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Arabia Saudí libera a princesa encarcelada tres años por hablar de equidad de género

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Las autoridades de Arabia Saudí liberaron a la princesa Basma bint Saud al Saud, hija del rey Saud (1953-1964), y a su hija Suhud al Sharif después de pasar casi tres años presas sin cargos, dijo ONG.

La ONG saudí ALQST, con sede en Londres, informó en sus redes sociales de la liberación de las dos mujeres «detenidas desde marzo de 2019», sin especificar la fecha de su excarcelación.

ALQST recordó que durante el periodo de detención no se presentó ningún cargo contra Basma y fue privada de la atención médica que precisaba por una condición crítica de salud que no precisó.

«Las autoridades deliberadamente desatendieron sus vidas», la de la madre y la de la hija, acusó la organización que recordó además que, tras ser detenida, Basma bint Saud estuvo desaparecida durante un mes en el que no se le permitió hablar con su familia.

La princesa Basma, nacida en 1964, fue la más joven de los más de cien hijos que tuvo el rey Saud, que fue apartado del trono ese mismo año, cinco antes de su muerte en el exilio en Grecia.

Empresaria, participaba antes de su detención en varias instituciones sociales y organizaciones de derechos humanos y hablaba abiertamente en redes sociales a favor de la igualdad de las mujeres en el ultraconservador reino saudí.

Basma bint Saud fue detenida el 1 de marzo de 2019, cuando fue sacada de su casa en Yeda, en el oeste de Arabia Saudí, con la excusa de que el príncipe heredero y hombre fuerte del país, Mohamed bin Salman, quería reunirse con ella.

En cambio, fue llevada directamente a una cárcel de Riad junto con su hija Suhud, aseguró ALQST.Al igual que ella, varios miembros de la familia real han sido víctimas de las detenciones y desapariciones forzadas sistemáticas en Arabia Saudí junto con activistas, periodistas, abogados, blogueros, académicos, escritores y ciudadanos ordinarios por haber ejercitado pacíficamente su derecho a la libertad de expresión, según han denunciado múltiples organizaciones de derechos humanos.

Nota Principal

Ordenan indemnización millonaria por accidente aéreo en Cuba que dejó 112 muertos

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Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.

Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.

El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.

El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.

El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.

La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.

Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.

El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.

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