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Política

Dos gobernadores electos están bajo investigación por presuntos vínculos con el crimen organizado

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Durante las pasadas jornadas electorales, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) comenzó una investigación de todos los candidatos y candidatas que participaron en los comicios con el objetivo de detectar posible intervención del crimen organizado; esto, a la par de las actividades de la misma índole que llevaba a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Las indagatorias arrojaron un listado de carácter confidencial, al cual tuvo acceso Milenioen el que se hallaron a seis candidatos a gubernaturas y diputaciones federales, militantes de al menos cinco partidos políticos, con presuntos vínculos con cárteles.

Según el medio mexicano, el listado lo encabeza Rubén Rocha Moya, militante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y gobernador electo de Sinaloa, a quien se le vincula con el cártel de Pacífico de Joaquín El Chapo Guzmán Ismael El Mayo Zambada.

Detrás de Rocha, se encuentra Ricardo Gallardo Cardona, gobernador electo de San Luis Potosí por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien es señalado de mantener presuntos nexos con las organizaciones criminales de Los Zetas y el cártel del Noroeste.

Cabe recordar que, en 2015, Gallardo fue detenido y puesto a disposición de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada acusado de transferencias ilegales por más de 200 millones de dólares a través de sus empresas entre 2012 y 2014, triangulando las operaciones por medio de una clínica de especialidades, Wong, SA de CV. Sin embargo, fue liberado 11 meses después por falta de pruebas.

Además que el funcionario ya se encontraba bajo investigación de la UIF desde octubre del 2020 por supuesto lavado de dinero. Las denuncias apuntaban que el entonces aspirante y su padre, Ricardo Gallardo Juárez habrían desviado más de 700 millones de pesos en el municipio de Soledad, que controlaron de 2009 a 2018.

Ambos personajes forman parte del grupo político, creado por ellos mismos, llamado La Gallardía el cual ha sido excluyente para acceder al poder en el municipio; los señalamientos por supuestos vínculos con el narcotráfico ha perseguido a esta agrupación desde hace tres lustros.

(Foto: Facebook Emmanuel Reyes Carmona)(Foto: Facebook Emmanuel Reyes Carmona)

Jannet López Ponce, titular del artículo, agregó que otros funcionarios a quienes también se les rastrearon vínculos con bandas criminales son tres diputados federales, abanderados de la coalición Morena-Partido del Trabajo (PT)-PVEM.

El primero de ellos, señaló, es Emmanuel Reyes Carmona, ganador de la reelección por una diputación en Guanajuato. El documento estipula que el diputado electo guardaría presuntos vínculos con el cártel Santa Rosa de Lima, de José Antonio Yépez Ortiz El Marro, vinculado la noche del martes e ingresado a la cárcel del Altiplano, en Estado de México.

El segundo es Francisco Javier Huacus Esquivel, diputado electo de Michoacán por la misma coalición que Reyes Carmona; a este funcionario se le vincula con la organización de los Viagra, cuya presencia domina en la región de Apatzingán

Finalmente, Miguel Pavel Jarero Velázquez, ganador de la reelección de su diputación bajo la misma coalición que los dos anteriores, también se le adjudica posibles nexos con grupos criminales, sin embargo, no se ha especificado la identidad de la agrupación.

A pesar de las señalaciones, aclaró Milenioaún no se ha presentado ninguna denuncia ante la Fiscalía General de la República.

Acontecer

Impulsa diputada Argüelles padrón público de comedores contra el hambre

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1 de cada 10 chihuahuenses viven en carencia alimentaria

Chihuahua. – Con el objetivo de reforzar las estrategias transparentes en el combate contra el hambre, la diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, presentó una proposición con carácter de Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, como titular de la Junta de Gobierno del DIF Estatal, así como a la Dirección General del organismo, a crear un padrón público, actualizado y consultable de los comedores infantiles en Chihuahua.

Durante su exposición, la legisladora subrayó que el combate al hambre es una responsabilidad compartida y un compromiso alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, que establece como prioridad erradicar el hambre y garantizar la seguridad alimentaria.

Señaló que, de acuerdo con datos del INEGI, actualmente más de 370 mil personas en Chihuahua viven en carencia alimentaria, es decir, 1 de cada 10 chihuahuenses, problemática que se agrava en la región serrana, donde el 60 por ciento de niñas y niños presenta algún grado de desnutrición.

La legisladora, reconoció también los avances logrados por el Gobierno de México en materia de combate a la pobreza, impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum, que han permitido que millones de personas mejoren sus condiciones de vida; sin embargo, advirtió que la seguridad alimentaria sigue siendo uno de los principales retos sociales.

Argüelles Díaz recordó que el artículo 4° de la Constitución garantiza el derecho de todas las personas a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, derecho que en Chihuahua también está respaldado por la Ley de Desarrollo Social y Humano y la Ley de Asistencia Social, donde se establece como población prioritaria a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas indígenas y personas adultas mayores en situación de pobreza alimentaria.

Destacó que los comedores infantiles son una de las principales políticas públicas para combatir la desnutrición en la infancia, por lo que contar con un padrón público permitirá a la ciudadanía conocer su ubicación, funcionamiento, cobertura y servicios, además de fortalecer la supervisión, la coordinación institucional y la rendición de cuentas.

“La transparencia también es una herramienta para salvar vidas. Hacer visible dónde están los comedores infantiles es garantizar que más niñas y niños accedan a su derecho a la alimentación”, concluyó la congresista.

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