Conecta con nosotros

México

FGJ revela modus operandi de exfuncionarios para desvío de recursos en CDMX

Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía General de Justicia capitalina, informó que ex funcionarios de la pasada administración de la Ciudad de México utilizaron tres modus operandi para el desvío millonario de recursos públicos y señaló que con dichas prácticas obtuvieron recursos de la Ciudad de México de 2012 a 2018.

La primera forma de operar o modus operandi, la encabezó el propio Miguel Ángel «N», a pesar de que Capital Humano del Gobierno del Distrito Federal realiza por Ley una función llamada “Solicitud de devolución del pago del impuesto sobre la renta (ISR)”.

Un grupo de servidores públicos, coludidos posiblemente, simuló hacer esta actividad a través de la contratación de tres empresas, las cuales recibieron un pago a cambio de esta simulación.

Este grupo de servidores públicos está conformado por personas cercanas y de total confianza a Miguel Ángel «N», algunas de ellas con parentescos familiares y conocidos entre ellos mismos.

Las empresas cobraban una comisión del 20 % para simular que el gobierno local les devolvía dinero en concepto del ISR. En realidad, este esquema permitió una distribución millonaria entre servidores públicos que, de acuerdo con la Fiscalía capitalina, ascendió a unos 986 millones de pesos (unos 47.1 millones de dólares, al tipo de cambio de 20.9 pesos).

Cabe señalar que en enero de 2021 fue asesinado Martiniano “N”, representante legal de dos de las empresas involucradas y no se descarta que su homicidio esté relacionado con esta actividad delictiva.

El pago por los supuestos contratos fue distribuido a ocho empresas, hoy desaparecidas y cuyos nombres se reservarán de forma temporal en apego al debido proceso.

Este acto dio comienzo a una gigantesca operación de desvío de recursos, el dinero fue posiblemente entregado al mismo grupo de funcionarios allegados a Miguel Ángel «N», encargado del desvío, con el objetivo de comenzar una distribución millonaria entre servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal y otros actores.

Posiblemente, parte del patrimonio de Julio César “N”, uno de los servidores públicos beneficiados del Gobierno del Distrito Federal, tiene su origen en este esquema de desvío.

El mismo grupo de funcionarios de total confianza de Miguel Ángel «N», del área de Capital Humano, posiblemente realizó una ilegal autorización, gestión y entrega de diversas cantidades de dinero a servidores públicos de la misma área de Gobierno.

Este desvío de recursos se realizó a través de supuesto pago en efectivo de la nómina y de fondos de ahorro de los trabajadores del Gobierno del Distrito Federal.

El dinero desviado es de más de mil 100 millones de pesos, los recursos posiblemente fueron trasladados en efectivo para ser entregados a los trabajadores por medio de supuestos trabajadores o pagadores habilitados, pero el dinero nunca fue entregado completamente a los trabajadores.

Los supuestos trabajadores o pagadores habilitados, eran servidores públicos integrantes del grupo de Miguel Ángel «N», el mismo que autorizó la entrega.

Así comenzó una nueva red de distribución millonaria entre servidores públicos del Gobierno del entonces Distrito Federal y de otros actores. De igual manera, parte del patrimonio de Julio César “N”, uno de los servidores públicos beneficiados del Gobierno del Distrito Federal, posiblemente tenga su origen en este esquema de desvío.

Finalmente, el tercer modus operandi es el de la Central de Abasto.

Como administrador de la Central de Abasto, Julio César “N” posiblemente realizó despojos de bodegas mediante clausuras y probablemente fabricó delitos para, posteriormente, venderlas de forma ilegal y quedarse con el dinero.

En la Central de Abasto celebró concesiones irregulares con empresas para el cobro de estacionamientos aéreos, baños y diversos servicios.

La Fiscalía detectó que los bienes con los que cuenta y los gastos que realiza, no corresponden con los ingresos que en su momento obtuvo por concepto de salarios de los cargos que desempeñó.

El incremento ilícito de sus ingresos asciende aproximadamente a 47 millones 874 mil pesos.

A raíz de estas actividades, se detectó que cuenta con un patrimonio de cinco inmuebles y un lugar de estacionamiento en la Ciudad de México; además, se detectaron 14 propiedades, posiblemente relacionadas con él, ubicadas en la Ciudad de México, Cuernavaca y Acapulco, no incluidas en sus declaraciones patrimoniales y de intereses.

El probable delito de enriquecimiento ilícito fue cometido por parte de una red de servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal, durante la administración 2012-2018, quienes, con el uso de los altos encargos que ocupaban, robaron el dinero de la Ciudad de México para beneficio propio, personas cercanas y familiares.

A raíz del uso de estos recursos, las personas involucradas realizaron compras de diversos inmuebles y de distintos bienes de alta gama, cometiendo, posiblemente, delitos de los cuales la Fiscalía General de Justicia ya realizó diversas actuaciones ministeriales y judiciales que en su momento se darán a conocer.

México

Explota escándalo internacional: acusan a Peña Nieto de recibir 25 mdd por venta de Pegasus en México

El expresidente Enrique Peña Nieto vuelve al centro del huracán tras revelarse que habría recibido un soborno de 25 millones de dólares por facilitar la venta del software de espionaje Pegasus durante su sexenio. La denuncia surge de una investigación publicada por el medio israelí The Marker, que vincula directamente al exmandatario con una red de corrupción para introducir el sistema en diversas instituciones mexicanas.

Según el reportaje, los empresarios israelíes Uri Emmanuel Ansbacher y Avishai Samuel Neriah habrían actuado como intermediarios para comercializar Pegasus con dependencias federales como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la extinta Procuraduría General de la República (PGR) y el desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). El pago millonario habría sido dirigido a una figura de alto nivel en el gobierno mexicano, identificada en documentos judiciales como “el hombre mayor” o “el N”, en clara referencia a Peña Nieto.

La revelación surgió tras una disputa legal entre ambos empresarios, quienes rompieron relaciones comerciales y terminaron enfrentándose ante tribunales en Israel. En el proceso, Ansbacher exigió la devolución de parte del dinero entregado para las gestiones con el entonces presidente de México. El caso se complicó con la presentación de pruebas que vinculan el dinero a la obtención de contratos para Pegasus, un software conocido por haber sido utilizado para espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos.

Uno de los elementos clave del caso es el testimonio de un testigo protegido identificado como “Zeus”, excolaborador de la empresa fachada KBH, responsable de operar Pegasus en México. Según su declaración ante la Fiscalía General de la República, “El Patrón”, como se refería al expresidente Peña Nieto, ordenaba personalmente a quiénes se debía espiar. Las listas de objetivos, entre los que figuran periodistas como Carlos Loret de Mola, Pedro Ferriz de Con y Héctor de Mauleón, eran entregadas al Cisen para su seguimiento.

Otro dato relevante en la trama es que Avishai Neriah fue nombrado Cónsul Honorario de México en Haifa, posición que habría utilizado para facilitar los contactos diplomáticos y políticos necesarios para concretar la venta del software.

Aunque el nombre de Peña Nieto no aparece de forma literal en los documentos judiciales, los apodos utilizados, el contexto de las gestiones y los testimonios recabados refuerzan la sospecha de que fue un actor central en el esquema de corrupción. Este escándalo se suma a las investigaciones que el exmandatario ya enfrenta por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y delitos electorales, mientras permanece en España, donde reside desde el fin de su mandato.

La Fiscalía General de la República no ha emitido aún un pronunciamiento oficial sobre estas nuevas acusaciones, pero se espera que el testimonio del testigo protegido y los documentos internacionales formen parte de una nueva línea de investigación que podría comprometer seriamente al expresidente.

La compra y operación de Pegasus en México ha sido ampliamente criticada por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, al haber sido utilizada para vigilar de forma ilegal a voces críticas del poder. Con esta revelación, el caso toma una nueva dimensión que apunta directamente al más alto nivel del gobierno en el sexenio 2012-2018.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto