Un grupo autodenominado “Autodefensas del pueblo ‘El Machete’” anunció oficialmente su conformación para defender al pueblo de Pantelhó, en Chiapas, del crimen organizado y los sicarios que, dijeron, han aquejado a la población campesina desde hace 20 años.
Mediante un video publicado en redes sociales, en el que se muestra a cuatro sujetos portando armas largas, los hombres adjudicaron a la agrupación la irrupción a la comunidad efectuada el pasado 7 de julio; aseguran que su introducción fue para “expulsar a los sicarios y a los narcotraficantes”.
“Entramos porque no queremos más muertes (…) Nuestra paciencia se acabó porque en el Gobierno federal y estatal no vemos ninguna esperanza. Con nuestro dolor ante tanta sangre derramada, tomamos el rumbo de nuestras historias(…) Queremos vivir en paz, libertad, armonía, con justicia de nuestros pueblos reprimidos”, aseveró.
Aunado a ello, aclararon que permanecerán en la comunidad “una vez que Pantelhó esté libre de sicarios y narcotraficantes”, esto, reiteraron, porque “no buscamos el poder ni el dinero para nosotros”.
(Foto: Cuartoscuro)
En la cinta los hombres también señalaron a diversos funcionarios públicos como responsables de “abrir las puertas al crimen organizado”, así como de ignorar las denuncias de los habitantes indígenas y erradicar a quienes se oponen al gobierno municipal.
“Fue en el año 2002 cuando Austreberto Herrera Abarca se quiso autonombrar para ser juez municipal de Pantelhó. Él le abrió las puertas al crimen organizado, a los narcotraficantes y así comenzó a matar a los que oponían a sus actividades; vemos que ha matado a un aproximado de 200 personas”, mencionó el hombre que se muestra encapuchado.
Sin embargo, a pesar de la detención de Herrera, afirmaron que sus hijos, Rubén y Daily Gutiérrez Herrera, tomaron el control del municipio, por lo que la violencia, los homicidios y los despojos de tierras no cesaron. También denunciarona la presidenta municipal actual, Delya Janeth Flores Velasco y al electo, Raquel Trujillo Morales, de ser parte del crimen organizado.
El grupo de autodefensa también acusó a las autoridades de permitir la entrada de Enoc Díaz Pérez, expresidente municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán y detenido por intento de secuestro, de ser integrante de un grupo armado identificado como “Los Diablos”; así como de Arturo Ramos Salazar, a quien acusaron de financiar a grupos armados.
“Vemos que el mal gobierno ha jugado con la vida de nuestro pueblo (…) pero el gobierno se olvidó que hay Davides que se organizan para defender la vida del pueblo: aclaramos al mal gobierno que no envía su Guardia Nacional, su ejército, su policía. Si vemos que envía para matarnos, detenernos y encacelarnos es porque forma parte del crimen organizado; porque se confirma que tenemos un gobierno narcoestado”, mencionaron.
(Foto: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A. C.)
Durante las últimas semanas, la región tzotzil de Pantelhó-Chenalhó ha sido prácticamente abandonada por alrededor de 2,000 personas, que huyen de la violencia generada por el crimen organizado y la omisión del Estado mexicano de atender la situación.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A. C. (Frayba), obtuvo documentos que señalan la presencia de un grupo criminal en el municipio de Pantelhó, el cual actuaría en complicidad con el Ayuntamiento para formar parte de las estructuras del poder municipal, actualmente vinculado al Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Hasta el momento se han registrado operaciones del Cártel de Sinaloa, mismo que tiene pleno control de la frontera con Guatemala; del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que se extiende a la costa suroccidental; y del Cártel del Golfo, con una pequeña franja de poder que se extiende desde el Pacífico hasta la frontera con Oaxaca y la parte del sur de Veracruz.
México y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo técnico para la gestión y entrega de agua en la cuenca del río Bravo, en apego al Tratado de Aguas de 1944, en un contexto marcado por una sequía extrema que ha presionado a comunidades, productores agrícolas y ecosistemas a ambos lados de la frontera.
El entendimiento es resultado de meses de negociaciones técnicas y políticas, y tiene como objetivo garantizar el cumplimiento del tratado, al tiempo que se protege el derecho humano al agua y a la alimentación. A través de un comunicado conjunto, las secretarías de Relaciones Exteriores, Agricultura y Medio Ambiente, junto con la Comisión Nacional del Agua, confirmaron el compromiso de México para realizar entregas mínimas anuales conforme a las condiciones hidrológicas de la cuenca y a los mecanismos establecidos en el acuerdo binacional.
Como parte del nuevo esquema, México se comprometió a entregar al menos 350 mil acres-pie de agua por año, equivalentes a 431.7 millones de metros cúbicos, durante el próximo ciclo de cinco años. Este volumen permitirá avanzar en el cumplimiento del tratado mientras se implementa un plan para saldar la deuda acumulada del periodo quinquenal anterior y evitar nuevos déficits hídricos.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el acuerdo fue construido en coordinación con los gobernadores de los estados del norte del país, con el fin de diseñar un esquema de afectación mínima que permita cumplir con los compromisos internacionales sin comprometer el abasto interno. Entre las entidades involucradas se encuentran Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León y Sonora, regiones que dependen en gran medida del río Bravo para el consumo humano y las actividades productivas.
El plan técnico acordado contempla una gestión más ordenada del recurso, reuniones mensuales de seguimiento y acciones de planeación de largo plazo que incluyen infraestructura, adaptación al cambio climático y una distribución más previsible del agua. Autoridades mexicanas subrayaron que el Tratado de 1944 continúa siendo un instrumento clave para salvaguardar los intereses nacionales y la estabilidad agrícola.
Desde Estados Unidos, funcionarios señalaron que el acuerdo fortalece la seguridad hídrica del sur de Texas y beneficia a agricultores y ganaderos del Valle del Bajo Río Grande, en una región afectada por la caída histórica de los niveles del río, la sobreexplotación y la contaminación del afluente.