad la policía se hace presente, sobre todo, para levantar a los jóvenes y para amedrentarlos. No ha sido nada eficiente para terminar con los picaderos que abundan, todos ellos atendidos por adultos.

En nuestros recorridos por todas esas colonias nos han denunciado una y otra vez la inseguridad que se ha adueñado de esta zona, sobre todo después de que oscurece. Inseguridad que en mucho se debe al enorme incremento del consumo del cristal y de la necesidad de las personas adictas de hacerse de dinero mal o bien habido para adquirir su dosis diaria.

Hemos escuchado todas estas quejas y denuncias. Nos hemos comprometido a trabajar conjuntamente con las autoridades municipales que resulten electas para que la seguridad de las personas y del patrimonio no sea privilegio sólo de los ricos, sino derecho de todas y de todos. Nos hemos comprometido a visitar continuamente esta parte de la ciudad para contribuir a que mediante la participación y la exigencia ciudadanas las autoridades de todos los órdenes de gobierno garanticen la seguridad y la paz.

Además, es necesaria una evaluación y una auditoría precisa sobre la inversión y la operatividad del llamado “Escudo Chihuahua”.

México

Avanza nueva Ley de Telecomunicaciones en el Senado: oposición advierte riesgo de censura y espionaje

El Senado de la República aprobó en lo general y lo particular la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, impulsada por Morena y sus aliados, en una sesión extraordinaria que terminó con 77 votos a favor y 30 en contra, principalmente del PRI y del PAN, quienes alertaron sobre riesgos de censura, vigilancia masiva y concentración de poder por parte del Estado.

Durante el debate, se presentaron 20 reservas, de las cuales sólo se aceptaron cuatro: dos del morenista Javier Corral y dos del senador Ricardo Sheffield. Estas últimas incorporan facultades para que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones —nuevo órgano autónomo creado por esta ley— vigile los costos de los equipos de telefonía móvil y evite incrementos injustificados.

El dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y posible aprobación. Entre los puntos más polémicos se encuentra la facultad de suspender transmisiones de radio y televisión bajo criterios aún considerados ambiguos por la oposición, y la posibilidad de crear un registro de líneas de telefonía móvil, que algunos senadores calificaron como una amenaza a la privacidad.

El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, sostuvo que aunque Morena eliminó del dictamen el artículo 109 —que planteaba el bloqueo de plataformas digitales—, esto se debió a la presión ciudadana, no a una convicción democrática. «Pusieron a temblar al gobierno. Los dobló la presión ciudadana», dijo desde tribuna. Aun así, insistió en que persisten mecanismos de control estatal que buscan acallar voces críticas.

En ese mismo sentido, el dirigente nacional del PRI y senador, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que esta reforma representa “una guía de bolsillo para fortalecer un régimen antidemocrático, dictatorial”, al permitir al Estado vigilar a los ciudadanos, controlar los medios de comunicación y restringir la libertad de expresión. «Ustedes están destruyendo la República», acusó.

En defensa del dictamen, el senador Manuel Huerta (Morena) respondió que la ley “no espía, no persigue, no censura”, sino que garantiza que las telecomunicaciones estén al servicio del pueblo y no de intereses económicos particulares. Por su parte, Jorge Carlos Ramírez Marín (PVEM) argumentó que el registro de líneas ya está contemplado en el artículo 190 de la ley vigente, y desestimó las acusaciones de que se trata de un «Big Brother».

Uno de los cambios relevantes del dictamen fue la eliminación de la censura previa de contenidos de medios internacionales a través de la Secretaría de Gobernación, medida que habría violado el capítulo 18.18 del T-MEC. Además, se sustituyó la polémica Agencia de Transformación Digital por una Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, con independencia técnica y operativa, aunque con integrantes propuestos por la Presidencia y ratificados por el Senado, lo que motivó críticas por un posible conflicto constitucional.

La senadora Claudia Anaya (PRI) advirtió que estos nombramientos serían ilegales, ya que el artículo 76 de la Constitución no faculta al Senado para ratificar integrantes de órganos reguladores como el que se plantea.

En paralelo, se determinó que la autoridad en materia de competencia económica quedará sectorizada en la Secretaría de Economía, que en conjunto con tribunales especializados decidirá sobre casos de poder sustancial o preponderancia en el sector.

Mientras tanto, la Agencia de Transformación Digital, ahora con funciones reducidas, será responsable de la política estatal de cobertura social, acceso satelital y aprovechamiento del espectro, sin excluir su participación como proveedor comercial.

La discusión en la Cámara de Diputados será clave para definir el rumbo de esta polémica reforma que, pese a los ajustes realizados, sigue dividiendo a los actores políticos y a la opinión pública.

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