Como “históricos y sin precedentes”, calificó la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ernestina Godoy, los acuerdos reparatorios que la empresa Carso Infraestructura y Construcción S.A. (CICSA), propiedad del magnate Carlos Slim, ya logró con 80 por ciento de las víctimas del colapso en la Línea 12 del Metro ocurrido hace nueve meses y llamó al 20 por ciento restante a firmar el documento.

Sin mencionar que la constructora del tramo metálico elevado que colapsó niega responsabilidad alguna en el hecho, la funcionaria reconoció su “voluntad expresa” de ofrecerse a atender los daños a las víctimas y a reparar la línea para que vuelva a operar este 2022.

El pasado lunes 31, en exclusiva, Proceso adelantó el contenido del Acuerdo Reparatorio que CICSA ofreció a las víctimas y que contempla la entrega de cheques del Banco Inbursa -de Grupo Carso- por 6 y 4.5 millones de pesos por reparación integral del daño, a cada una de las familias de las 26 personas fallecidas y a las decenas de víctimas con lesiones graves, a cambio de no demandar, por ninguna vía y en ningún momento, a la compañía propiedad del hombre más acaudalado de México.

En un mensaje a medios en el que no se permitieron preguntas de la prensa, Godoy Ramos destacó este miércoles que esos acuerdos reparatorios “son históricos y sin precedentes, dada la temporalidad, alcances y sensibilidad para las partes”.

Acompañada del titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la CDMX, (CEAVI), Armando Ocampo, aseguró que “no existen antecedentes, tanto a nivel nacional e internacional que en un evento de esta magnitud haya habido la intención de las partes en tan poco tiempo para atender integralmente a las víctimas y a sus familiares para que puedan, dentro de lo posible y deseable, regresar a su vida cotidiana”.

La exlegisladora afirmó que lograr la firma de dichos acuerdos con el 80% de las víctimas y sus familias, representa “un avance sustantivo para las familias que ahora cuentan con herramientas y recursos para afrontar una situación dolorosamente inesperada”. Hace dos semanas, en su segundo informe de actividades, la titular de la FGJCDMX anunció que ya se había alcanzado dicho porcentaje de firmas.

Según dijo, dichos acuerdos se realizaron “con base en los lineamientos que rigen el procedimiento penal en México”, además de que son “planteamientos objetivos y apegados a la ley, así como al debido proceso, para lograr la protección de los derechos de las víctimas y ofendidos de manera integral”, luego de la tragedia.

Cabe recordar que, varias de las víctimas que no han firmado el acuerdo -el 20% restante- son las que están representadas, al menos, por dos despachos legales privados, cuyos abogados insisten en denunciar a la empresa constructora por las vías penal, civil y administrativa.