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México

Vinculan a proceso a Jaime Rodríguez ‘El Bronco’

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El ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” fue vinculado a proceso por un Juez de control durante su audiencia inicial, misma que continuaba hasta el cierre de esta edición, por lo que el ex mandatario pasó su segunda noche como interno en el Penal de Apodaca.

La audiencia inició minutos después de las 16:00 horas, de forma virtual y privada, sin permitir el acceso a los medios de comunicación, por petición de la defensa de “El Bronco”.

Casi a las 23:00 horas, se informó que el juez de Control Carlos Alberto Salas González encontró suficientes elementos para vincular a proceso al ex gobernador, por lo que la audiencia continúo para dictaminar las medidas cautelares a las que se deberá someter “El Bronco”.

En la audiencia estuvieron presentes Salas González, así como integrantes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León.

Mientras que “El Bronco” y defensa, asistieron de manera remota, desde una sala habilitada en el Penal 2 de Apodaca, donde el ex mandatario se encuentra recluido desde el martes.

La FEDENL, de acuerdo a lo señalado en la audiencia, cuenta con elementos para acusar al ex mandatario “por su probable participación en hechos con características de delitos electorales”, infracciones que según el Código Penal Federal y la Ley General en Materia de Delitos Electorales, ameritan prisión preventiva oficiosa.

Sin embargo, la FEDENL ni el gobierno del estado, así como tampoco la defensa de “El Bronco”, han aclarado de qué delitos se acusa al ex mandatario; la orden de aprehensión podría haberse derivado por el presunto delito de uso de recursos de procedencia ilícita durante la campaña presidencial del 2018 o el uso de recursos monetarios y humanos durante la misma campaña.

A través de redes sociales, el gobernador Samuel García aseguró que no se tolerará la corrupción durante su administración.

“Un nuevo comienzo implica no tolerar la corrupción, no permitir la impunidad y que se haga justicia. Hoy dimos un paso importante para lograrlo”, escribió en Twitter.

“Si alguien, quien sea, violó la ley y abusó de la confianza de las y los neoleoneses, tendrá que rendir cuentas y pagar las consecuencias”.

“Estoy tranquilo porque hemos hecho lo correcto y porque la Fiscalía y el Poder Judicial son instituciones autónomas, profesionales y responsables. Sé que actuarán con total apego a la ley y le harán justicia a nuestro estado. Ahora toca seguir trabajando para construir un nuevo Nuevo León y para lograrlo tenemos que entrarle todos. Ánimo”.

Por la mañana, el abogado Victor Oléa Pérez, quien encabeza el equipo jurídico que defiende al ex mandatario, aseguró ante los medios que los delitos de los que era acusado “El Bronco” no requerían prisión preventiva oficiosa, por lo que buscaban su libertad.

Incluso, el equipo jurídico promovió cuatro amparos, de los cuales uno, identificado con el expediente 192/2022, fue resuelto en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal, de acuerdo al Consejo de la Judicatura Federal, aunque su contenido no fue divulgado.

De acuerdo a la Lista de Acuerdos del CJF, la resolución fue “Se previene al promovente del amparo. Notifíquese personalmente”.

La Ley de Amparo, en su Artículo 114, señala que esta resolución significa el amparo presentó alguna deficiencia u omisión; según el Artículo 108, podría tratarse de algo como la falta del nombre o domicilio del quejoso.

Por ello, la resolución de ese amparo significaría la solicitud del CJF al equipo de defensa para que subsane dichas omisiones y no a que el ex mandatario sea liberado.

Durante la audiencia de este miércoles, el Juez de Control definirá si la detención de “El Bronco” fue realizada conforme a derecho, si se le vincula a proceso y si amerita o no medidas cautelares como la prisión preventiva oficiosa.

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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