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Política

Tundieron a Mario Delgado por asistir al Gran Premio de México de la F1

Internautas criticaron la presencia del presidente Nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado, en el Gran Premio de México, donde el piloto Checo Perez obtuvo un resultado histórico tras quedar en el tercer lugar.

Esto sucedio luego de que en redes circulara una foto del funcionario en el evento de Fórmula 1, cuestionando la postura que su partido había tomado hace dos años sobre el desarrollo del evento.

“¿Qué tienes más grande? ¿Los ojos? ¿El hocico? ¿O la doble moral?”, “Hipócrita”, “Todos los de la 4T son doble moral”, fueron algunos de los comentarios con los cuales arremetieron a la política de austeridad que casi llevó a la cancelación del evento. Inclusive, se comenzó a circular de manera masiva un video en el que se aprecia al funcionario morenista salir de Palacio Nacional con bolsas y mochilas.

“Piensa mal y acertarás”, ”Mario Delgado saliendo del palacio con dos bolsas llenas de aportaciones”, comentaban los twiteros sobre el video que circula en plataformas digitales.

La presencia de Delgado en el evento no fue bien recibido, esto debido a la cantidad de dinero que se requiere para poder comprar un boleto, manejando precios de entre 1,500 a 200 mil pesos por el evento. La variación de los precios se debe al tramo de las rectas en las que se localicen. El caso de la recta principal es la más barata, siendo este el que tiene un precio de 1,500.

En el 2019, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, junto con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, se pronunciaron sobre la financiación del evento deportivo. Como medida de austeridad, las administraciones de la cuarta transformación, decidieron que no se aportaría dinero público para llevar a cabo la carrera del Gran Premio de México de Fórmula 1.

Durante la administración del gobierno de Enrique Peña Nieto, el evento automovilístico recibió una aportación de 213 millones por parte del fondo para el fomento al turismo. En el 2019, la política de austeridad del gobierno de Andrés Manuel, puso en riesgo la continuidad del evento México.

“Ya no vamos a poder continuar, porque en algunos casos estos eventos se financiaban con el fondo del fomento al turismo y ya ese fondo está comprometido para la construcción del Tren Maya”, afirmó el mandatario en febrero del 2019.

La noticia de la posible cancelación de la competencia generó fuertes críticas hacia las administraciones morenistas, esto debido a que el GP de México genera altas derramas económicas en la capital del país. Tan sólo en el 2018, la derrama económica fue de 740 millones de dólares.

Como medida para la preservación del evento, se creó un fideicomiso privado para invertir en el desarrollo de la máxima categoría automovilística. Dentro de los principales inversionistas se encuentran Carlos Slim, Santander, CitiBanamex, etc.

En el evento de este año, llevado a cabo del 5 al 7 de noviembre, generó una derrama de 14 mil 375 millones de pesos, logrando una ocupación hotelera al interior de la ciudad de un 63.7% mientras que en las zonas aledañas del autódromo se consiguió un 97% según la Secretaría de Turismo del Gobierno de México.

México

Avanza nueva Ley de Telecomunicaciones en el Senado: oposición advierte riesgo de censura y espionaje

El Senado de la República aprobó en lo general y lo particular la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, impulsada por Morena y sus aliados, en una sesión extraordinaria que terminó con 77 votos a favor y 30 en contra, principalmente del PRI y del PAN, quienes alertaron sobre riesgos de censura, vigilancia masiva y concentración de poder por parte del Estado.

Durante el debate, se presentaron 20 reservas, de las cuales sólo se aceptaron cuatro: dos del morenista Javier Corral y dos del senador Ricardo Sheffield. Estas últimas incorporan facultades para que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones —nuevo órgano autónomo creado por esta ley— vigile los costos de los equipos de telefonía móvil y evite incrementos injustificados.

El dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y posible aprobación. Entre los puntos más polémicos se encuentra la facultad de suspender transmisiones de radio y televisión bajo criterios aún considerados ambiguos por la oposición, y la posibilidad de crear un registro de líneas de telefonía móvil, que algunos senadores calificaron como una amenaza a la privacidad.

El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, sostuvo que aunque Morena eliminó del dictamen el artículo 109 —que planteaba el bloqueo de plataformas digitales—, esto se debió a la presión ciudadana, no a una convicción democrática. «Pusieron a temblar al gobierno. Los dobló la presión ciudadana», dijo desde tribuna. Aun así, insistió en que persisten mecanismos de control estatal que buscan acallar voces críticas.

En ese mismo sentido, el dirigente nacional del PRI y senador, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que esta reforma representa “una guía de bolsillo para fortalecer un régimen antidemocrático, dictatorial”, al permitir al Estado vigilar a los ciudadanos, controlar los medios de comunicación y restringir la libertad de expresión. «Ustedes están destruyendo la República», acusó.

En defensa del dictamen, el senador Manuel Huerta (Morena) respondió que la ley “no espía, no persigue, no censura”, sino que garantiza que las telecomunicaciones estén al servicio del pueblo y no de intereses económicos particulares. Por su parte, Jorge Carlos Ramírez Marín (PVEM) argumentó que el registro de líneas ya está contemplado en el artículo 190 de la ley vigente, y desestimó las acusaciones de que se trata de un «Big Brother».

Uno de los cambios relevantes del dictamen fue la eliminación de la censura previa de contenidos de medios internacionales a través de la Secretaría de Gobernación, medida que habría violado el capítulo 18.18 del T-MEC. Además, se sustituyó la polémica Agencia de Transformación Digital por una Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, con independencia técnica y operativa, aunque con integrantes propuestos por la Presidencia y ratificados por el Senado, lo que motivó críticas por un posible conflicto constitucional.

La senadora Claudia Anaya (PRI) advirtió que estos nombramientos serían ilegales, ya que el artículo 76 de la Constitución no faculta al Senado para ratificar integrantes de órganos reguladores como el que se plantea.

En paralelo, se determinó que la autoridad en materia de competencia económica quedará sectorizada en la Secretaría de Economía, que en conjunto con tribunales especializados decidirá sobre casos de poder sustancial o preponderancia en el sector.

Mientras tanto, la Agencia de Transformación Digital, ahora con funciones reducidas, será responsable de la política estatal de cobertura social, acceso satelital y aprovechamiento del espectro, sin excluir su participación como proveedor comercial.

La discusión en la Cámara de Diputados será clave para definir el rumbo de esta polémica reforma que, pese a los ajustes realizados, sigue dividiendo a los actores políticos y a la opinión pública.

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