La Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que no hará uso de las camionetas recientemente adquiridas para sus integrantes y que iniciará el procedimiento para su devolución, luego de la polémica generada por el costo de las unidades y su contraste con los llamados a la austeridad.
A través de un mensaje difundido en redes sociales, el máximo tribunal del país señaló que los nueve ministros que lo integran acordaron renunciar a los vehículos y solicitar que se active el proceso correspondiente para regresarlos. En el mismo pronunciamiento, se indicó que, de no ser posible la devolución, las unidades podrían ponerse a disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos, siempre conforme a la normatividad aplicable.
La Corte reiteró su compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos públicos y con el trabajo permanente para lograr una justicia real y efectiva. Además, anunció que ofrecerá una conferencia de prensa el lunes a las 8:30 horas, tiempo del centro de México, para ampliar la información relacionada con esta decisión.
El anuncio se da después de la controversia provocada por la compra de camionetas de la marca Jeep destinadas a los nuevos integrantes del máximo tribunal, electos por voto popular en junio de 2025. Cada unidad fue valuada en aproximadamente 1.7 millones de pesos, sin considerar medidas adicionales de protección como el blindaje.
Ante los señalamientos de que la adquisición contradecía el discurso de austeridad del propio Poder Judicial, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó el viernes que la compra de camionetas de seguridad representó un ahorro superior a los 1,000 millones de pesos. Explicó que la decisión se relacionó con el cambio de un esquema de renta a la compra directa de las unidades, lo que permitió reducir el gasto.
Por su parte, la Suprema Corte sostuvo previamente que la decisión se basó en opiniones técnicas de autoridades federales, las cuales determinaron que los vehículos en uso ya no cumplían con estándares adecuados de seguridad. Aseguró que la compra respondió a criterios de prevención y seguridad institucional, y no a consideraciones discrecionales.
El tribunal también indicó que la renovación del parque vehicular se realizó con apego a una normativa interna vigente desde 2019, que establece la sustitución periódica de este tipo de unidades cada cuatro años o antes si las condiciones lo requieren, y que el proceso se llevó a cabo junto con una reducción general del número de vehículos para evitar un gasto adicional.
