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Resto del mundo

Liberan a la salvadoreña Sara Rogel, acusada de abortar y condenada a 30 años de prisión

Este lunes fue liberada la salvadoreña Sara Rogel, condenada a 30 años de cárcel en 2012 por un delito de «homicidio agravado» cometido por supuestamente abortar, luego de que la Fiscalía General no interpusiera un recurso en contra del veredicto de un juzgado de la localidad de Cojutepeque, en el departamento de Cuscatlán.

Tras una audiencia de revisión de medidas realizada hace una semana, el Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria de Cojutepeque determinó que Rogel debía quedar en libertad condicional anticipada. La acusada había cumplido nueve años de pena en el Centro de Detención Menor de la ciudad de Zacatecoluca, capital del departamento de La Paz.

Se esperaba que la Fiscalía, que había mostrado su oposición a esta decisión, presentara un recurso de revocatoria. Sin embargo, esto no ocurrió y el organismo manifestó en un comunicado que no tenía elementos para apelar y que su caso tenía todos los elementos para otorgarle el beneficio de la libertad.

La joven salvadoreña sufrió una emergencia obstétrica en octubre de 2012, cuando tenía 20 años, al resbalarse mientras lavaba ropa en una zona rural del país centroamericano. Rogel, que presentó un desgarro y sangrado, fue llevada a un hospital, donde aún en estado delicado, la señalaron de haber querido concluir su embarazo.

Por ello, la detuvieron y fue acusada de «homicidio agravado». Según la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, una organización civil, la acusación de la Fiscalía se hizo «interpretando parcializadamente los hechos y presumiendo su culpabilidad sin prueba alguna».

En El Salvador el aborto está penalizado desde 1998 en todas las circunstancias, sin importar si el embarazo es consecuencia de una violación, si la madre está en riesgo o si el feto tiene malformaciones incompatibles con la vida fuera del útero. Las penas van de los ocho hasta los 50 años.

Resto del mundo

Trump endurece política migratoria: ICE elimina audiencias de fianza para indocumentados

Washington, D.C.— Millones de inmigrantes indocumentados que ingresen a Estados Unidos ya no tendrán derecho a solicitar audiencias de fianza ante un juez migratorio, de acuerdo con una nueva política anunciada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

La medida fue comunicada la semana pasada a través de un memorando firmado por el director interino de ICE, Todd Lyons, y forma parte del nuevo impulso de la administración Trump para incrementar la detención prolongada de migrantes que cruzan ilegalmente la frontera. La política ya comenzó a aplicarse y, según fuentes cercanas al caso citadas por ABC News, podría enfrentar una oleada de impugnaciones legales en los próximos días.

Hasta antes de esta decisión, cualquier persona detenida por ingresar sin documentos podía solicitar una audiencia de fianza con un juez migratorio para argumentar su liberación bajo ciertas condiciones. Con este cambio, ICE retira ese derecho procesal de forma generalizada, lo que aumentaría de forma significativa el número de personas retenidas indefinidamente en centros de detención federal. Organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que la medida vulnera el debido proceso y exacerba el colapso del sistema migratorio estadounidense.

La nueva política fue reportada inicialmente por The Washington Post y ya generó reacciones entre legisladores y activistas. Algunos analistas consideran que esta acción forma parte de la estrategia electoral del expresidente Trump rumbo a noviembre. El anuncio se da en medio de una creciente tensión entre el gobierno federal y distintas cortes migratorias que habían flexibilizado criterios de detención en años recientes. ICE argumenta que el objetivo es fortalecer el control fronterizo y reducir los riesgos de evasión de la ley.

La orden no especifica cuánto tiempo permanecerán detenidos los inmigrantes sin acceso a fianza, pero advierte que todos los casos serán evaluados directamente por ICE. Esta decisión podría afectar especialmente a familias y solicitantes de asilo que cruzan por la frontera sur. La medida generará presión adicional en los centros de detención, que ya operan en niveles críticos de hacinamiento.

La administración Sheinbaum aún no ha emitido una postura oficial sobre esta nueva política migratoria de Estados Unidos. El tema podría generar tensión diplomática si no se atiende en los próximos encuentros bilaterales.

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