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Con sentimientos encontrados, reciben aquí propuesta vs narcotúneles

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Con sentimientos encontrados, recibieron residentes de la zona aledaña al Río Grande la noticia de una propuesta de ley que criminaliza la construcción de túneles subterráneos entre Estados Unidos y México e impone más responsabilidades a los dueños de propiedades que lindan con la frontera.

A la vez que dieron la bienvenida a iniciativas en beneficio a la seguridad del país, consideraron como “duro” y hasta “injusto” sancionar a las personas en cuyas propiedades hayan sido construidos túneles ilegales.

“Por un lado está bien que hagan este tipo de leyes, pero por otro uno qué culpa tiene si de pronto aparece un túnel en el patio de nuestra casa”, expresó Rodolfo Villarreal, quien es propietario de la tienda de abarrotes “La Estrella de Jalisco”, donde enseguida tiene su casa.

El negocio se encuentra en la esquina de las calles Findley y Estrella, a menos de 200 pies de la línea internacional y del marcador 25, donde autoridades de Estados Unidos y México descubrieron en julio del 2010 un “narcotúnel”.

El túnel, de una extensión de 64 metros, fue construido con “tecnología rudimentaria” debajo del lecho encementado del Río Bravo, a escasos metros del puente internacional Córdova-De las Américas, según dieron a conocer las autoridades en ese entonces.

Este corredor ilegal forma parte de los 149 túneles que atraviesan la frontera, los cuales han sido encontrados desde 1990, 139 de ellos fueron encontrados desde el 2001, según lo estipula el proyecto de ley del Acta de Prevención de Túneles Fronterizos. La mayoría de éstos se encuentran en Arizona y California. La pieza de ley HR 4119, auspiciada por el congresista paseño Silvestre Reyes, fue aprobada el martes en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes. Ahora pasará al pleno de la Cámara Baja para su votación.

La medida planea frenar la construcción de túneles a través de proveer mayores herramientas investigativas y opciones para el proceso judicial de estos crímenes, de acuerdo con un comunicado de la oficina de Reyes.

Entre esas herramientas se utilizaría la intervención telefónica, pero sólo a través de una orden judicial, precisó el portavoz del congresista, José Borjón.

“Se aseguraría esta herramienta de último recurso a que esté disponible para los agentes federales investigando crímenes muy serios relacionados a la actividad ilegal de (la construcción) de túneles fronterizos”, comentó. La propuesta de ley también señala que los propietarios de tierras aledañas a la frontera, también podrían ser sancionados.

La ley actual da una sentencia máxima de 10 años en prisión a quien tenga conocimiento, “o intransigentemente cometa desacato”, sobre la construcción o el uso de un túnel ilegal en las tierras en que dicha persona es propietaria o tiene el control de las mismas.

Además requiere que el Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés) informe anualmente y notifique a los propietarios o inquilinos de tierras que se encuentran a una milla al norte de la frontera, en zonas de “alto riesgo”, sobre las leyes y cómo reportar violaciones a la ley federal del orden público.

Borjón precisó que DHS designaría esas zonas de “alto riesgo” y determinaría la mejor manera de notificar a los propietarios de la ley.

Para Israel Alvarado, propietario del taller de carrocería Alliance Collision Center localizado a unos cuantos pasos del puente Libre, dijo estar de acuerdo con la iniciativa, aunque la consideró como “dura”.

Alvarado manifestó que el problema aquí en El Paso no es tanto la construcción de túneles, porque ya los hay en el sistema de alcantarillado y desagüe que desemboca en el Río Grande (Bravo). “El problema aquí son las alcantarillas”, dijo.

Tanto él como Carmen Rivera, quien vive a una cuadra al oeste del negocio de Alvarado, han sido testigos de inmigrantes indocumentados que salen de las alcantarillas justo al norte de la calle Paisano.

“Hace como un mes salieron muchos indocumentados de allí. Los de la ‘migra’ y la policía andaban corriendo tras de ellos”, dijo Rivera, mientras apuntaba a una alcantarilla en medio de la intersección Cebada y San Antonio.

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México

Recaudación fiscal supera 6 billones de pesos y marca récord en 2025

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El gobierno federal cerró 2025 con una recaudación tributaria histórica de poco más de 6 billones de pesos, informó el Servicio de Administración Tributaria (SAT). La cifra representa un crecimiento real de 4.6 por ciento respecto a 2024, equivalente a un aumento de 487 mil millones de pesos.

De acuerdo con el SAT, los ingresos tributarios superaron lo previsto en la Ley de Ingresos para 2025 y constituyen el mayor incremento anual registrado al menos desde 2019. El organismo, adscrito a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), atribuyó el resultado a una mayor eficiencia recaudatoria y al fortalecimiento de las acciones contra la evasión fiscal.

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró los resultados durante su conferencia matutina y aseguró que el avance se logró “sin aumentar impuestos, solamente por seguir trabajando en contra de la evasión fiscal”. Señaló que el desempeño refleja un mejor control y seguimiento de las obligaciones fiscales.

Para 2026, la mandataria adelantó que su administración buscará recaudar alrededor de 498 mil millones de pesos adicionales respecto al año anterior. Explicó que el esfuerzo se concentrará en dos frentes específicos: el combate a las llamadas “factureras”, empresas fantasma que emiten comprobantes por operaciones inexistentes, y el fortalecimiento de la supervisión en las aduanas. “Son las dos áreas en donde se va a concentrar principalmente el SAT”, puntualizó.

Por su parte, el titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, reiteró que el incremento observado es resultado directo de una mayor eficiencia administrativa y del combate sostenido a la evasión fiscal, sin recurrir a la creación de nuevos gravámenes.

Con estos resultados, la recaudación tributaria consolida su tendencia al alza y se coloca por encima de las estimaciones oficiales, en un contexto de continuidad en la política fiscal enfocada en la fiscalización y el cumplimiento de las obligaciones existentes.

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