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Juez libera a policías acusados de golpear y violar a José Eduardo. La FGE apelará

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Un Juez de control no encontró elementos para vincular a proceso a los cuatro policías de Mérida, Yucatán, detenidos como parte de la investigación por la violación y agresiones que causaron la muerte del joven José Eduardo Ravelo. La Fiscalía estatal aseguró esta tarde que presentará un recurso de apelación.

De acuerdo a lo expresado por el Juez, en su denuncia, el joven José Eduardo ofreció una descripción de sus agresores que no coincide con los rasgos, equipos y colores de los policías municipales que fueron detenidos el 7 de agosto. Ya que los servidores públicos no fueron vinculados a proceso, serán liberados el día de hoy.

La Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE), que imputó a los policías los delitos de homicidio calificado cometido en pandilla, violación agravada y tortura agravada, informó en un comunicado que el proceso sigue abierto, por lo que, además de apelar la decisión del Juez, seguirá con la indagatoria del caso.

La dependencia explicó que la apelación que presente será analizada por Tribunal Superior de Justicia del Estado y mientras eso sucede seguirá con la investigación sobre la causa de muerte de José Eduardo.

“La Fiscalía proseguirá con la indagatoria de los hechos denunciados y que causaron la muerte del joven veracruzano a consecuencia de un síndrome de disfunción orgánica múltiple, secundaria a politraumatismo, tal como dictaminó un perito del Servicio Médico Forense de la FGE”, expuso.

La dependencia recordó que José Eduardo interpuso la denuncia contra los oficiales desde el 24 de julio por el joven y días después murió a causa de las lesiones.

Durante la audiencia de este viernes, el Juez destacó que los policías detenidos no pueden ser considerados culpables. “Toda persona es presunta inocente y que la resolución que se emitió hoy, no es una sentencia definitiva, es una resolución de carácter preliminar que lo único que analiza es que si hay una base aprobatoria para inicial un proceso penal por lo que ellos siempre han sido considerados, presuntos inocentes”, declaró.

El Juez recordó que a partir de mañana inicia un plazo de tres días para que las autoridades apelen la resolución. Por su parte, el representante legal de los policías comentó que a falta de alguna imputación, los cuatro trabajadores podrían retomar sus labores.

José Eduardo Ravelo murió luego de haber sido detenido, golpeado y abusado sexualmente por policías municipales, mientras caminaba por un parque de la ciudad de Mérida solo porque les resultó sospechoso.

Según contó la madre del joven quien era originario de Veracruz y había ido a la ciudad yucateca en busca de trabajo, el 22 de julio policías detuvieron a José Eduardo y lo subieron a una patrulla, donde lo golpearon y violaron.

Luego lo trasladaron a la Fiscalía donde, según lo relatado por la madre, volvieron a abusar del joven y lo torturaron.

Mientras rendía su declaración, José Eduardo comenzó a sentirse mal, por lo que fue revisado y el médico constató que había sido abusado sexualmente y golpeado lo que le dejó un pulmón perforado y daño cerebral que requirió traslado a un hospital.

Ya en el nosocomio, los doctores dijeron que el joven era sospechoso de COVID-19, por lo que lo trasladaron al área de coronavirus donde murió el 3 de agosto.

Tras la muerte de su hijo, la madre interpuso una denuncia en contra de los oficiales que golpearon y abusaron de su hijo; además de que pidió ayuda para poder trasladar los restos del joven a Veracruz, donde reside la familia.

Este caso se suma a otros de abuso policial en México como el de Ayotzinapa, Guerrero (septiembre de 2014), Tanhuato, Michoacán (mayo de 2015); Nochixtlán, Oaxaca (junio del 2016); y entre los más recientes la muerte de Giovanni López en Jalisco en 2020 y de Victoria Salazar, en Quintana Roo en marzo pasado.

Fuente: EFE

México

Diputados aprueban semana de asueto tras choques entre bancadas

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Tras celebrar únicamente dos días de sesiones, los integrantes de la Cámara de Diputados tendrán un periodo de asueto de siete días, luego de que la Junta de Coordinación Política avalara suspender actividades del pleno hasta el próximo 10 de febrero.

Durante las sesiones realizadas, el pleno se concentró en actos de carácter protocolario, como la instalación del Congreso General, el envío a comisiones de diversos informes institucionales y la conmemoración de la Constitución de 1917. También se presentó una ronda de iniciativas que no contempló reformas constitucionales, así como una efeméride con motivo del Día Mundial contra el Cáncer.

El desarrollo de los trabajos legislativos estuvo marcado por confrontaciones entre las distintas bancadas. Entre los temas que generaron mayores tensiones se encontró la tragedia del Tren Interoceánico, así como la solicitud de un minuto de silencio por víctimas en Venezuela. Esta última propuesta fue cuestionada por legisladores que pidieron que el homenaje se destinara a casos nacionales, como el de la Guardería ABC.

A lo largo de la sesión, la Mesa Directiva emitió llamados para frenar los señalamientos y reconducir el debate por las vías institucionales. Sin embargo, las diferencias entre los grupos parlamentarios persistieron y no fue posible alcanzar consensos, por lo que la jornada concluyó en medio de acusaciones cruzadas.

Al momento de clausurar los trabajos, se confirmó que el pleno reanudará actividades legislativas hasta el 10 de febrero. Durante la semana de asueto, únicamente dos comisiones continuarán sesionando, sin que se precisaran mayores detalles sobre los temas a tratar.

De esta manera, aunque el calendario legislativo no contemplaba un puente largo por la conmemoración de la Constitución, los diputados acordaron intercambiarlo por una semana completa sin sesiones ordinarias, lo que pospone la discusión de otros asuntos pendientes en la agenda legislativa.

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