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Una investigación reveló el presunto vínculo entre Samuel García y un distribuidor de Los Zetas

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Un presunto narcotraficante asesinado en 2019 era el propietario clave de una empresa que está bajo investigación por canalizar fondos hacia la campaña del gobernador electo del estado de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, quien asumirá el caro el próximo mes.

El sitio especializado en narcotráfico Breitbart Texas obtuvo acceso exclusivo a los documentos de la investigación encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR), y reveló que una de las empresas que supuestamente fue utilizada para lavar fondos —llamada Servicios y Asesorías Zulamak S.A. de C.V., — era propiedad de José Adrián Parrilla Correa, de 29 años, un presunto narco abatido.

De acuerdo con la investigación, a pesar de que la empresa cuenta con número de registro y de expediente estatal, tanto la compañía como la personalidad comercial de los propietarios parecen ser ficticias. La sede corporativa se encuentra ubicada en el barrio 10 de Marzo en Monterrey, una zona identificada como punto rojo de venta de droga.

@Breitbart
@Breitbart

La empresa citada anteriormente y otra llamada Grupo Renok S.A. de C.V. están bajo la lupa de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presuntas inconsistencias. Una de ellas es que ninguna de las dos contaba con personal ni equipo para operar recibos y facturas para servicios y bienes, a pesar de que aseguraban hacerlo.

Parrilla Correa se ostentaba como empresario de Monterrey, y sus empresas prestaban servicios de marketing, recursos humanos y auditoría. Sin embargo, sus antecedentes penales revelaron un arresto en 2012 por cargos de distribución de drogas a nivel local.

Incluso llegó a declarar, durante uno de sus arrestos, que era distribuidor de drogas para el cártel de Los Zetas. Fue condenado por cargos federales de drogas pero pudo evitar la cárcel gracias al servicio comunitario.

En 2014, las autoridades locales arrestaron a Parrilla Correa, y más tarde un juez lo condenó por el robo violento de una pequeña cantidad de efectivo. En 2016, las autoridades lo arrestaron por otro cargo de posesión de drogas, luego de detenerlo inicialmente por fumar marihuana en el barrio 10 de Marzo, la misma zona donde está registrada la empresa Zulamak.

REUTERS/Daniel BecerrilREUTERS/Daniel Becerril

Parrilla Correa fue asesinado en 2019, luego de que un sicario le disparara presuntamente por una pequeña deuda de drogas.

La investigación se centra en el presunto uso de empresas fantasmas para lavar dinero, ya que parte de esos fondos, al parecer fueron enviados a la campaña de Samuel García. La investigación también señala a su suegro, Jorge Gerardo Rodríguez Valdez, y su presunto uso de Zulamak para mover fondos.

La fiscalía anunció a principios de mayo que investigaba a García y a Adrián De la Garza, candidatos que aparecían como los punteros en la elección para gobernador de Nuevo León.

En el caso del entonces abanderado de Movimiento Ciudadano, la dependencia explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF) aportó información sobre García, así como de su padre Samuel Orlando García Mascorro, su esposa Mariana Rodríguez Cantú, y del padre de ésta, Jorge Gerardo Rodríguez Valdez, por diversas denuncias.

El padre del gobernador electo figura en varios archivos de inteligencia en ambos lados de la frontera por presuntamente ser prestanombres del exjefe del Cártel del Golfo, Gilberto El June García Mena, y presuntamente desfalcar sus propiedades y cuentas.

El ex senador pidió en su momento que las autoridades dejaran a su familia fuera de las investigaciones.

México

Suprema Corte devuelve camionetas tras críticas por su alto costo

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que no hará uso de las camionetas recientemente adquiridas para sus integrantes y que iniciará el procedimiento para su devolución, luego de la polémica generada por el costo de las unidades y su contraste con los llamados a la austeridad.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el máximo tribunal del país señaló que los nueve ministros que lo integran acordaron renunciar a los vehículos y solicitar que se active el proceso correspondiente para regresarlos. En el mismo pronunciamiento, se indicó que, de no ser posible la devolución, las unidades podrían ponerse a disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos, siempre conforme a la normatividad aplicable.

La Corte reiteró su compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos públicos y con el trabajo permanente para lograr una justicia real y efectiva. Además, anunció que ofrecerá una conferencia de prensa el lunes a las 8:30 horas, tiempo del centro de México, para ampliar la información relacionada con esta decisión.

El anuncio se da después de la controversia provocada por la compra de camionetas de la marca Jeep destinadas a los nuevos integrantes del máximo tribunal, electos por voto popular en junio de 2025. Cada unidad fue valuada en aproximadamente 1.7 millones de pesos, sin considerar medidas adicionales de protección como el blindaje.

Ante los señalamientos de que la adquisición contradecía el discurso de austeridad del propio Poder Judicial, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó el viernes que la compra de camionetas de seguridad representó un ahorro superior a los 1,000 millones de pesos. Explicó que la decisión se relacionó con el cambio de un esquema de renta a la compra directa de las unidades, lo que permitió reducir el gasto.

Por su parte, la Suprema Corte sostuvo previamente que la decisión se basó en opiniones técnicas de autoridades federales, las cuales determinaron que los vehículos en uso ya no cumplían con estándares adecuados de seguridad. Aseguró que la compra respondió a criterios de prevención y seguridad institucional, y no a consideraciones discrecionales.

El tribunal también indicó que la renovación del parque vehicular se realizó con apego a una normativa interna vigente desde 2019, que establece la sustitución periódica de este tipo de unidades cada cuatro años o antes si las condiciones lo requieren, y que el proceso se llevó a cabo junto con una reducción general del número de vehículos para evitar un gasto adicional.

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