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México

Más de 830,000 trabajadores que estaban en outsourcing recibirán utilidades por primera vez

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Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), aseguró que alrededor de 830,000 trabajadores han salido del esquema del outsourcing a dos meses y medio de la entrada en vigor de la reforma a la ley de subcontratación implementada por el gobierno de México.

Al participar en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, la titular del Trabajo aseguró que el esquema de subcontratación se había venido utilizando para evadir una responsabilidades empresariales como el reparto de utilidades a los trabajadores, pero tras la entrada en vigor de la ley que regula este esquema, se ha regularizado a miles de trabajadores.

“A dos meses y medio de la entrada en vigor de la reforma en materia de subcontratación 830,000 trabajadores han salido del esquema de subcontratación y han sido reconocidos y registrados por sus patrones reales lo que implica que tendrán por primera vez acceso a este derecho, al reparto de utilidades”, señaló.

Dijo que de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a la par de este número de trabajadores ya reconocidos por sus empleadores, también se ha incrementado el salario de cotización en casi 11%.

Foto: REUTERS/José Luis González/ArchivoFoto: REUTERS/José Luis González/Archivo

Resaltó que debido a que aún se está en el periodo de implementación de la Ley, la cifra de los trabajadores registrados, probablemente aumentará.

“Recordar que todavía estamos en el periodo de implementación; falta aproximadamente mes y medio todavía de los plazos transitorios por lo que muy probablemente esta cifra de 830,000 se vaya incrementado”, destacó.

La secretaria del Trabajo recordó que el reparto de utilidades es un derecho reconocido en la Constitución, la cual señala que una comisión tripartita (conformada por representantes del gobierno, trabajadores y empresarios) como la encargada de definir el porcentaje de las utilidades que deben ser repartidas entre los empleados.

Señaló que en 2019, esta comisión fijó dicho porcentaje en 10% al tiempo que destacó que con la reforma en materia de subcontratación se establecieron reglas que permitieran establecer este derecho “prácticamente extinto” por lo que se establecieron dos modalidades para el reparto de utilidades: hasta 90 días o el promedio de los últimos tres años, lo que resulte más benéfico para el trabajador.

“Con estas modalidades, la proyección actual es que se están repartiendo 56,000 millones de pesos, que más o menos equivale al 2.8% de las utilidades totales. Con el paquete reforma y la incorporación de nuevos trabajadores se estima, se pagarán para mayo del próximo año, 157,000 millones de pesos que equivale aproximadamente al 7.7%”, destacó.

Luisa Maria Alcalde (Foto: Cuartoscuro/Archivo)Luisa Maria Alcalde (Foto: Cuartoscuro/Archivo)

“Es decir, lo que se establece aquí que es el límite de los 90 días o el promedio último de los tres años, es el mínimo al que tienen derecho los trabajadores y por supuesto, con la herramienta de la negociación colectiva que tiene que ir atendiendo excepcionalidades y casos concretos de las diferentes industrias”, dijo.

Luisa María Alcalde señaló que la próxima semana, la Secretaría del Trabajo emitirá lineamientos que permitan aclarar a las empresas el pago del reparto de utilidades “para que no haya malas interpretaciones como establecer, por ejemplo, que la antigüedad de un trabajador juega un papel para definir si es 90 días o es el promedio de los últimos tres meses”.

“No es el caso, todos los trabajadores dependen de lo que sea más favorable. Si el monto es mayor del promedio de los últimos tres años, eso es lo que debe pagarse, si el monto es mayor hasta 90 días, eso es lo que debe pagarse”, enfatizó.

Sobre el caso de los mineros de Cananea, la titular del Trabajo aseguró que ya se estableció contacto con ambas partes para buscar un acuerdo para el pago de utilidades.

México

México y Estados Unidos pactan entregas de agua del río Bravo bajo tratado de 1944

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México y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo técnico para la gestión y entrega de agua en la cuenca del río Bravo, en apego al Tratado de Aguas de 1944, en un contexto marcado por una sequía extrema que ha presionado a comunidades, productores agrícolas y ecosistemas a ambos lados de la frontera.

El entendimiento es resultado de meses de negociaciones técnicas y políticas, y tiene como objetivo garantizar el cumplimiento del tratado, al tiempo que se protege el derecho humano al agua y a la alimentación. A través de un comunicado conjunto, las secretarías de Relaciones Exteriores, Agricultura y Medio Ambiente, junto con la Comisión Nacional del Agua, confirmaron el compromiso de México para realizar entregas mínimas anuales conforme a las condiciones hidrológicas de la cuenca y a los mecanismos establecidos en el acuerdo binacional.

Como parte del nuevo esquema, México se comprometió a entregar al menos 350 mil acres-pie de agua por año, equivalentes a 431.7 millones de metros cúbicos, durante el próximo ciclo de cinco años. Este volumen permitirá avanzar en el cumplimiento del tratado mientras se implementa un plan para saldar la deuda acumulada del periodo quinquenal anterior y evitar nuevos déficits hídricos.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el acuerdo fue construido en coordinación con los gobernadores de los estados del norte del país, con el fin de diseñar un esquema de afectación mínima que permita cumplir con los compromisos internacionales sin comprometer el abasto interno. Entre las entidades involucradas se encuentran Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León y Sonora, regiones que dependen en gran medida del río Bravo para el consumo humano y las actividades productivas.

El plan técnico acordado contempla una gestión más ordenada del recurso, reuniones mensuales de seguimiento y acciones de planeación de largo plazo que incluyen infraestructura, adaptación al cambio climático y una distribución más previsible del agua. Autoridades mexicanas subrayaron que el Tratado de 1944 continúa siendo un instrumento clave para salvaguardar los intereses nacionales y la estabilidad agrícola.

Desde Estados Unidos, funcionarios señalaron que el acuerdo fortalece la seguridad hídrica del sur de Texas y beneficia a agricultores y ganaderos del Valle del Bajo Río Grande, en una región afectada por la caída histórica de los niveles del río, la sobreexplotación y la contaminación del afluente.

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