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Política

Al menos 12 candidatos de las elecciones del 6 de junio recibieron financiamiento ilícito: UIF

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Sin mencionar los nombres de las personas ni de sus partidos políticos, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, dio a conocer que por lo menos 12 de los candidatos que participaron por un puesto de elección popular, el pasado 6 de junio, recibieron financiamiento ilícito para sus campañas.

En una conferencia que dio este martes, el jefe de la UIF también señaló que ya se entregó toda la información que su departamento encontró, con el análisis del modelo de riesgo de 12.600 personas, al Instituto Nacional Electoral (INE), cuya Comisión de Fiscalización en conjunto con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, se encargará de determinar si en efecto hubo existencia de delito.

Además detalló que se entregó al INE también un informe del modelo de riesgo de 18 mil empresas que forman parte del padrón de proveedores de ese instituto, al encontrarse que varias operan como factureras, por lo que ya se entregaron esos datos de igual manera al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) (Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez)Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) (Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez)

Apenas un par de días después de los históricos comicios de medio término en México, Santiago Nieto anunció que se habían identificado ya siete casos de financiamiento ilícito, que incluían candidatos a gubernaturas, diputaciones federales y alcaldías de la Ciudad de México.

Y previo a las elecciones había advertido que después de esa fecha se harían públicos tales casos. En ese momento, el jefe de la UIF indicó que se había realizado en las semanas previas a los comicios un proceso de revisión de todos los candidatos que serían votados, así como de sus proveedores.

Lo que sí confirmaba entonces Nieto Castillo es que se habían hallado irregularidades que obedecían al financiamiento ilegal, tales como la existencia de “empresas-fachada”, respecto a las que se hicieron las denuncias correspondientes y se había solicitado el congelamiento de sus cuentas.

Asimismo, a través de las redes sociales, Santiago Nieto, titular de la UIF, confirmó que como parte de la Estrategia Nacional de seguridad y en acciones coordinadas con el gabinete de seguridad, se bloquearon diversas cuentas ligadas al narco.

(Foto: Cuartoscuro)(Foto: Cuartoscuro)

Un total de 170 personas fueron identificadas como generadoras de violencia en el estado de Guerrero, mientras que en Michoacán, fueron identificadas 153 personas, a todas ellas les congelaron sus recursos económicos.

En éste último estado, dichas cuentas supuestamente pertenecen a seis diferentes cárteles que se pelean la zona de manera violenta desde hace algunos meses, de acuerdo con el diario Milenio.

Las 153 personas aparentemente serían colaboradores de cárteles como el de Jalisco Nueva Generación (CJNG), los Caballeros Templarios, la Familia Michoacana, así como Los Viagra o integrantes de Cárteles Unidos y células de los Beltrán Leyva.

Esto reafirmaría, de acuerdo con el medio, la estrategia de la 4T, quienes buscan parar las finanzas y el capital de los narcotraficantes, en vez de buscar el conflicto armado o bien, la aprehensión de los más importantes capos del momento.

Pero México no es el único país interesado en detener a estos criminales, pues los Estados Unidos han fichado también a distintas organizaciones como el CJNG, los Caballeros Templarios o bien, la Familia Michoacana, el trío identificado como las amenazas criminales más grandes para su territorio.

Los bloqueos, además, llegaron hasta la parte central del país, donde se congelaron 85 cuentas bancarias de sospechosos y personas que habrían participado en el atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, el 26 de junio del año pasado.

Éstas podrían estar ligadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación, pues Harfuch señaló como responsables de dicho atentado al grupo comandado por Nemesio Oseguera Cervantes, también conocido como El Mencho.

Acontecer

Impulsa diputada Argüelles padrón público de comedores contra el hambre

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1 de cada 10 chihuahuenses viven en carencia alimentaria

Chihuahua. – Con el objetivo de reforzar las estrategias transparentes en el combate contra el hambre, la diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, presentó una proposición con carácter de Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, como titular de la Junta de Gobierno del DIF Estatal, así como a la Dirección General del organismo, a crear un padrón público, actualizado y consultable de los comedores infantiles en Chihuahua.

Durante su exposición, la legisladora subrayó que el combate al hambre es una responsabilidad compartida y un compromiso alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, que establece como prioridad erradicar el hambre y garantizar la seguridad alimentaria.

Señaló que, de acuerdo con datos del INEGI, actualmente más de 370 mil personas en Chihuahua viven en carencia alimentaria, es decir, 1 de cada 10 chihuahuenses, problemática que se agrava en la región serrana, donde el 60 por ciento de niñas y niños presenta algún grado de desnutrición.

La legisladora, reconoció también los avances logrados por el Gobierno de México en materia de combate a la pobreza, impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum, que han permitido que millones de personas mejoren sus condiciones de vida; sin embargo, advirtió que la seguridad alimentaria sigue siendo uno de los principales retos sociales.

Argüelles Díaz recordó que el artículo 4° de la Constitución garantiza el derecho de todas las personas a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, derecho que en Chihuahua también está respaldado por la Ley de Desarrollo Social y Humano y la Ley de Asistencia Social, donde se establece como población prioritaria a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas indígenas y personas adultas mayores en situación de pobreza alimentaria.

Destacó que los comedores infantiles son una de las principales políticas públicas para combatir la desnutrición en la infancia, por lo que contar con un padrón público permitirá a la ciudadanía conocer su ubicación, funcionamiento, cobertura y servicios, además de fortalecer la supervisión, la coordinación institucional y la rendición de cuentas.

“La transparencia también es una herramienta para salvar vidas. Hacer visible dónde están los comedores infantiles es garantizar que más niñas y niños accedan a su derecho a la alimentación”, concluyó la congresista.

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