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México

Fiscal llama a todas las víctimas de la Línea 12 a firmar el acuerdo con Slim

Como “históricos y sin precedentes”, calificó la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ernestina Godoy, los acuerdos reparatorios que la empresa Carso Infraestructura y Construcción S.A. (CICSA), propiedad del magnate Carlos Slim, ya logró con 80 por ciento de las víctimas del colapso en la Línea 12 del Metro ocurrido hace nueve meses y llamó al 20 por ciento restante a firmar el documento.

Sin mencionar que la constructora del tramo metálico elevado que colapsó niega responsabilidad alguna en el hecho, la funcionaria reconoció su “voluntad expresa” de ofrecerse a atender los daños a las víctimas y a reparar la línea para que vuelva a operar este 2022.

El pasado lunes 31, en exclusiva, Proceso adelantó el contenido del Acuerdo Reparatorio que CICSA ofreció a las víctimas y que contempla la entrega de cheques del Banco Inbursa -de Grupo Carso- por 6 y 4.5 millones de pesos por reparación integral del daño, a cada una de las familias de las 26 personas fallecidas y a las decenas de víctimas con lesiones graves, a cambio de no demandar, por ninguna vía y en ningún momento, a la compañía propiedad del hombre más acaudalado de México.

En un mensaje a medios en el que no se permitieron preguntas de la prensa, Godoy Ramos destacó este miércoles que esos acuerdos reparatorios “son históricos y sin precedentes, dada la temporalidad, alcances y sensibilidad para las partes”.

Acompañada del titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la CDMX, (CEAVI), Armando Ocampo, aseguró que “no existen antecedentes, tanto a nivel nacional e internacional que en un evento de esta magnitud haya habido la intención de las partes en tan poco tiempo para atender integralmente a las víctimas y a sus familiares para que puedan, dentro de lo posible y deseable, regresar a su vida cotidiana”.

La exlegisladora afirmó que lograr la firma de dichos acuerdos con el 80% de las víctimas y sus familias, representa “un avance sustantivo para las familias que ahora cuentan con herramientas y recursos para afrontar una situación dolorosamente inesperada”. Hace dos semanas, en su segundo informe de actividades, la titular de la FGJCDMX anunció que ya se había alcanzado dicho porcentaje de firmas.

Según dijo, dichos acuerdos se realizaron “con base en los lineamientos que rigen el procedimiento penal en México”, además de que son “planteamientos objetivos y apegados a la ley, así como al debido proceso, para lograr la protección de los derechos de las víctimas y ofendidos de manera integral”, luego de la tragedia.

Cabe recordar que, varias de las víctimas que no han firmado el acuerdo -el 20% restante- son las que están representadas, al menos, por dos despachos legales privados, cuyos abogados insisten en denunciar a la empresa constructora por las vías penal, civil y administrativa.

México

Avanza nueva Ley de Telecomunicaciones en el Senado: oposición advierte riesgo de censura y espionaje

El Senado de la República aprobó en lo general y lo particular la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, impulsada por Morena y sus aliados, en una sesión extraordinaria que terminó con 77 votos a favor y 30 en contra, principalmente del PRI y del PAN, quienes alertaron sobre riesgos de censura, vigilancia masiva y concentración de poder por parte del Estado.

Durante el debate, se presentaron 20 reservas, de las cuales sólo se aceptaron cuatro: dos del morenista Javier Corral y dos del senador Ricardo Sheffield. Estas últimas incorporan facultades para que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones —nuevo órgano autónomo creado por esta ley— vigile los costos de los equipos de telefonía móvil y evite incrementos injustificados.

El dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y posible aprobación. Entre los puntos más polémicos se encuentra la facultad de suspender transmisiones de radio y televisión bajo criterios aún considerados ambiguos por la oposición, y la posibilidad de crear un registro de líneas de telefonía móvil, que algunos senadores calificaron como una amenaza a la privacidad.

El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, sostuvo que aunque Morena eliminó del dictamen el artículo 109 —que planteaba el bloqueo de plataformas digitales—, esto se debió a la presión ciudadana, no a una convicción democrática. «Pusieron a temblar al gobierno. Los dobló la presión ciudadana», dijo desde tribuna. Aun así, insistió en que persisten mecanismos de control estatal que buscan acallar voces críticas.

En ese mismo sentido, el dirigente nacional del PRI y senador, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que esta reforma representa “una guía de bolsillo para fortalecer un régimen antidemocrático, dictatorial”, al permitir al Estado vigilar a los ciudadanos, controlar los medios de comunicación y restringir la libertad de expresión. «Ustedes están destruyendo la República», acusó.

En defensa del dictamen, el senador Manuel Huerta (Morena) respondió que la ley “no espía, no persigue, no censura”, sino que garantiza que las telecomunicaciones estén al servicio del pueblo y no de intereses económicos particulares. Por su parte, Jorge Carlos Ramírez Marín (PVEM) argumentó que el registro de líneas ya está contemplado en el artículo 190 de la ley vigente, y desestimó las acusaciones de que se trata de un «Big Brother».

Uno de los cambios relevantes del dictamen fue la eliminación de la censura previa de contenidos de medios internacionales a través de la Secretaría de Gobernación, medida que habría violado el capítulo 18.18 del T-MEC. Además, se sustituyó la polémica Agencia de Transformación Digital por una Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, con independencia técnica y operativa, aunque con integrantes propuestos por la Presidencia y ratificados por el Senado, lo que motivó críticas por un posible conflicto constitucional.

La senadora Claudia Anaya (PRI) advirtió que estos nombramientos serían ilegales, ya que el artículo 76 de la Constitución no faculta al Senado para ratificar integrantes de órganos reguladores como el que se plantea.

En paralelo, se determinó que la autoridad en materia de competencia económica quedará sectorizada en la Secretaría de Economía, que en conjunto con tribunales especializados decidirá sobre casos de poder sustancial o preponderancia en el sector.

Mientras tanto, la Agencia de Transformación Digital, ahora con funciones reducidas, será responsable de la política estatal de cobertura social, acceso satelital y aprovechamiento del espectro, sin excluir su participación como proveedor comercial.

La discusión en la Cámara de Diputados será clave para definir el rumbo de esta polémica reforma que, pese a los ajustes realizados, sigue dividiendo a los actores políticos y a la opinión pública.

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