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México

Con sentimientos encontrados, reciben aquí propuesta vs narcotúneles

Con sentimientos encontrados, recibieron residentes de la zona aledaña al Río Grande la noticia de una propuesta de ley que criminaliza la construcción de túneles subterráneos entre Estados Unidos y México e impone más responsabilidades a los dueños de propiedades que lindan con la frontera.

A la vez que dieron la bienvenida a iniciativas en beneficio a la seguridad del país, consideraron como “duro” y hasta “injusto” sancionar a las personas en cuyas propiedades hayan sido construidos túneles ilegales.

“Por un lado está bien que hagan este tipo de leyes, pero por otro uno qué culpa tiene si de pronto aparece un túnel en el patio de nuestra casa”, expresó Rodolfo Villarreal, quien es propietario de la tienda de abarrotes “La Estrella de Jalisco”, donde enseguida tiene su casa.

El negocio se encuentra en la esquina de las calles Findley y Estrella, a menos de 200 pies de la línea internacional y del marcador 25, donde autoridades de Estados Unidos y México descubrieron en julio del 2010 un “narcotúnel”.

El túnel, de una extensión de 64 metros, fue construido con “tecnología rudimentaria” debajo del lecho encementado del Río Bravo, a escasos metros del puente internacional Córdova-De las Américas, según dieron a conocer las autoridades en ese entonces.

Este corredor ilegal forma parte de los 149 túneles que atraviesan la frontera, los cuales han sido encontrados desde 1990, 139 de ellos fueron encontrados desde el 2001, según lo estipula el proyecto de ley del Acta de Prevención de Túneles Fronterizos. La mayoría de éstos se encuentran en Arizona y California. La pieza de ley HR 4119, auspiciada por el congresista paseño Silvestre Reyes, fue aprobada el martes en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes. Ahora pasará al pleno de la Cámara Baja para su votación.

La medida planea frenar la construcción de túneles a través de proveer mayores herramientas investigativas y opciones para el proceso judicial de estos crímenes, de acuerdo con un comunicado de la oficina de Reyes.

Entre esas herramientas se utilizaría la intervención telefónica, pero sólo a través de una orden judicial, precisó el portavoz del congresista, José Borjón.

“Se aseguraría esta herramienta de último recurso a que esté disponible para los agentes federales investigando crímenes muy serios relacionados a la actividad ilegal de (la construcción) de túneles fronterizos”, comentó. La propuesta de ley también señala que los propietarios de tierras aledañas a la frontera, también podrían ser sancionados.

La ley actual da una sentencia máxima de 10 años en prisión a quien tenga conocimiento, “o intransigentemente cometa desacato”, sobre la construcción o el uso de un túnel ilegal en las tierras en que dicha persona es propietaria o tiene el control de las mismas.

Además requiere que el Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés) informe anualmente y notifique a los propietarios o inquilinos de tierras que se encuentran a una milla al norte de la frontera, en zonas de “alto riesgo”, sobre las leyes y cómo reportar violaciones a la ley federal del orden público.

Borjón precisó que DHS designaría esas zonas de “alto riesgo” y determinaría la mejor manera de notificar a los propietarios de la ley.

Para Israel Alvarado, propietario del taller de carrocería Alliance Collision Center localizado a unos cuantos pasos del puente Libre, dijo estar de acuerdo con la iniciativa, aunque la consideró como “dura”.

Alvarado manifestó que el problema aquí en El Paso no es tanto la construcción de túneles, porque ya los hay en el sistema de alcantarillado y desagüe que desemboca en el Río Grande (Bravo). “El problema aquí son las alcantarillas”, dijo.

Tanto él como Carmen Rivera, quien vive a una cuadra al oeste del negocio de Alvarado, han sido testigos de inmigrantes indocumentados que salen de las alcantarillas justo al norte de la calle Paisano.

“Hace como un mes salieron muchos indocumentados de allí. Los de la ‘migra’ y la policía andaban corriendo tras de ellos”, dijo Rivera, mientras apuntaba a una alcantarilla en medio de la intersección Cebada y San Antonio.

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México

Senado prohíbe definitivamente las terapias de conversión en México

El pleno Senado de la República aprobó las reformas al Código Penal y a la Ley General de Salud para prohibir y sancionar de forma definitiva y a nivel nacional los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG), también conocidas como terapias de conversión, las cuales han sido consideradas por organismos internacionales como un acto de tortura en contra de la comunidad LGBTQ+, ya que consisten en someter a las víctimas a abusos sexuales, electrochoques y hasta supuestos exorcismos, para que se se identifiquen como personas cisgénero heterosexuales.

Los senadores aprobaron prohibir los ECOSIG en México con 77 votos a favor, cuatro en contra y 15 abstenciones durante una sesión que duró casi 12 horas, a un mes de que fue aprobada en la Cámara de Diputados y a seis años de que se presentó la iniciativa.

“Para prohibir y sancionar las llamadas terapias de conversión, conocidas como ECOSIG, se aprueba reformar, con 77 votos a favor, cuatro en contra y 15 abstenciones, el Código Penal Federal y la Ley General de Salud.

“Los ECOSIG son prácticas que han incentivado la violación de los derechos humanos de la comunidad LGBTTTIQ+.”, escribió en redes sociales el Senado.

Tras la aprobación de las reformas, el Senado envió el documento al Ejecutivo Federal para que se realice el trámite correspondiente y se publiquen en el Diario Oficial de la Federación.

¿Cómo se sancionarán las terapias de conversión en México?

De acuerdo con el Senado, quien realice las denominadas terapias de conversión o ECOSIG podrá ser sancionado con dos a seis años de prisión y una multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que actualmente sería una suma de entre 108 mil y 216 mil pesos.

Las reformas que adicionan un artículo 209 Quintus al Código Penal Federal y un artículo 465 Ter a la Ley General de Salud precisan que dichas sanciones se impondrán a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.

No obstante, la sanción aumentará al doble cuando las conductas tipificadas se realicen en contra de personas menores de 18 años, adultos mayores o personas con alguna discapacidad.

En el proyecto de decreto se establece que bastará la presentación de una denuncia para iniciar la investigación de los hechos que revistan las características del delito al que este precepto se refiere.

¿Los padres de familia podrán ser sancionados?

 

Sí, pero no de la misma forma. En el caso de que sea el padre, madre o tutor de la víctima la persona que incurra en las conductas sancionadas, se les aplicarán las sanciones de amonestación o apercibimiento a consideración del juez.

De igual forma, cuando la persona autora tuviere para con la víctima una relación laboral, docente, doméstica, médica o cualquier otra que implique una subordinación de la víctima; o se valga de la función pública para cometer el delito, también será castigada con destitución e inhabilitación para desempeñar el cargo hasta por un tiempo igual a la pena impuesta.

¿Cómo se sancionará a profesionales de la salud?

 

Subrayó que las personas profesionales, técnicas, auxiliares de las disciplinas para la salud y relacionadas con las prácticas médicas que realicen, impartan, apliquen, obliguen o financien tratamientos, terapias o cualquier tipo de servicios o prácticas quirúrgicas o de otra índole, con el objeto de obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar, anular o suprimir la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona, serán sancionadas de acuerdo con el Código Penal Federal, y suspendidas en el ejercicio profesional, de uno a tres años.

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