Chihuahua
Maru Campos queda libre de todo proceso judicial
El magistrado Juan Carlos Carrasco Borunda, titular de la Tercera Sala Penal revocó esta tarde la formulación de cargos y vinculación a proceso que hizo la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de la gobernadora María Eugenia Campos Galván y del exdiputado Rodrigo de la Rosa, dentro de la causa penal 2821/2020 por la llamada “Nómina Secreta”.
Al concluir la diligencia se determinó que quedaron concluidas y levantadas las medidas cautelares que se habían impuesto en contra de la gobernadora electa, en este caso, una propiedad de un valor por 1.5 millones de pesos.
El magistrado señaló que el derecho de la defensa es de vital importancia, donde el imputado debe ser escuchado y tomado en cuenta previo a la judicialización de la causa, por lo que sin defensa no hay proceso justo o debido, pues asegura la participación en la decisión, dijo.
Esto en relación a la falta de acceso a la información por parte de los acusados, antes de que la FGE pidiera la formulación de cargos y vinculación al Juez Samuel Uriel Mendoza.
En la síntesis, el magistrado Carrasco señaló que existieron deficiencias serias en la imputación que hizo el Ministerio Público.
Por ejemplo, en el caso del acusado Rodrigo de la Rosa se le atribuyó haber recibido dinero por un tercero, para supuestamente apoyar al exgobernador César Duarte en una iniciativa relativa a temas de la hacienda pública
En torno a la imputada María Eugenia Campos y César Jáuregui, se estableció que de 2014 a 2015 de forma indebida solicitaron del exgobernador diversas sumas de dinero.
Pero resulta inconclusa la investigación, son pruebas genéricas e insuficientes, pues la aprobación de las iniciativas es una facultad del Poder soberano y colegiado
“No cabe entender que con sus votos se hubieran producido las decisiones legislativas que supuestamente favorecieron al gobernador”; mencionó Carrasco.
Añadió que no basta la labor del Ministerio Público de enlistar el trabajo de los acusados como integrantes de la LXIV Legislatura.
“Ni siquiera ella (Maru Campos) era coordinadora de la fracción parlamentaria… el Ministerio Público debe precisar los hechos que debe probar, la fiscalía no aportó más pruebas de relevancia”, señaló.
A este respecto y de manera previa, el abogado de Maru Campos, el abogado Francisco Molina declaró; “hubo violaciones de parte del Juez de la Causa y no alcanzan de ninguna manera a justificar lo que hizo el Ministerio Público.
En ese sentido la Ministerio Público Martha Isela Chávez respondió que se analizaron los escritos de la defensa y se contestaron los agravios
“Lo que nos compete es que se ratifica la contestación de agravios que en su momento hizo la fiscal Beatriz Adriana Aréchiga”, dijo.
El magistrado de la Tercera Sala Penal sin embargo mencionó que en relación a la solicitud de la defensa de los acusados en el sentido de que había prescrito el delito de cohecho, mencionó que no aplicaba.
Chihuahua
Así ordenaron la aprehensión de César Jáuregui en Chihuahua
Un oficio atribuido al Poder Judicial de Chihuahua detalla los delitos por los que se habría autorizado la captura de César Gustavo Jáuregui Moreno y Guillermo Arturo Zuany Portillo.
Chihuahua, Chih.— Un documento atribuido al Poder Judicial del Estado de Chihuahua revela los términos de una resolución mediante la cual se habría ordenado la aprehensión de César Gustavo Jáuregui Moreno y Guillermo Arturo Zuany Portillo, por presuntos delitos relacionados con el ejercicio de funciones públicas.
El documento, identificado con el número de oficio 53095/2026, correspondiente a la causa penal 3055/2026, está dirigido a Anabel Amparán Delgado, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía General del Estado.
En el apartado de resolutivos aparece expresamente la instrucción de librar órdenes de aprehensión contra ambos señalados.
¿De qué se acusa a César Jáuregui?
Según el oficio, la resolución contempla dos señalamientos contra César Gustavo Jáuregui Moreno.
El primero corresponde a los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, previstos en los artículos 253, fracción II, y 260 del Código Penal del Estado de Chihuahua, respectivamente. En este caso, se le señala como presunto coautor junto con Guillermo Arturo Zuany Portillo.
El segundo corresponde a otra hipótesis del delito de ejercicio ilegal del servicio público, prevista en la fracción IV del artículo 253 del mismo ordenamiento, por la cual se le atribuye la calidad de autor material.
Por su parte, Zuany Portillo también aparece señalado por el delito de falsedad ante autoridades con penalidad agravada, contemplado en el artículo 308 del Código Penal estatal.
¿Cómo se autorizó la orden de captura?
El documento establece que la autoridad judicial valoró los antecedentes de investigación expuestos por la Fiscalía en su solicitud de mandamiento de captura.
Tras esa valoración, el tribunal habría autorizado las órdenes de aprehensión y dispuesto la entrega de tres copias certificadas del oficio al Ministerio Público.
La resolución también señala que los imputados deberán recibir una copia al momento de su captura y ser puestos inmediatamente a disposición del tribunal correspondiente.
Lo que todavía falta por esclarecer
Aunque el documento describe los delitos atribuidos y las disposiciones judiciales para ejecutar las capturas, la imagen difundida no contiene los antecedentes completos de la investigación ni permite conocer los hechos específicos que habrían motivado las imputaciones.
Tampoco permite establecer si las órdenes continúan vigentes, si fueron ejecutadas o si existen determinaciones judiciales posteriores.
La autenticidad del oficio y la existencia de las órdenes de aprehensión requieren confirmación independiente ante el Poder Judicial del Estado de Chihuahua.
En cualquier caso, una orden de aprehensión no constituye una sentencia condenatoria y las personas señaladas conservan su presunción de inocencia.
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